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  • El incremento de costes que implica triturar la poda (1.500 euros/hectárea) no es asumible para el sector, especialmente con grandes volúmenes (árboles arrancados).

Ante la confusión e incertidumbre generada entre los agricultores y ganaderos por las ambigüedades que recoge la Ley de residuos y suelos para una economía circular, (publicada el pasado 7 de abril de 2022), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha solicitado a los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Transición Ecológica una moratoria de dos años en la aplicación de la nueva normativa sobre quema de los restos vegetales en las explotaciones agrarias.

“Una vez más, ha existido un déficit informativo con el sector agrario desde las autonomías y el gobierno, que empieza a ser muy preocupante en todas las iniciativas políticas relacionadas con medio ambiente y transición ecológica. Se legisla sobre el campo sin consultar previamente a los afectados y eso genera problemas y distorsiones que no se ven desde un despacho”, ha subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.

La Ley de residuos y suelos para una economía circular recoge que “con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, ...” (sic, artículo 27, guión 3).

Por un lado, desde COAG ya se está trabajando con las administraciones regionales y estatales para que los restos vegetales no tengan consideración de “residuos”. “¿Qué es más sostenible desde el punto de vista medioambiental; la trituración y el posterior transporte o la quema a pie de campo y la incorporación de las cenizas al suelo como nutriente?”, ha apostillado el Secretario General de COAG.

Además, desde esta organización se considera que la nueva ley complica en demasía la gestión de las autorizaciones excepcionales por razones de carácter fitosanitario (propagación de plagas) o en entornos silvícolas (para evitar incendios forestales). Por ejemplo, en Cataluña se gestionan unas 120.000 autorizaciones de quemas vegetales al año y si bien, es habitual que los productores trituren parte de la poda para hacer compostaje, este procedimiento no se suele emplear en el caso de grandes volúmenes de restos vegetales, (como el arranque o sustitución de árboles en frutales y olivar) por su alto coste, entre 1.000 y 1.500 €/ha.

Para agilizar la tramitación de las mismas y evitar colapsos administrativos, COAG ha pedido que las solicitudes de excepciones a la norma por cuestiones de sanidad vegetal o riesgos de incendio se puedan gestionar telemáticamente y/o a través de los ayuntamientos.

Asimismo, COAG considera que, en algunos casos, la trituración de los restos de poda para incorporarlas al suelo hace inviables prácticas sostenibles como el mantenimiento de las cubiertas vegetales vivas. En los cultivos emparrados, una vez tomada la decisión de arrancar la plantación, la manera más factible de poder separar el alambre para llevarlo al gestor de residuos es quemar la parte vegetal. Hay que tener en cuenta que hay situaciones donde la accesibilidad de maquinaria para realizar la retirada o trituración de los restos es inviable.

La quema de restos vegetales es, además, una medida sanitaria para evitar la proliferación de posibles enfermedades como los hongos. Las infecciones no se pueden observar a veces a simple vista en el momento de la poda, pero están a la madera, (un ejemplo muy habitual es el oídio a la parte leñosa de la viña). En los cultivos de la huerta permanecen en los restos vegetales, con el peligro que se reproduzcan en futuras plantaciones si no se queman.

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