La ALIANZA UPA-COAG considera un atentado a la igualdad de oportunidades el recorte de servicios ferroviarios que quiere imponer el Ministerio de Fomento, y que empezará a afectar a partir del próximo lunes, 3 de junio, en muchas líneas de Castilla y León.

La reducción prevista por el Gobierno central afecta al 30 % de los trenes de media distancia que circulan en nuestra comunidad autónoma, supone la supresión de más de 300 trayectos y afecta a 40.000 personas.  

Ante esta situación, y debido al daño irreparable que se va a cometer contra trabajadores y estudiantes usuarios del medio rural, LA ALIANZA UPA-COAG pide a la Junta de Castilla y León que se implique y evite el cierre de servicios ferroviarios, esta Organización reivindica el derecho constitucional a la movilidad teniendo en cuenta que hay pasajeros que no podrán desplazarse por no contar con medios, y al igual que la sanidad, el empleo o la enseñanza, la movilidad es un derecho básico de las personas. En ningún caso la rentabilidad económica puede ser el único argumento para ir directamente en contra del estado de bienestar, y sí la rentabilidad social, especialmente cuando se trata de un medio de transporte como el tren que sirve para garantizar el propio acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios y educativos.

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