La Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT) ha reclamado unidad institucional, respaldo político y una estrategia conjunta frente al planteamiento “restrictivo” que, según denuncian, prepara la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para el próximo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. Así lo trasladaron representantes de la organización durante una reunión mantenida en Toledo con la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, y la directora general del Agua, Montserrat Muro.
El encuentro, celebrado este lunes, sirvió para analizar la situación de las aguas subterráneas en el Alto Guadiana y las consecuencias que podrían derivarse de las nuevas medidas planteadas por la CHG, especialmente para el sector agrario y las comunidades de usuarios de aguas subterráneas de la región.
El presidente de FERGUALT, Ángel Bellón, fue el encargado de exponer ante los responsables regionales las principales preocupaciones de los regantes. Entre ellas destacó la falta de recursos hídricos suficientes para atender las demandas actuales, el retraso acumulado en la tramitación administrativa de expedientes relacionados con el agua y las previsiones del nuevo marco normativo que se prepara para el cuarto ciclo de planificación hidrológica.
Bellón defendió la necesidad de que el Gobierno de Castilla-La Mancha se implique activamente en la defensa de los intereses de los usuarios de aguas subterráneas y, de manera especial, de los agricultores que dependen del regadío para mantener su actividad económica y el empleo en numerosos municipios del territorio.
Desde la Federación consideran que el Alto Guadiana presenta unas características singulares que requieren un tratamiento específico y diferenciado dentro de la política hídrica nacional. Por ello, solicitaron que tanto las administraciones públicas como las organizaciones agrarias y las comunidades de usuarios trabajen de manera coordinada para presentar alegaciones y propuestas conjuntas ante el nuevo esquema de planificación.
Durante la reunión se puso sobre la mesa la necesidad de reforzar la colaboración entre las distintas entidades implicadas en la gestión del agua. Según Bellón, la situación actual exige “unidad y colaboración” para hacer frente a unas medidas que, a juicio de los regantes, podrían tener un fuerte impacto económico y social sobre el territorio.
En este sentido, recordó que las diferentes mesas provinciales de trabajo sobre el agua ya han comenzado a preparar alegaciones al denominado Esquema Provisional de Temas Importantes del cuarto ciclo hidrológico. Dichas alegaciones serán presentadas tanto por las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) como por la propia Federación y la Administración regional.
El presidente de FERGUALT insistió en que el plazo para presentar alegaciones finaliza el próximo 28 de mayo, por lo que considera imprescindible acelerar el trabajo técnico y jurídico para responder al documento planteado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Uno de los asuntos que más preocupa a los regantes es el retraso administrativo en la resolución de expedientes. Bellón denunció que algunos procedimientos acumulan demoras de hasta diez años, una situación que, según indicó, genera inseguridad jurídica y dificulta la planificación de las explotaciones agrícolas.
Desde la Federación consideran que estos retrasos afectan directamente a la viabilidad del sector y reclaman responsabilidades por la lentitud administrativa. Los agricultores denuncian que muchos expedientes relacionados con concesiones, regularizaciones o modificaciones de aprovechamientos permanecen bloqueados durante largos periodos de tiempo, impidiendo inversiones y decisiones estratégicas.
Defender el regadío
FERGUALT también mostró su rechazo al enfoque que, según sostienen, mantiene la CHG para el nuevo periodo de planificación hidrológica. Entre las principales medidas que preocupan a la organización destacan la posible extinción de derechos de agua, la reducción de superficies de regadío y de volúmenes concesionales, así como la pérdida de vigencia del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).
A ello se suma, según denuncian, la intención de limitar determinadas garantías procesales contempladas actualmente en la normativa de aguas. Para la Federación, todas estas propuestas responden a una visión excesivamente restrictiva de la gestión hídrica que no tiene suficientemente en cuenta la realidad social y económica del territorio.
Bellón advirtió de que cualquier reducción drástica de derechos de agua tendría consecuencias “muy graves” para decenas de municipios del Alto Guadiana cuya economía depende en gran medida de la agricultura de regadío. En su opinión, las medidas planteadas podrían traducirse en pérdida de empleo, descenso de la actividad económica y riesgo de despoblación en amplias zonas rurales de Castilla-La Mancha.
El dirigente agrario subrayó que las decisiones sobre planificación hidrológica deben contemplar no solo criterios medioambientales, sino también el impacto socioeconómico de las restricciones. En este sentido, defendió que el regadío constituye un elemento esencial para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y fijar población en el medio rural.
FERGUALT considera además que el Alto Guadiana ha realizado importantes esfuerzos durante las últimas décadas para mejorar la eficiencia en el uso del agua y avanzar hacia modelos de explotación más sostenibles. Por ello, reclaman que esos esfuerzos sean reconocidos en la futura planificación y que no se apliquen medidas homogéneas sin atender a las particularidades de cada territorio.
La Federación insiste en que la solución pasa por el diálogo y por la búsqueda de fórmulas equilibradas que permitan compatibilizar la protección de los acuíferos con la continuidad de la actividad agraria. Los representantes de los regantes defienden que es posible avanzar hacia una gestión sostenible sin poner en riesgo miles de explotaciones agrícolas y el tejido económico asociado.
En el encuentro mantenido en Toledo, los responsables regionales escucharon las demandas trasladadas por los regantes y analizaron el contexto actual de la planificación hidrológica. La reunión se enmarca en una serie de contactos institucionales que la Federación está desarrollando con distintas administraciones y organizaciones para reforzar una posición común ante el nuevo ciclo de planificación.
FERGUALT representa a las principales Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas del Alto Guadiana, entre ellas las de Campo de Montiel, Campo de Calatrava, Consuegra-Villacañas, Mancha Occidental I, Mancha Occidental II y Sierra de Altomira.
La organización agrupa a más de 50.000 aprovechamientos y usuarios vinculados a distintos usos del agua, aunque el principal sigue siendo el agrícola. En total, la superficie de regadío asociada supera las 300.000 hectáreas distribuidas en un ámbito geográfico de aproximadamente 15.500 kilómetros cuadrados.
La Federación sostiene que el peso económico y social del regadío en esta zona hace imprescindible una planificación consensuada y adaptada a las necesidades reales del territorio. Por ello, insisten en que las decisiones que se adopten en los próximos meses marcarán el futuro de miles de agricultores y de numerosas localidades de Castilla-La Mancha.
Con el plazo de alegaciones ya en marcha y el debate sobre el futuro del agua intensificándose, FERGUALT ha dejado claro que mantendrá una posición activa en defensa de los derechos de los usuarios de aguas subterráneas y de un modelo de gestión que permita garantizar tanto la sostenibilidad ambiental como la supervivencia económica del Alto Guadiana.
