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Desde Ecologistas en Acción, aprovechando que la Covid-19 ha pasado por Valladolid, y con la excusa de la “reactivación productiva”, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha recuperado la iniciativa tumbada dos veces por los tribunales de desregular las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, suprimiendo “de facto” y por Decreto-Ley, desde mañana, el régimen de la licencia de actividad (licencia ambiental) en vigor desde 1961.

Y es que el Decretazo “de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León”, publicado hoy en el BOCyL, se dedica básicamente a desmantelar el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de la Comunidad, en una nueva intentona del Gobierno regional tras el rechazo judicial a la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas y las industrias agroalimentarias, en sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de abril y mayo de 2019.

Mediante esta modificación exprés del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental, la Junta exime de licencia ambiental a todas las explotaciones ganaderas e industrias agroalimentarias no sujetas por la legislación del Estado a autorización ambiental integrada, así como a multitud de actividades susceptibles de ocasionar molestias considerables como la industria textil, la hostelería, las gasolineras y otros servicios, que podrán implantarse e iniciar su actividad con una simple comunicación al Ayuntamiento del término municipal en que se ubiquen, sin información pública, informes previos ni audiencia a los vecinos.

Esto significa que una gran explotación ganadera industrial como la proyectada en Noviercas (Soria), con 20.000 vacas de leche, que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superiores a una ciudad como Soria, podría empezar a funcionar sin información pública ni audiencia a los vecinos. A otra escala cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan hasta que las vean y huelan funcionar.

A partir de la publicación, será también el caso de un matadero, una harinera o una fábrica láctea (salvo que por su gran tamaño deban someterse a autorización ambiental), así como de cualquier industria textil, piscifactoría, estación de servicio, cementerio, tanatorio, hospital, bar, restaurante, hotel, helipuerto, estación de autobuses, depuradora, casino… actividades todas actualmente sujetas a licencia ambiental por las molestias que ocasionan. Todo ello, con independencia de que se instalen en un polígono industrial, en un área residencial o incluso en un piso, como pueda ser el caso de oficinas, pequeños talleres, academias, hospedajes, etc.

Además, el Decretazo autonómico legaliza automáticamente la situación de las explotaciones ganaderas e industrias agroalimentarias ejecutadas al amparo de las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental anuladas judicialmente, y de paso de todas las actividades ilegales con más de diez años en funcionamiento y con alguna licencia de obras.

En opinión de Ecologistas en Acción, se trata de un retroceso que nos lleva hasta 1961, año en que se aprobó el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), legislación estatal básica todavía vigente en las Comunidades Autónomas que carecen de normativa propia en materia de actividades clasificadas. Dicho Reglamento incluyó la información pública, los informes de las Comisiones Provinciales y la audiencia a los vecinos colindantes como trámites previos para la obtención de la licencia municipal.

Ya suprimido en 2014 el informe previo de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente, la desregulación de las licencias ambientales en Castilla y León se completa ahora con la eliminación de la información pública, todo informe previo y la audiencia a los vecinos colindantes, lo que supone para la entidad ecologista una vulneración de la normativa en materia de información y prevención ambiental que hace revivir en Castilla y León el RAMINP, incluida su exigencia de 2.000 metros de distancia mínima a núcleos de población.

Para la organización ambiental, la “barra libre” para las explotaciones ganaderas, y las industrias alimentarias va conllevar un aumento de la conflictividad social, un incremento de la litigiosidad y en definitiva una mayor inseguridad jurídica para promotores y vecinos. La posibilidad de que cualquier actividad textil, hostelera o de servicios se ubique libremente en áreas residenciales o junto a zonas sensibles es sencillamente un disparate en el que la Junta de Castilla y León se vuelve a situar en la vanguardia de la lucha contra el medio ambiente.

En sus sentencias, el TSJCyL ya señaló que “la modificación efectuada afecta al contenido fundamental de la norma con rango de Ley, en cuanto que aspectos nucleares del mismo, como son todos aquellos sometidos al régimen de licencia o autorización, ahora se trasvasan desde el de licencia, más exigente en su régimen jurídico -información pública, informes preceptivos de la comunidad autónoma, etc.-, hacia un mero régimen de comunicación previa, sin que existan garantías equivalentes, como es la necesidad de evaluación ambiental previa”.

Por otro lado, la nueva desregulación autonómica no ha sido objeto de un proceso previo de participación pública, ni ha sido sometida al preceptivo informe del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, vulnerando derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, la información y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Por todos estos motivos, Ecologistas en Acción pide a los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León que rechacen la convalidación del Decretazo autonómico, contrario a los más elementales principios de transparencia administrativa. En última instancia, intentará que sea llevado al Tribunal Constitucional a través de los parlamentarios nacionales, del Defensor del Pueblo o del TSJ de Castilla y León, mediante una cuestión de inconstitucionalidad.

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