Zamora se ha convertido en un cuello de botella administrativo que lastra el desarrollo energético y económico del campo zamorano, según ha denunciado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). La organización agraria exige a la Junta de Castilla y León que resuelva de forma urgente los retrasos que sufren las explotaciones agropecuarias en esta provincia para obtener los permisos de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico.
Mientras en otras provincias como Salamanca, Valladolid o León los trámites se resuelven en apenas dos o tres semanas, en Zamora pueden demorarse hasta un año, según fuentes del propio sector fotovoltaico que han trasladado sus quejas a COAG. Esta situación supone una grave amenaza para los agricultores y ganaderos, que ven peligrar las ayudas públicas destinadas al fomento de las energías renovables por no poder cumplir con los plazos exigidos.
Autoconsumo energético: una solución que se frustra en el campo zamorano
Las pequeñas plantas solares que se instalan en explotaciones agrícolas y ganaderas tienen como objetivo reducir los elevados costes energéticos y mejorar la rentabilidad de las fincas. Estas instalaciones, en función de su configuración, necesitan una autorización de explotación (si vierten energía a la red) o un certificado de instalación eléctrica (si no se venden los excedentes).
La competencia para otorgar estas autorizaciones recae en los Servicios Territoriales de Industria de la Junta de Castilla y León, y es aquí donde surge la disparidad. En Zamora, el trámite puede extenderse una media de seis meses, alcanzando en muchos casos los doce meses, frente a los plazos de dos a cuatro semanas habituales en el resto de provincias.
La demora supone perder las subvenciones
El problema no es solo administrativo. El excesivo retraso está impidiendo que los solicitantes puedan acceder a las ayudas económicas a las que tienen derecho, ya que los plazos de resolución no se ajustan a los calendarios oficiales de las convocatorias públicas.
En varias ocasiones, según denuncia COAG, ha tenido que ser la propia Administración la que aplique una interpretación laxa de los plazos para no invalidar las ayudas, lo que pone de relieve la gravedad del problema.
Una situación conocida y prolongada en el tiempo
La organización agraria señala que la situación no es nueva ni desconocida por la Administración. De hecho, la actual consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García Sánchez, conoce de primera mano el problema, ya que en el pasado fue jefa del mismo Servicio Territorial de Industria de Zamora, señalado como origen del colapso.
COAG asegura que el problema es estructural y viene arrastrándose desde hace años, sin que se hayan aplicado soluciones efectivas. A pesar de que otras provincias han optado por externalizar parte del servicio para agilizar los trámites, Zamora no ha seguido ese camino, o lo ha hecho de forma ineficaz, según apuntan expertos consultados.
El sector fotovoltaico elude Zamora
El malestar no es exclusivo de los agricultores y ganaderos. Empresas instaladoras del sector fotovoltaico reconocen abiertamente que evitan operar en Zamora y, cuando es posible, tramitan las solicitudes en provincias vecinas. “Zamora siempre ha sido un problema”, afirma un operador, que denuncia además pérdida de expedientes, falta de atención telefónica y ausencia de explicaciones ante los retrasos.
Consecuencias para el medio rural: una oportunidad perdida
COAG alerta de que esta inacción administrativa atenta directamente contra los esfuerzos por frenar la despoblación rural. En un contexto en el que las explotaciones agrarias afrontan cada vez más dificultades económicas, las instalaciones de autoconsumo representan una oportunidad para abaratar costes, obtener ingresos por la venta de excedentes y contribuir a una transición energética limpia.
Desde la organización agraria consideran “incomprensible” que mientras desde las propias instituciones se promueve el desarrollo rural, se mantengan trabas burocráticas que “ponen la zancadilla” a los proyectos que pueden marcar la diferencia en zonas como Zamora, duramente golpeadas por el envejecimiento y la pérdida de población.
Una llamada a la acción: personal, medios y voluntad política
Para COAG, el origen del problema está en la falta de personal en el Servicio Territorial de Industria de Zamora, aunque consideran que esto no puede ser una excusa eterna. Otras provincias han adoptado medidas de refuerzo, como la contratación de personal externo o la digitalización de procesos, que han reducido significativamente los plazos de tramitación.
Por ello, la organización insta a la Junta de Castilla y León a dotar de medios humanos y técnicos suficientes a este servicio, a establecer procedimientos estandarizados en todas las provincias y a garantizar que el lugar de residencia del solicitante no determine su acceso a las energías renovables ni a las ayudas públicas.
Conclusión: urge una solución para no frenar el futuro energético del campo zamorano
El caso de Zamora refleja cómo una mala gestión administrativa puede lastrar el impulso de la transición energética en el medio rural, afectando tanto a la economía de las explotaciones como a la lucha contra la despoblación. En pleno auge de las energías limpias, los agricultores y ganaderos no pueden permitirse el lujo de esperar un año por un papel, ni las instituciones pueden seguir ignorando un problema que es perfectamente evitable.
Desde COAG insisten en que la solución pasa por voluntad política, reorganización interna y refuerzo de personal, para que los trámites en Zamora estén a la altura de los que ya se están resolviendo con eficacia en otras provincias de Castilla y León.
