Agronews Castilla y León

Los ganaderos, que ya están sufriendo un crecimiento considerable de ataques del lobo en sus granjas, a raíz de la prohibición de cazar al depredador por su inclusión en el registro de especies protegidas (LESPRE), se encuentran ahora con que los importes compensatorios que Medio Ambiente les concede por los animales que devora el cánido se retrasan irremisiblemente. Eso si el ataque se ha producido al sur del río Duero, porque si es al norte, ni tienen compensación ni se la espera.

Tras el ataque del lobo a las reses, el titular de la explotación tiene 48 horas para comunicar a la Consejería de Medio Ambiente la incidencia; operarios de este departamento producen un informe que es determinante para conocer la cuantía de la ayuda compensatoria; dentro del siguiente mes se solicita la prestación y hay un plazo de tres meses para que la Administración la resuelva.

COAG ha contactado con varios ganaderos afectados de la zona norte de Salamanca, próxima al pantano de Almendra, para conocer la situación. Un ganadero denunció un ataque en febrero, la resolución la recibió en abril y todavía no ha llegado el dinero. O sea, casi seis meses de espera. Otro ganadero de la misma zona (que también muestra especial empeño en que sus datos no aparezcan) lleva 4 meses esperando la ayuda. Por último, el titular de una explotación en Villaseco de los Reyes, Ángel Arnés, cuya granja los lobos han frecuentado últimamente con inusitada frecuencia, también lleva sufriendo un silencio administrativo de varias semanas tras la evaluación de los daños realizado por los técnicos de Medio Ambiente. La situación contrasta con la operativa administrativa desarrollada en un ataque anterior, cuando la consejería a los 20 días ya se había manifestado.

Hace ya un lustro, la Consejería de Medio Ambiente había logrado reducir el plazo de los pagos compensatorios a 18 días de media, en una horquilla de entre 9 y 26. A estas cifras se llegaba desde los once o doce meses que llegó a demorarse esta ayuda con anterioridad.

Ángel Arnés, que ha sufrido cuatro ataques en los últimos dos años con un saldo de 14 ovejas devoradas, se ha visto obligado a reforzar la vigilancia de la explotación con mastines, que si no evitan los daños al menos los aminoran. El granjero salmantino asegura que “desde la entrada del lobo en el LESPRE, los ataques son más comunes, se ven grupos mayores de lobos y si antes se producían ataques en solitario, ahora abundan los ataques en manadas”.

Además, estos profesionales, quienes ya tienen el miedo metido en el cuerpo por las incursiones del lobo en las granjas, temen ahora los efectos perversos que puedan derivarse del incendio de la Sierra de la Culebra. Se ha creado un escenario insólito que puede derivar hacia cualquier situación. De las especies cinegéticas que servían de alimento del lobo, dado que muchos ejemplares se han abrasado y otros se han desplazado, es evidente que el lobo tiene menos comida ahora. Los ganaderos consideran que no es descabellado pensar que, como consecuencia de ello, puede aumentar la presión en las ganaderías cercanas en la zona quemada.

Los ganaderos añaden una nueva cuenta a su rosario de problemas ocasionados por el lobo, sin que las administraciones, ni nacional ni autonómica, se impliquen en mitigar los destrozos que genera el cánido en sus noches voraces. COAG no para de pedir a ambas administraciones que no dejen solo a los ganaderos.

La titular del MITECO, Teresa Ribera prometió la disposición de una partida de 20 millones de euros para compensar los daños que ocasionara el lobo una vez que el depredador dejara de ser considerado especie cazable. Nadie ha vuelto a saber nada del asunto.

La Junta de Castilla y León tampoco asume su responsabilidad con los profesionales de la ganadería, pues desoye las peticiones de COAG de aplicar al lobo un estatus regulador similar al que ya aplica con las aves protegidas. Por ejemplo, la avutarda en su reserva de Villafáfila. COAG ya solicitó y vuelve a exigir ahora a la Junta que establezca un mecanismo similar al que utiliza con el ave otidiforme. Esto es, que disponga, con carácter retroactivo y de forma transitoria, ayudas específicas por daños en terrenos cinegéticos de su titularidad ocasionados por estas especies no cazables.

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