«Crisis Láctea: Lo que la Ministra puede y debe hacer» José Manuel de las Heras, Unión de Uniones

Agronews Castilla y León

11 de septiembre de 2015

img 2843 copiar

En las últimas semanas las movilizaciones ganaderas han forzado al Ministerio de Agricultura a interpretar un papel más activo, y esperemos que no solo de postureo, en la crisis[[{«fid»:»22514″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:839,»width»:929,»style»:»width: 250px; height: 226px; border-width: 6px; border-style: solid; margin: 6px; float: right;»,»alt»:»José Manuel de las Heras. Coordinador Estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.»,»title»:»José Manuel de las Heras. Coordinador Estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.»,»class»:»media-element file-media-original»}}]] desatada. La Ministra ha mirado hacia Bruselas y ha intentado impulsar, de momento infructuosamente, un acuerdo de bienquerencia entre las partes. Temo que, por desgracia, ni una cosa ni otra van servir para mejorar los precios de la leche al ganadero; se puede sospechar que lo que busca el Ministerio, con un ojo en las protestas y otro en el calendario electoral, es un balón de oxígeno derivando las responsabilidades a la UE y al propio sector. Sin embargo, para encontrar soluciones directas a la crítica situación del sector lácteo productor español la Ministra no necesita ni de la Comisión Europea, ni de acuerdos estéticos. Le basta con tener más voluntad política de utilizar las herramientas de las que dispone el Gobierno para equilibrar la cadena o crear las que precise para ello.

Es el momento de recordar que hemos llegado a este abismo, en buena parte, por la irresponsable decisión de los Ministros de la UE, y entre ellos el español, de desmantelar los mecanismos de regulación de los mercados y suprimir las cuotas lácteas. Con esto se ha dejado a los productores a merced de los grandes operadores, en buena parte de capital extranjero, más avarientos, que desde una posición dominante del mercado controlan precios, rutas de recogida, volumen y origen de las importaciones y oferta final al consumidor. Puede que esto afecte al conjunto de ganaderos de la UE, pero nuestro hecho diferencial es que, siendo un país deficitario en leche, los precios que perciben los productores españoles están por debajo de los que se pagan en los estados miembros fuertemente excedentarios. Algo falla y algo deben estar haciendo otros Gobiernos que el nuestro no hace.

Las medidas que teóricamente deberían haber equilibrado la cadena se han revelado totalmente ineficaces particularmente en el caso español. La Ley de la Cadena Alimentaria no define la posición de dominio, por lo que resulta imposible sancionar los abusos ejercidos desde la misma. La Agencia de Información y Control Alimentario no dispone de los medios, y el escaso presupuesto con la que se la dota para 2016 es prueba de ello, acordes a la extraordinaria magnitud de su labor en un tejido agroalimentario tan potente como el nuestro. La Interprofesional Láctea, que sin acreditar su representación para hacerlo recauda 1 millón de euros anuales para mejorar el sistema de contratos y dotar al mercado de transparencia, ha resultado inservible desde su constitución. Y, por mucho que el Ministerio quiera descargar responsabilidades en Europa y en las víctimas de la crisis, es imposible que de un mes para otro nazcan organizaciones de productores con capacidad para negociar precios, partiendo de un sector productor atomizado y, en algunos territorios con mucho peso sectorial, aún en proceso de reestructuración.

En pleno conflicto se anuncian actuaciones que, en mi opinión, no contribuirán a mejorar de forma sensible el nivel de precios a los ganaderos. La ampliación de la intervención para almacenar productos lácteos es irracional en mercado deficitario como el español, porque nuestro problema no es que sobre leche, es que no la pagan al precio que deben y, además beneficiará en mayor medida a los industriales que han pagado menos a los ganaderos. Las ayudas de mínimis, que serán sin duda bienvenidas por los ganaderos endeudados y en peor situación de liquidez, acabarán, y la experiencia así permite decirlo, teniendo el efecto perverso de ser descontadas del precio de la leche por la industria. Y los acuerdos que el Ministerio pone sobre la mesa, por su contenido actual, se parecen más ahora mismo a un bálsamo con el que aliviar los escozores de una mala gestión de esta crisis, que acciones eficaces para equilibrar la cadena.

Desde luego que el Ministerio de Agricultura no tiene porqué prescindir del apoyo de los mecanismos comunitarios para cambiar el actual escenario. Es más, si las decisiones adoptadas en la Reforma de la PAC han sido un error y, como se está demostrando, ponen en serio riesgo de desaparición una parte importante de la ganadería de vacuno de leche, es su obligación buscar las alianzas necesarias con otros Estados afectados para revertirlas y corregir las patentes deficiencias de la Organización Común de Mercado… o por lo menos intentarlo. Pero eso no puede ser excusa para adoptar el encogimiento de hombros como posición oficial.

El problema principal y de fondo que el Ministerio tiene que atacar es ordenar y equilibrar la cadena en el sector y para ello el Ministerio, el Gobierno en definitiva, no necesita en este momento ni de Bruselas ni de acuerdos de muy dudosa eficacia.

Teniendo en cuenta que la cadena genera suficiente valor añadido para retribuir adecuadamente a todas las ramas incluida la ganadería sin perjudicar a los consumidores, el Gobierno puede y debe utilizar los instrumentos a su alcance, y dotarse de los que precise, para perseguir y sancionar las prácticas abusivas y los fraudes alimentarios en la composición de los alimentos, en el transporte, en el etiquetado y en las importaciones de productos lácteos, que por cierto llegan a España con precios sospechosamente bajos en relación con los cotizados en sus países de origen. El Ministerio puede y debe excluir de cualquier ayuda pública a las empresas que incumplan la Ley de la Cadena Alimentaria en cuanto a contratos, plazos de pago y venta a pérdidas. El Gobierno puede y debe primar a aquellos industriales y distribuidores que colaboren en “equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (artículo 131 de nuestra Constitución) adoptando Códigos de Buenas Prácticas Comerciales, contratos con precios indexados a costes productivos y canales estables de abastecimiento local. Y el Gobierno puede y debe perseguir fiscalmente los beneficios obtenidos mediante prácticas ilícitas ejercidas desde el abuso de una posición dominante del mercado.

En definitiva, el Gobierno, más allá de reconocer por parte del Presidente Rajoy que hay una situación injusta de precios para el ganadero, puede y debe lanzar una señal clara e inequívoca a los operadores dominantes del mercado de que no va a permitir impunemente el hundimiento de un sector productivo español en beneficio de intereses foráneos. Cosa que todavía no ha hecho.

En esto como en todo hay que optar. Y se puede decidir no importunar a las todopoderosas empresas multinacionales de la leche y de la distribución, invitándoles a hacer faenas de aliño con documentos ligeros frente a los productores; o la administración les puede “enseñar realmente los dientes” como hacen en Francia -aunque a la ministra le cueste reconocerlo-. Pero me temo que para eso se necesita permiso del presidente del gobierno, creer en un modelo productivo y estar dispuesto a ser antipático con los poderosos en un país de puertas giratorias.

Eso es lo que, evidentemente sin renunciar a medidas y acuerdos de sentido común, los ganaderos de la Unión de Uniones le pedimos al Gobierno para que nuestras explotaciones tengan futuro.

José Manuel de las Heras. Coordinador Estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.



Share This