La fallida propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lidera Elma Saiz, de subir las cuotas de autónomos ha generado una gran polémica a nivel nacional. Representantes de la patronal, pequeños empresarios y buena parte de la población mostraron su rechazo y celebraron con ímpetu la paralización de la medida. También el campo.
A su paso por el programa radiofónico ‘Es El Campo’, el secretario de Organización de ASAJA, Juan José Álvarez, explicó que todo lo que suponga no incrementar los costes de producción “es positivo”.
Cabe recordar que, a nivel nacional, un tercio de los trabajadores del sector primario son autónomos, una cifra aún mayor en comunidades como Castilla y León, donde el porcentaje supera el 60%.
En este sentido, Álvarez planteó la necesidad de que las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) estén presentes en las mesas negociadoras donde se discuten medidas laborales. “Los legisladores hacen normas sin conocer el campo”, aseveró.
A su juicio, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la posible reducción de la jornada laboral —que podría pasar de 40 horas semanales a 37,5— no se ajustan a la realidad agrícola y ganadera y podrían “apretar” aún más a los productores.
En ‘Es El Campo’, el responsable de ASAJA detalló que los costes de producción se han disparado en los últimos años y abogó por que, si se incrementan los gastos laborales, el Gobierno central establezca ayudas compensatorias.
“A mí me encantaría decirle al trabajador: tenga usted 1.853 euros, pero que sepa que le van a descontar más de 800 en impuestos y cotizaciones sociales. Esa es la realidad de los costes laborales”, explicó Álvarez.
Por otro lado, advirtió sobre los riesgos que puede acarrear el fichaje digital obligatorio impuesto por el Gobierno. “Hay muchos sitios en los que todavía no tenemos ni cobertura ni conectividad”, señaló, y añadió que esa medida supondría “un incremento de costes importante” y agravaría la brecha digital que ya existe en el sector.
Nueva polémica con las cuotas de autónomos
Finalmente, Álvarez abogó por establecer “discriminaciones positivas para la gente que vive en el medio rural” y expresó su preocupación ante la incertidumbre y la falta de rentabilidad, que podrían hacer tambalear a agricultores y ganaderos.
Pregunta: En primer lugar, queríamos preguntarle si la reciente noticia de que el Gobierno de España va a congelar las cuotas de autónomos es una buena noticia para el campo.
Respuesta: Es una muy buena noticia para el campo, porque no podemos asumir más subidas laborales, sociales o fiscales. Estamos ahogados por los incrementos de costes de los últimos años. Que las cuotas se mantengan congeladas es positivo, ya que evita la subida que estaba prevista hace unos días.
Pregunta: Se hablaba incluso de aumentos de hasta 1.200 euros en algunos casos. ¿Desde ASAJA verían con buenos ojos una revisión de las cuotas, pero a la baja?
Respuesta: Lo que siempre hemos pedido al Gobierno es que, si se plantean subidas, haya alguna compensación que amortigüe ese incremento constante de los últimos años. Y, en todo caso, que se estudien reducciones de las cuotas.
Parece que esas rebajas no están sobre la mesa, porque la situación económica actual no lo permite. Pero si finalmente hay subidas, hemos solicitado mecanismos de ayuda específicos para agricultores y ganaderos. En los últimos años, por ejemplo, el SMI ha subido alrededor de un 70% en cinco años, una cifra desorbitada.
El ejemplo más claro es este: si a un trabajador se le paga el salario mínimo de 1.184 euros, el coste real para el empleador es de 1.853 euros. A mí me encantaría decirle al trabajador “tenga usted los 1.853 euros”, pero debe saber que más de 800 se van en impuestos y cotizaciones sociales. Esa es la realidad de los costes laborales.
Pregunta: En el sector primario la tributación se realiza a través del sistema de módulos. ¿Tienen alguna reivindicación o propuesta de mejora?
Respuesta: El régimen de módulos lleva más de 30 años aplicándose en el sector agrario y más del 85% de los agricultores españoles tributan bajo este sistema. Es un modelo cómodo porque evita trámites burocráticos complejos, a diferencia de la estimación directa.
Lo que sí hemos pedido son medidas específicas para quienes tributan por estimación directa —ingresos menos gastos—, ya que los costes justificables deberían incrementarse por el fuerte aumento de los gastos de producción en los últimos años.
Pregunta: Según los datos del INE y del Ministerio de Trabajo, aproximadamente un tercio de los agricultores y ganaderos españoles son autónomos, y en Castilla y León la cifra se eleva al 60%. ¿Cree que las organizaciones agrarias deberían estar presentes en las mesas donde se negocian medidas como la subida de las cuotas?
Respuesta: Por supuesto. Todo lo que afecte al campo debe contar con sus representantes en las mesas de diálogo social o cualquier órgano donde se tomen decisiones.
¿Por qué? Porque los legisladores hacen normas sin conocer el campo. Hace poco nos comentaban que un grupo de expertos y catedráticos del Ministerio de Trabajo son quienes plantean las subidas del salario mínimo u otros costes. Si no han pisado el campo en su vida, ¿cómo van a saber qué decisiones tomar? Por eso insistimos: debemos estar presentes en todas las mesas donde se debata sobre nuestros intereses.
Pregunta: En cuanto a las medidas laborales, como la subida del SMI o la reducción de la jornada a 37,5 horas, ¿qué impacto podrían tener en el sector primario?
Respuesta: El primer problema es que ya cuesta encontrar mano de obra en el campo. Si además se reduce la jornada, será todavía más complicado sacar adelante las producciones y mantener las explotaciones.
Por otro lado, esa reducción incrementaría los costes laborales, ya que el salario por hora subiría. Por suerte, ha habido cordura en el Congreso y algunos partidos han rechazado el proyecto de ley, lo que ha obligado al Gobierno a dar marcha atrás por el momento.
Sin embargo, ahora están impulsando nuevas leyes sobre el registro digital de jornada, y eso será muy difícil de aplicar en el campo, donde en muchos lugares no hay cobertura ni conectividad. Implementar esos sistemas supondría un coste adicional muy elevado para las explotaciones.
Lo que necesitamos son discriminaciones positivas para quienes viven y trabajan en el medio rural, y que desde el Gobierno se valore realmente el papel del campo. Porque, si seguimos así, llegará un punto en que no sepamos quién alimentará a la población, y somos nosotros, los agricultores y ganaderos, quienes lo hacemos posible.
