La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) defenderá este jueves, 10 de abril, en el nuevo Grupo de Trabajo de la PAC post 2027, constituido en el seno del Consejo Agrario de Castilla y León, una serie de propuestas que tienen como eje central la defensa del profesional del campo y el impulso de una sostenibilidad ambiental que sea inseparable de la justicia social y económica.
Con un discurso claro, COAG afirma que sin rentas dignas no hay sostenibilidad. La organización considera que el futuro del campo español se decide en los precios y los mercados, y no únicamente en la redacción de reglamentos. Por eso, aboga por una Política Agraria Común (PAC) que garantice precios justos que permitan cubrir los costes reales de producción, al tiempo que fije población en el medio rural con niveles de bienestar aceptables.
El nuevo Grupo de Trabajo y el papel de Castilla y León
h2: Un foro para salvaguardar las especificidades del campo castellano y leonés
El Grupo de Trabajo ha sido impulsado por el Consejo Agrario de Castilla y León, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Su misión principal será presentar iniciativas propias de Castilla y León ante el Ministerio de Agricultura, para que sean consideradas en la futura PAC que entrará en vigor tras 2027.
La base del debate será el documento titulado “Visión de Europa para la Agricultura y la Alimentación”, promovido por el nuevo comisario europeo Christophe Hansen, que ha sido bien recibido por las organizaciones agrarias. En este sentido, la comunidad autónoma quiere que las regiones tengan un papel clave en el diseño de la futura PAC, y que se mantenga la estructura actual de fondos agrícolas específicos e independientes dentro del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE.
Las reivindicaciones esenciales de COAG para una PAC justa
Agricultura con agricultores y ganadería con ganaderos
Para COAG, el camino es claro: una política agraria centrada en quienes trabajan directa y personalmente sus explotaciones. No hay lugar, dice, para quienes acaparan ayudas sin desarrollar actividad significativa. De ahí su insistencia en la necesidad de definir con claridad la figura del agricultor activo, con el fin de que los fondos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Entre las prioridades expuestas por COAG en el documento que presentará en este Grupo de Trabajo destacan:
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Garantizar rentas dignas a los profesionales del campo.
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Fijar población rural con condiciones de bienestar.
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Respetar el medio ambiente como base del desarrollo agrícola.
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Reequilibrar la cadena de valor agroalimentaria, exigiendo mayor control sobre los márgenes comerciales.
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Competencia justa con terceros países, aplicando el principio de preferencia comunitaria y evitando las importaciones sin control que no cumplen las normas europeas.
El coste de producir alimentos y el precio que se paga por ellos
El desfase entre costes de producción y precios de mercado
Uno de los principales obstáculos para garantizar la sostenibilidad económica del campo español es la continua subida de los costes de producción. En sectores como el cereal o la ganadería extensiva, los insumos han aumentado más de un 40 % en los últimos cuatro años, según datos de la propia COAG.
En ese contexto, los precios que reciben agricultores y ganaderos no han seguido el mismo ritmo de crecimiento, lo que ha derivado en márgenes negativos en muchas explotaciones. Según el último informe de costes del Ministerio de Agricultura, el costo medio de producir un litro de leche ronda los 0,42 euros, mientras que el precio percibido por el productor en muchas comunidades autónomas no supera los 0,38 euros.
Regulación de los mercados: una asignatura pendiente
Mecanismos eficaces para tiempos de crisis
COAG plantea la necesidad de crear instrumentos de gestión y regulación del mercado agrario que sean eficaces y estén suficientemente dotados económicamente, y que no dependan exclusivamente de las ayudas directas de la PAC.
Durante la pandemia de COVID-19 y la posterior crisis inflacionaria, quedó en evidencia la fragilidad del sistema europeo de gestión agrícola. Sectores enteros como el del vino, el ovino o los hortícolas enfrentaron crisis de precios sin que existiera una red de protección comunitaria suficientemente ágil. Por ello, la organización reclama que se institucionalicen mecanismos de intervención de mercados ante crisis estructurales o coyunturales.
Menos dependencia energética y más transformación digital
Modernización de las explotaciones rurales
COAG destaca como prioridad la reducción de la dependencia energética de las explotaciones. Con el gasóleo agrícola en niveles récord en 2022 y 2023, muchas explotaciones redujeron su actividad o paralizaron inversiones. La organización propone fomentar el uso de energías renovables, como la instalación de paneles solares en explotaciones ganaderas y agrícolas, con apoyos públicos.
Asimismo, pide que se avance en la digitalización del sector primario, especialmente en zonas rurales despobladas, donde muchas explotaciones aún carecen de conectividad estable o acceso a formación tecnológica.
Un nuevo marco normativo para el campo: hacia la Ley de Agricultura Familiar
Modernizar la Ley 19/1995
COAG insiste en que es imprescindible una reforma profunda del marco legal vigente, con la renovación de la Ley 19/1995, que debe adaptarse al nuevo contexto del sector agrario. Esta actualización pasa por desarrollar nuevas figuras como el Estatuto de la Agricultura Social y Profesional, que valore el papel estratégico de los agricultores familiares.
También se apunta al proyecto de Ley de Agricultura Familiar, que actualmente está en elaboración por parte del Ministerio de Agricultura. Esta norma debería, según COAG, incorporar criterios como:
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Dimensión real de la explotación.
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Participación efectiva en los trabajos agrícolas.
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Impacto social y económico en la comunidad rural.
Conclusión: La PAC del futuro no puede construirse sin los profesionales del campo
Para COAG, el rumbo actual de la PAC ha contribuido a una liberalización de los mercados y una pérdida progresiva del modelo profesional del campo. Si no se revierten las actuales dinámicas, advierte la organización, se pondrá en riesgo la producción de alimentos, la biodiversidad agraria, la fijación de población y la cultura rural.
La próxima sesión del Grupo de Trabajo de la PAC post-2027 será la primera de muchas, pero puede marcar un punto de inflexión si las propuestas que se eleven al Ministerio integran de forma clara las demandas de los profesionales del campo.
