
La Unión Europea (UE) enfrenta una crisis creciente en la seguridad alimentaria derivada del incremento alarmante de alertas por productos hortofrutícolas importados con materias activas no autorizadas. Según el sistema europeo de alertas RASFF, en 2024 se detectaron 892 rechazos, un 45% más que los 613 casos de 2023, lo que subraya la falta de mecanismos de reciprocidad en los estándares de producción y el incumplimiento de las cláusulas espejo que garanticen condiciones justas para los agricultores europeos.
Un aumento preocupante en las alertas sanitarias
El incremento del 45% en las alertas refleja la magnitud de un problema que pone en jaque la seguridad alimentaria en Europa. Los datos oficiales confirman que los productos importados de países como Turquía y Egipto lideran las intercepciones por el uso de pesticidas prohibidos o por exceder los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos en la UE.
Ante esta situación, LA UNIÓ de Llauradors propone incrementar al 50% los controles de identidad y físicos sobre productos importados, especialmente de países con mayor número de intercepciones. Además, la organización plantea que estas medidas se mantengan durante un período mínimo de 12 meses y que se cierre el mercado a productos agrícolas que reincidan en estas prácticas.
La falta de reciprocidad en los estándares de producción
Uno de los principales reclamos de LA UNIÓ es la ausencia de reciprocidad en los estándares de producción. Mientras los agricultores europeos enfrentan estrictas restricciones en el uso de productos fitosanitarios, los países terceros aprovechan ventajas competitivas al usar sustancias activas prohibidas en Europa.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, denuncia que esta situación es insostenible:
“Si determinadas sustancias son malas aquí para los consumidores, también lo son para los productos importados. Las autoridades comunitarias deben garantizar que los productos agrícolas que llegan a los mercados europeos cumplan con los mismos estándares de calidad y seguridad que se nos exige a nosotros.”
Impacto económico en los agricultores europeos
El endurecimiento de las normativas europeas ha supuesto un sobrecoste significativo para los productores locales. Por ejemplo, el control del trips sudafricano ha aumentado en un 40% los costos de producción esta campaña, lo que pone en desventaja a los agricultores europeos frente a las importaciones más baratas que no cumplen con los mismos estándares.
Datos alarmantes en supermercados valencianos
Un estudio reciente de LA UNIÓ evidencia que los supermercados e hipermercados en la Comunitat Valenciana son más tolerantes con los pesticidas en productos importados que otros países europeos. Según las analíticas realizadas:
- El 88% de los cítricos sudafricanos vendidos en España no cumplirían las normas internas de otros países de la UE.
- En lotes de uvas de mesa importadas, procedentes mayoritariamente de países de Mercosur, se detectaron pesticidas como Famaxadona y Bimentrina, prohibidos en la UE.
Estos resultados subrayan la necesidad de controles más estrictos y de garantizar que los estándares europeos se apliquen de forma uniforme en todos los Estados miembro.
Propuestas de LA UNIÓ para combatir la crisis
Ante la gravedad de los datos, LA UNIÓ de Llauradors propone:
- Incrementar los controles físicos y de identidad al 50% para productos procedentes de países con altas tasas de intercepción.
- Cerrar las importaciones de productos agrícolas que registren un incremento del 5% en alertas durante un período de 12 meses.
- Establecer mecanismos efectivos para garantizar la reciprocidad en los estándares de producción.
- Ampliar el uso de las cláusulas espejo, asegurando que las normativas fitosanitarias se apliquen también a los productos importados.
La necesidad de una política coherente en la UE
La falta de coherencia en las políticas comunitarias ha llevado a una situación paradójica: mientras se reducen las materias activas disponibles para los agricultores europeos, se permite la entrada de productos que no cumplen con estas restricciones. Para Carles Peris, esta doble vara de medir no es sostenible:
“Las autoridades comunitarias no pueden seguir haciendo la vista gorda ante esta injusticia que perjudica tanto a los agricultores como a los consumidores europeos.”
Conclusión
El aumento del 45% en las alertas por pesticidas en productos importados durante 2024 no solo pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino que agrava las desigualdades en el sector agrícola. Es imperativo que la Unión Europea tome medidas decisivas para garantizar que los productos importados cumplan los mismos estándares que se exigen a los agricultores europeos, aplicando controles estrictos, promoviendo la reciprocidad y adoptando las cláusulas espejo como una realidad.