Compromís ha registrado recientemente una moción en la Comisión de Agricultura trasladando la preocupación existente en las industrias agroalimentarias y queseras artesanas por la aplicación de la Directiva 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y ha pedido “un trato diferencial” para estas empresas por sus especiales características.
La moción indica que la autoridad estatal se encuentra en este momento trabajando en su transposición mediante un nuevo real decreto y la propia Directiva ofrece la posibilidad a los Estados miembros de excluir de su ámbito de aplicación a la industria agroalimentaria, algo que los propios afectados consideran imprescindible. El portavoz de Compromís y del Grupo de la Izquierda Confederal, Carles Mulet, ha recordado que “las microempresas agroalimentarias afectadas ya vigilan con rigor y análisis la calidad del agua que consumen”, por lo que reclama en el texto al Gobierno que se implique para garantizar la exclusión de las microempresas agroalimentarias del ámbito de aplicación debido al difícil encaje legal en el sector. “Ello no implicará en ningún caso, que el agua de uso en estas microempresas agroalimentarias deje de controlarse eficaz y permanentemente en el contexto específico de la normativa europea sobre higiene alimentaria, de modo que se garantice la inocuidad de los alimentos que elaboran”, recoge la propuesta.
La coalición valencianista recuerda que son numerosas las empresas agroalimentarias que disponen de su propia fuente de agua y la utilizan para los fines específicos de su actividad empresarial, por lo que deben poder quedar exentos siempre que cumplan las obligaciones correspondientes, en particular en lo que se refiere a los principios de análisis de peligros y puntos de control crítico y medidas correctivas en virtud de la legislación aplicable de la Unión en materia de alimentos. Por otro lado, recuerda que “las microempresas agroalimentarias vienen asumiendo los mismos controles que realizan las empresas abastecedoras de agua para consumo humano de cualquier municipio o ciudad española”. La aplicación y realización de dichos controles y analíticas suponen un desembolso económico muy importante para estas pequeñas producciones, sin que se conozcan incidencias en salud humana por el uso del agua de microempresas agroalimentarias. “Ignorar estas razonables reclamaciones podría poner en jaque el futuro de numerosas empresas, radicadas lejos de los núcleos urbanos y acabar destruyendo empleo o la forma de vida que las caracteriza”, concluye Mulet.
