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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido la suspensión inmediata del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara una sentencia en la que declara ilegal dicho acuerdo, modificado en 2019. El tribunal ha confirmado que este acuerdo viola el derecho internacional, en particular los principios de autodeterminación y el efecto relativo de los tratados, ya que no se obtuvo el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental.
Esta decisión supone un duro golpe para el acuerdo de liberalización comercial de productos agrarios entre la UE y Marruecos, que permitía la extensión de preferencias arancelarias a los productos procedentes del Sáhara Occidental, una región en disputa. No obstante, el Tribunal ha decidido mantener el acuerdo en vigor durante 12 meses adicionales, con el argumento de que su anulación inmediata podría generar «graves consecuencias negativas» para la política exterior de la UE y por razones de «seguridad jurídica».
La COAG ha rechazado con firmeza esta decisión de mantener el acuerdo durante un periodo de gracia de 12 meses y exige su suspensión inmediata. El responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, criticó esta medida y argumentó que los agricultores europeos no han tenido ningún periodo de gracia ante la competencia desleal que las importaciones bajo este acuerdo les han impuesto. “Si la sentencia ha dictaminado que el acuerdo no es legal, la UE no puede cerrar los ojos y mantener 12 meses más en vigor un acuerdo ilegal, sólo para favorecer a determinadas empresas transnacionales, mientras los productores continuamos perdiendo rentabilidad y desapareciendo”, declaró Góngora.
El dirigente de COAG señaló que el impacto de las importaciones de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos bajo este acuerdo ha sido devastador para los productores europeos. La competencia desleal, basada en precios más bajos debido a menores exigencias laborales y medioambientales en Marruecos, ha erosionado los márgenes de los agricultores en España y otros países de la UE. Los productores europeos han tenido que enfrentar las crecientes dificultades económicas sin el apoyo adecuado, mientras que las grandes empresas que se benefician del acuerdo continúan operando sin restricciones.
Además de la demanda de una suspensión inmediata del acuerdo, COAG también ha instado al gobierno español a que se posicione públicamente a favor de los agricultores y ganaderos nacionales. Góngora afirmó que los productores españoles son los más perjudicados por el acuerdo de liberalización comercial con Marruecos, especialmente en el sector de frutas y hortalizas, y que es hora de que el gobierno defienda sus intereses en las instituciones europeas. COAG reclama que España presione en la UE para la anulación total del acuerdo y para eliminar los graves efectos que este ha causado en las producciones locales.
“La liberalización comercial ha beneficiado principalmente a grandes empresas transnacionales que operan en Marruecos, muchas de ellas con capital europeo, mientras que los pequeños agricultores y productores agrarios de España y otros países de la UE han visto cómo sus medios de vida han sido devastados por la competencia desleal. Es imperativo que el gobierno español se alinee con los intereses de los productores agrarios y no con las grandes empresas”, argumentó Góngora.
En paralelo a la decisión sobre el acuerdo comercial, el Tribunal de Justicia de la UE también ha emitido otra sentencia que da la razón a COAG respecto a la vulneración de los derechos de los consumidores europeos en el etiquetado de productos agrícolas procedentes de Marruecos. COAG había denunciado que los productos etiquetados como originarios de Marruecos a menudo procedían realmente del Sáhara Occidental, lo que constituía un fraude al consumidor al no poder discernir claramente el origen real de los productos.
La sentencia del TJUE es categórica al respecto: “la indicación del país de origen que debe figurar en los tomates y los melones de que se trata únicamente podrá designar el Sáhara Occidental, ya que dichos productos se recolectan en ese territorio. En efecto, dicho territorio es distinto del de Marruecos y un territorio aduanero en el sentido del Derecho de la Unión. Cualquier otra indicación podría hacer pensar al consumidor que esos melones y tomates proceden de un lugar distinto del territorio en el que se recolectaron”.
Góngora aplaudió esta decisión, calificándola como un reconocimiento de que “se está produciendo un fraude al consumidor por parte de las empresas que importan producto de Marruecos, que en muchas ocasiones cuentan con capital europeo, y nos están haciendo competencia desleal”. El responsable de COAG también subrayó que la UE debe actuar con rapidez para adoptar medidas que eviten este tipo de prácticas y garantizar que los consumidores puedan identificar claramente el origen de los productos agrícolas que compran.
COAG pide que se coordinen los esfuerzos
COAG ha exigido que la Unión Europea eleve los controles sobre el etiquetado correcto de productos procedentes del Sáhara Occidental y refuerce las inspecciones en los puntos de entrada a la UE para garantizar que los productos importados cumplan con las normativas vigentes. “Este fallo judicial es un paso importante, pero ahora corresponde a la UE y a los gobiernos nacionales implementar las medidas necesarias para que no se siga permitiendo el engaño a los consumidores y la competencia desleal contra los productores europeos”, subrayó Góngora.
La organización también ha resaltado la importancia de que las distintas administraciones comunitarias coordinen sus esfuerzos para garantizar que los productos agrícolas que ingresen en el mercado europeo cumplan con las normas de etiquetado y que se refleje con exactitud su país de origen. COAG ha pedido al Ministerio de Consumo y a las autoridades aduaneras que refuercen sus controles para asegurar que los productos procedentes del Sáhara Occidental se etiqueten correctamente y que los consumidores tengan acceso a información transparente sobre el origen de los productos.
COAG también ha expresado su reconocimiento a la organización campesina francesa Confédération Paysanne, aliada en la Coordinadora Europea Vía Campesina, por su papel en llevar adelante las denuncias sobre las importaciones desleales desde Marruecos y el fraude en el etiquetado de productos. La colaboración entre ambas organizaciones ha sido fundamental para obtener esta victoria legal y proteger los derechos tanto de los consumidores europeos como de los pequeños productores.
“La justicia ha hablado y ha dejado claro que el acuerdo entre la UE y Marruecos no solo es ilegal, sino que también ha permitido prácticas comerciales injustas que perjudican a los agricultores europeos y engañan a los consumidores. Ahora, la UE debe actuar en consecuencia y poner fin a este acuerdo injusto”, concluyó Góngora.
COAG exige la suspensión inmediata del acuerdo comercial entre la UE y Marruecos tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que lo declara ilegal. La organización agraria reclama también que el gobierno español se posicione a favor de los agricultores y ganaderos nacionales, presionando en la UE para la anulación total del acuerdo. Asimismo, COAG celebra la sentencia del TJUE que confirma el fraude en el etiquetado de productos procedentes del Sáhara Occidental y exige medidas inmediatas para corregir estas prácticas desleales que afectan a los productores y consumidores europeos.
