Hay personas que tienen la nobilísima cualidad de sufrir, cual herida en carne propia, cualquier daño que se le causa a un animal. Pero también las hay que parecen no tener claro el rango de sus afectos entre animales y personas, y suelen ponerse siempre del lado de los primeros, por encima incluso de consideraciones a la propia vida humana, deseando y festejando, por ejemplo, la muerte de cazadores o toreros.

Y también están los que defienden que el hombre es sólo un intruso en la naturaleza, y que hay que dejar que la naturaleza se rija por sus propias leyes sin intervención humana. Para éstos, los que sobran en los montes y los campos no son los lobos, jabalíes o ciervos, sino los agricultores y los ganaderos. Si por estas personas fuera, que debemos suponer se alimentan exclusivamente de frutos silvestres, la agricultura y la ganadería estarían prohibidas por perturbar la apacible vida de los animales silvestres. Los activos más beligerantes de esta ideología hace tiempo que dejaron atrás el concepto de ecologismo.

Vaya por delante que somos los primeros en reconocer la labor de los grupos conservacionistas, la mayoría de ellos avalados por años de compromiso con el medio ambiente, que contribuyen con sus estudios y trabajos serios y rigurosos, y mediante sus denuncias y acciones públicas, a concienciar y mejorar la actitud de los ciudadanos ante las problemáticas ambientales, consiguiendo mover a los poderes políticos y económicos para la adopción de legislaciones y prácticas mucho más respetuosas y útiles para conservar nuestro planeta.

Pero en los últimos años estamos viendo como proliferan grupos mucho más radicalizados, que aúllan sus lemas y cuyos aullidos han encontrado eco incluso en los despachos de algunos magistrados, y que han conseguido encontrar la piedra filosofal que convierte en polvo cualquier normativa que ponga en manos de ganaderos y agricultores alguna herramienta, por pequeña y limitada que ésta sea, para defenderse de fauna silvestre o plagas. Así, han conseguido anular, por ejemplo, la orden de quema de rastrojos, el decreto de especies cinegéticas, o la norma que permite cazar lobos al norte del río Duero. Es verdad que son victorias pírricas, porque una normativa invalidada se corrige con otra normativa, pero en el fondo subyace la impresión de que hay un sector del conservacionismo más radical que ha declarado la guerra a todo lo que pueda contribuir a controlar una superpoblación, especialmente de lobos, que amenaza muy seriamente la pervivencia de la ganadería extensiva en amplias zonas de nuestra Comunidad.

Y mientras tanto, sigue sin responderse la pregunta que nuestra organización viene planteando desde hace años: ¿cuántos lobos caben en Castilla y León?

Por Aurelio Pérez Sánchez, Coordinador ALIANZA UPA-COAG en El Diario de Valladolid - El Mundo

 

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