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  • Ecologistas en Acción reclama a las Comunidades Autónomas con poblaciones de lobo que cumplan con la orden de protección del lobo y adopten urgentemente medidas para hacerla cumplir, asegurando la conservación de este depredador, fomentando la coexistencia entre el lobo y la ganadería y persiguiendo la caza ilegal

  • La organización ecologista defiende la protección del lobo y las medidas de coexistencia de la especie con el ganado extensivo también en los tribunales, en los que está apoyando activamente la orden de protección del lobo ante los 10 recursos planteados contra la misma

  • La Audiencia Nacional, respaldando las tesis de Ecologistas en Acción, ha desestimado todas las solicitudes de suspensión cautelar de dicha Orden

La orden de protección del lobo (Orden del Ministerio para la Transición Ecológica RED/980/2021 de 20 de septiembre) supuso un gran avance para la conservación de esta especie y de la biodiversidad en general. Si bien las Comunidades Autónomas (CCAA) de Cantabria, Principado de Asturias, Galicia y Castilla y León, y diversas asociaciones ganaderas, la han recurrido ante la Audiencia Nacional, la orden de protección del lobo está plenamente vigente. A pesar de ello, las citadas CCAA continúan “en rebeldía” y no cumplen con la orden. Un ejemplo es Castilla y León: según ha informado Asaja, se están negando a tramitar las correspondientes indemnizaciones a los ganaderos por ataques de lobos, algo que Ecologistas en Acción considera irresponsable. Otro ejemplo, esta vez en Galicia, es la existencia de una red de caza ilegal que envenena lobos, y que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil está investigando en este territorio.

Las CCAA deberían estar trabajando en las consecuencias legales de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), haciendo una evaluación periódica del estado de conservación del lobo, tal y como establece el art 56.3 de la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad. Y, especialmente, deberían adoptar medidas para evitar que se produzcan actuaciones con el propósito de dar muerte, capturar o molestar al lobo, como establece el art. 57.b) de la misma ley.

La obligación de estas CCAA es colaborar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la realización de estudios científicos sobre la situación de la población lobera y sus diferentes grupos reproductores, destinar parte de sus presupuestos autonómicos a apoyar la ganadería extensiva, facilitando ayudas para fomentar la coexistencia del lobo y la ganadería, y pagando con más rapidez los posibles daños que se produzcan por los ataques del lobo al ganado, sin la necesidad de contratar seguros privados. También es necesario perseguir la caza ilegal de lobos y poner en marcha campañas de sensibilización sobre la importancia ecológica de esta especie. Además, Ecologistas en Acción insta a las CCAA a que dejen de bloquear la aprobación de la ‘Estrategia para la convivencia de las actividades en el medio rural con el lobo y su conservación’.

La organización ecologista considera que los recursos presentados contra la orden de protección del lobo, en los que interviene como parte codemandada en apoyo y defensa de su protección legal y asistido por las letradas Laura Díaz Román y Jaime Doreste Hernández, tienen muy escasas posibilidades de éxito. De entrada, todas las solicitudes de suspensión cautelar formuladas están siendo rechazadas por la Audiencia Nacional, quien ha dejado claro que esta orden no produce perjuicios irreversibles y que “debe prevalecer el interés general de conservación de la especie, sobre esos posibles daños económicos [daños al ganado, que son perjuicios reparables económicamente], debiendo ponerse de manifiesto que los propietarios y criadores de animales mantenidos al aire libre, tienen el deber en la medida en que sea necesario y posible, de protegerlo contra los depredadores”.

Ecologistas en Acción considera que, dado que el proceso judicial se presume largo y con pocas esperanzas para las pretensiones de las CCAA, estas deberían estar ya aplicando la normativa vigente en lugar de gastar dinero público con estos estériles procesos judiciales.

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