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  • El modelo al que se está fiando el futuro del sector bovino (menos explotaciones, más grandes, más intensificadas, menos ligadas al territorio) es, a todas luces, un modelo poco o nada resiliente

Desde COAG remitieron, el pasado 8 de noviembre de 2021, un documento de alegaciones en respuesta a una primera versión del proyecto de real decreto de ordenación del sector bovino. También enviaron un documento de propuestas concretas el pasado 7 de febrero (complementado con un correo adicional tres días después). Asimismo, el Secretario General y dos miembros más de la Comisión Ejecutiva de COAG asistieron, el 14 de marzo, a una reunión bilateral con el Secretario General de Agricultura y Alimentación.

La posición de la organización agraria acerca de la propuesta de ordenación del sector vacuno sigue basada, principalmente, en aquello que tiene que ver con la cuestión que más preocupa COAG de cara al futuro del sector en España: la capacidad productiva máxima de las explotaciones de ganado bovino.

En COAG aseguran que son conscientes de que las normas de ordenación de los sectores productivos son, a todos los efectos, una hoja de ruta para los mismos en la que se establece cómo se vislumbra el futuro a medio-largo plazo. No deberían ser guías para consolidar, sin más, los cambios sufridos por los sectores por el impacto de las condiciones del mercado y las políticas públicas aplicadas en los últimos años. Teniendo en cuenta el retrato del sector que se desprende de los datos del propio Ministerio (a día de hoy, aproximadamente el 93% de los y las ganaderas con entregas de leche en el Estado español y el 98% de los ganaderos y ganaderas de cebo de terneros y de vaca nodriza tienen explotaciones de menos de 180 UGM). “No podemos entender que el Ministerio opte por la consolidación de hechos consumados, apuntalando el crecimiento de las explotaciones más grandes (que llevan años desplazando a las más pequeñas), y no por la protección del tejido social y productivo del sector”, aseguran en un comunicado de prensa.

Esta apuesta del Ministerio es, si cabe, ahora más sorprendente que en los meses en los que se inició la consulta a la primera versión de real decreto, no solo teniendo en cuenta el contexto de grave crisis generado por la guerra de Ucrania –situación que ha puesto de relieve la enorme dependencia de insumos externos que genera el modelo productivo de alimentos de origen animal de nuestro país (mucho más acusado en los sectores más intensificados) así como las dificultades a las que nos enfrentaremos en los próximos años debido a la situación generalizada de desabastecimiento de petróleo a nivel mundial– sino también habiéndose conocido, en el día de ayer, la propuesta de la Comisión Europea de modificación de la Directiva de Emisiones Industriales que propone monitorizar a todas las explotaciones de vacuno de un tamaño superior a 150 UGM. Apostar por el crecimiento de las explotaciones y por la desvinculación del territorio en el sector bovino nos parece, en este momento y por todo lo anterior, ir contra la propia viabilidad presente y futura del sector.

En cuanto al aspecto medioambiental, y adicionalmente a la reflexión anterior sobre la Directiva de Emisiones Industriales, la postura del Ministerio sigue apoyándose en metodologías que relativizan las emisiones de gases de efecto invernadero, y empujan a una mayor intensificación de las explotaciones ganaderas, mientras ignora el impacto del transporte en la importación de materias primas para alimentación animal (muchas de ellas procedentes de zonas en riesgo de deforestación) y la escasez de recursos a las que este modelo de explotaciones, cada vez más grandes, se enfrentará en un futuro inmediato.

Desde COAG insisten  en la importancia de un replanteamiento del futuro del sector por parte del Ministerio.

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