Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha publicado un informe demoledor a través de su organización territorial La Unió Llauradora en la Comunidad Valenciana. Según sus estimaciones, la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) dejó tras de sí una pérdida de capacidad productiva superior a las 214.200 toneladas, con un valor económico de 103,6 millones de euros. Esta cifra, subraya la organización, representa el dinero que los productores valencianos han dejado de ingresar en el último año como consecuencia directa del temporal.
Los cultivos más afectados fueron los cítricos, el caqui, la viña, el olivar, los frutos secos, los frutales, las hortalizas y los viveros de flor y planta ornamental, sectores clave para la economía agraria valenciana. En muchos casos, estas producciones no solo sufrieron daños físicos en las plantaciones, sino también pérdidas estructurales que han comprometido su rentabilidad futura.
Recuperación desigual y lenta: un año después, muchas zonas siguen sin infraestructuras básicas
Un año después del devastador episodio meteorológico, la recuperación sigue siendo muy desigual. Unión de Uniones reconoce que algunas explotaciones agrícolas han podido rehacerse parcialmente, gracias a las ayudas iniciales, las intervenciones de Tragsa y el enorme esfuerzo de los propios agricultores, además del apoyo solidario del sector.
Sin embargo, en muchas zonas rurales las infraestructuras agrarias continúan gravemente dañadas o inoperativas. Caminos rurales, acequias, canales de drenaje y sistemas de riego permanecen sin restaurar, lo que impide retomar la actividad normal y, en algunos casos, incluso acceder a las parcelas.
La organización advierte que las ayudas públicas están llegando con excesiva lentitud, y que este retraso está provocando un efecto dominó: los productores que no pueden trabajar a pleno rendimiento pierden ingresos, se endeudan o abandonan temporalmente sus explotaciones.
Las ayudas públicas: un apoyo insuficiente ante la magnitud del desastre
Las primeras ayudas directas de las administraciones públicas y las indemnizaciones de Agroseguro fueron fundamentales para iniciar la reconstrucción del sector, pero insuficientes para compensar la magnitud real de los daños.
El problema, explican desde Unión de Uniones, radica en que la mayoría de las ayudas se han concedido bajo el régimen de “minimis”, lo que limita la cuantía máxima que puede recibir un agricultor o ganadero afectado a 25.000 euros.
Esta cantidad, según el comunicado, es totalmente insuficiente para recuperar una explotación con garantías reales de volver a la plena capacidad productiva, especialmente si se considera el coste de reconstruir infraestructuras, replantar cultivos o reparar maquinaria dañada.
En algunos casos, los costes superan ampliamente los 100.000 euros por explotación, dejando a los productores en una situación de vulnerabilidad extrema. “Con 25.000 euros no se puede reconstruir una explotación que ha perdido todo”, lamenta la organización.
El limbo administrativo: 6 % de las parcelas afectadas, sin ayudas ni resolución
Otro de los problemas denunciados por Unión de Uniones es la situación de alrededor del 6 % de las parcelas afectadas por la DANA, que se encuentran en un auténtico limbo administrativo.
Estas parcelas habrían sido incorporadas por el Gobierno al Dominio Público Hidráulico (DPH), lo que ha generado un conflicto legal para sus propietarios. Los afectados no saben cuándo cobrarán las ayudas ni qué compensación económica les corresponderá por los daños sufridos.
La organización agraria ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que actúe de forma urgente para aclarar la situación jurídica de estos terrenos, garantizando los derechos de sus propietarios y evitando un perjuicio económico irreversible.
En muchos casos, se trata de parcelas con actividad agraria consolidada, algunas incluso con derechos reconocidos en el marco de la PAC (Política Agraria Común) y autorizaciones de riego. Su incorporación al DPH, denuncia la organización, podría generar un impacto económico y jurídico devastador.
Petición de una compensación justa y mantenimiento de los derechos agrarios
Ante este escenario, Unión de Uniones reclama al MITECO una compensación económica justa y completa, que contemple:
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El valor del suelo afectado.
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La pérdida productiva derivada del temporal.
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Los daños ocasionados en infraestructuras y cultivos.
Además, la organización exige mantener los derechos de la PAC y de plantación de viñedo a nombre de los agricultores damnificados, de manera que puedan reactivar su actividad en otras parcelas si fuera necesario.
También solicita preservar los derechos de riego, permitiendo su traslado a terrenos de sustitución y garantizando nuevas autorizaciones equivalentes para los pozos individuales.
Para Unión de Uniones, estas medidas son esenciales para evitar el abandono rural y asegurar la viabilidad futura del sector agrícola valenciano, gravemente afectado por la DANA y por la falta de respuestas rápidas de la administración.
Impacto territorial y económico: el campo valenciano en números
| Cultivo o Sector | Pérdida estimada (toneladas) | Valor económico (€ millones) |
|---|---|---|
| Cítricos | 78.500 | 36,4 |
| Caqui | 42.300 | 21,0 |
| Viña | 29.700 | 12,5 |
| Olivar | 25.400 | 10,3 |
| Frutos secos | 16.800 | 8,2 |
| Frutales y hortalizas | 14.000 | 7,0 |
| Viveros (flor y ornamental) | 7.500 | 4,2 |
| Total estimado | 214.200 | 103,6 |
<small>Fuente: Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos / La Unió Llauradora</small>
Este cuadro refleja la magnitud de las pérdidas en los principales sectores productivos de la Comunitat Valenciana, donde el impacto total supera los 103 millones de euros. La organización alerta de que, si no se adoptan medidas urgentes, la pérdida de tejido agrario y el abandono de tierras podrían ser irreversibles.
Hacia una recuperación sostenible: retos pendientes
Más allá de la reparación inmediata, Unión de Uniones subraya la necesidad de diseñar un plan de recuperación sostenible que combine inversión pública, financiación privada y acompañamiento técnico a los agricultores.
Entre las prioridades señaladas se incluyen:
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Restaurar las infraestructuras básicas agrarias, como caminos y canales de riego.
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Modernizar los sistemas de drenaje y control de avenidas, para minimizar el riesgo de futuras DANAs.
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Facilitar créditos blandos o líneas ICO para la reconstrucción productiva.
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Revisar el régimen de minimis, elevando los límites de ayuda máxima para catástrofes naturales de gran magnitud.
Según la organización, estas acciones son imprescindibles para garantizar la continuidad de miles de explotaciones familiares y evitar el deterioro del medio rural.
Conclusión: una llamada urgente a la acción
El informe de Unión de Uniones constituye una llamada de atención al Gobierno central y a la Generalitat Valenciana. A pesar del tiempo transcurrido desde la DANA, las heridas siguen abiertas en el campo valenciano. Las pérdidas productivas, las trabas administrativas y la falta de ayudas suficientes amenazan con dejar una cicatriz profunda en la agricultura regional.
Sin una intervención decidida, advierten desde la organización, la DANA no solo habrá destruido cosechas, sino también la esperanza de cientos de agricultores y ganaderos que, a día de hoy, siguen luchando por recuperar lo que el temporal les arrebató.
