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  • COAG Y CERES ven positivo que se siga trabajando para mejorar la Ley de titularidad compartida, aunque consideran los avances insuficientes por la baja implementación de la le
  • Las bases de la ayuda publicada no garantizan que se vayan a compensar al máximo las cuotas de la Seguridad Social

COAG y CERES Castilla y León valoran positivamente que se siga avanzando en la mejora de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que en breve cumple su primera década de existencia pero que, sin embargo, se encuentra a años luz del objetivo que se marcó cuando fue creada, alcanzar las 100.000 explotaciones agrarias de titularidad compartida en el conjunto del estado español.

El Consejo de ministros y ministras del pasado martes 28 de septiembre dio luz verde a una medida cuyo objetivo es incentivar la creación de explotaciones en régimen de titularidad compartida mediante la compensación de los costes de la Seguridad Social de las mujeres incorporadas. Dicha medida sería perfecta si no fuese porque una vez leída la norma nos encontramos con que dichas ayudas tendrán un presupuesto limitado que deberá repartirse entre las explotaciones solicitantes, además de establecerse un tope de ayuda por explotación, lo que significa que en ningún caso se garantiza que dichas cuotas a la Seguridad Social vayan a ser realmente compensadas en su totalidad.

Algunas de las causas por las cuales esta Ley no ha alcanzado su objetivo principal son, entre otras, la enorme burocracia que conlleva para la constitución, mantenimiento y tramitación de ayudas PAC y las pocas ventajas económicas que aporta a la explotación. A su vez, la falta de información y formación sobre titularidad compartida dirigida a las personas posibles beneficiarias, lo que da lugar a desconfianza y malinterpretaciones de la misma, que finalmente acaba derivando en que en el caso de que las mujeres se den de alta en la Seguridad Social, lo hagan como colaboradoras y no como titulares de las explotaciones agrarias.

CERES y COAG consideran necesario abordar un cambio profundo de la Ley en aras de establecer compensaciones económicas mayores y reales, una más eficiente simplificación de carga burocrática, no solo en la constitución sino también en todos los tramites que acompañan al mantenimiento de la misma y a la solicitud de ayudas, principalmente de la PAC y, finalmente, la implantación de un programa formativo e informativo de mayor calado que garantice que la información no llega únicamente a mujeres sino también a los hombres.

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