En una carta recibida en la organización en el marco de la denuncia interpuesta desde ASAJA, el Servicio para la Defensa de la Competencia (SDC) informa de que el Pleno del Tribunal “adoptó el acuerdo de realizar una investigación de oficio en el sector de venta de maquinaria agrícola en Castilla y León, al objeto de comprobar el cumplimiento de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia”.
No obstante, al considerar que la totalidad de las marcas comerciales o distribuidores investigados corresponden a empresas con domicilio social fuera de nuestra Comunidad Autónoma y que los posibles efectos anticompetitivos “se producirían en un ámbito supra autonómico”, el SDC de Castilla y León ha puesto en conocimiento de “todas las diligencias instruidas en esta investigación” a la Dirección de Competencia de la CNMC, “a quien correspondería conocer la presunta infracción”.
De los hechos denunciados por ASAJA e investigados por el SDC, se ha concluido que hay evidencias de las que puede deducirse una limitación de las ventas. Así, tal como se indica en la carta remitida a ASAJA, “un primer análisis de la información recabada por el SDC puso en evidencia, que la totalidad de las marcas comerciales o distribuidores investigados correspondían a empresas con domicilio social fuera de nuestra Comunidad, existiendo, en algunos de los contratos de distribución que suscriben con sus concesionarios, cláusulas que, de su redacción, pudieran deducirse una posible limitación de las ventas pasivas”.
ASAJA considera importante este paso dado desde el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, “puesto que si eleva nuestra denuncia a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es porque hay indicios de que se sustenta sobre hechos reprobables”.
Tal como se indicaba en el informe facilitado en mayo de 2021 por ASAJA al SDC, desde hace años se ha consolidado en las ventas de maquinaria y aperos agrícolas un sistema perverso que impide la competencia y frena los principios de libre circulación de bienes y servicios que marca la legislación. Existe un acuerdo sin luz ni taquígrafos, pero sí de facto, por el que los concesionarios se reparten el territorio de Castilla y León, impidiendo al potencial comprador adquirir cualquier producto en el establecimiento que prefiera y le sea más ventajoso por las condiciones que ofrece. Esta situación, bien conocida y soportada por los agricultores y ganaderos, que acatan una situación injusta por el riesgo a verse desatendidos en el caso de necesitar asistencia técnica posterior.
