Para Ecologistas en Acción la PNL aprobada recientemente en las Cortes regionales es un claro ejemplo de la utilización de la caza con fines electorales por parte del Partido Popular que olvida la deficiente regulación y gestión cinegética de la Junta de Castilla y León. Numerosas sentencias judiciales han constatado la ilegalidad de normas cinegéticas dictadas por esta administración. Algunas de estas sentencias cuestionan los estudios de poblaciones que permiten la caza de especies como la codorniz, la tórtola común y el lobo, poniendo en peligro su conservación.
En esta PNL el Partido Popular esgrime argumentos idénticos a los del sector cinegético. Se presenta la caza como elemento de control de poblaciones que reduce los daños a la agricultura o la ganadería, e incluso a los accidentes de tráfico. La realidad es que pese a que el 88 % del territorio de Castilla y León es cinegético, los daños y accidentes siguen aumentando. Esto demuestra que, como es de esperar, el objetivo de la caza es que cada día haya más piezas de caza mayor para aumentar su beneficio económico, y para incrementar su población no dudan en aportar alimento o realizar sueltas.
Un buen ejemplo de los efectos de la actual gestión cinegética son las Reservas Regionales de Caza. Estas zonas, afirman desde Ecologistas en Acción, reciben fuertes inversiones públicas en personal, gestión y recursos, pero son los terrenos en los que más accidentes y daños a la agricultura se producen y también en los que han aparecido epizootias (que se pueden transmitir al ganado doméstico) debido al elevado tamaño y desequilibrio de sexo de las poblaciones.
En cuanto a los beneficios económicos de la caza es importante señalar que, tal y como indica el propio documento al que hace referencia la PNL, no existen datos fiables de los beneficios que genera esta actividad y la mayor parte del dinero que se maneja no dispone de registro contable ni declaración a la hacienda pública. Tampoco existen análisis que tengan en cuenta el dinero público dedicado a esta actividad ni el perjuicio generado en otros sectores. El Grupo Popular no propone que se adopten medidas para conocer con precisión estos datos ni tampoco mecanismos para que la actividad contribuya socialmente con los impuestos y cotizaciones laborales que le correspondan.
Ecologistas en Acción insta a los grupos parlamentarios a iniciar una proposición al gobierno central para que controle las irregularidades económicas y fiscales del sector cinegético, mejore la seguridad en la cacerías, especialmente para los no cazadores y los Agentes de la Autoridad, y asegure que la comisión de infracciones de caza conlleva la retirada de la licencia de armas y licencia de caza a nivel estatal, que son las cuestiones que realmente afectan a la ciudadanía.
