COAG denuncia que «una parte importante» de las bodegas están incumpliendo «sistemáticamente» la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria

Agronews Castilla y León

29 de septiembre de 2014

img 3397 copiar

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado, en un comunicado de prensa, que una parte importante de las bodegas vitivinícolas están incumplimiento de forma sistemática la Ley de mejora de la cadena alimentaria en lo concerniente a la formalización de contratos escritos antes de la entrega de la uva y el cumplimiento de los plazos de pago. Esta situación se ha trasladado a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente encargado de velar por el cumplimiento de la nueva normativa.

Esta Organización haa constatado que no se están realizando contratos por escrito que recojan el precio de la uva antes de la entrega. Según la Ley, es obligatorio formalizar contratos por escrito con un productor primario con motivo de la entrega de productos agroalimentarios no transformados, salvo que éstos se abonen al contado. Dichos contratos deberán recoger, entre otras cuestiones, el precio de la uva, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los descuentos aplicables. El precio podrá tener una cuantía fija y una cuantía variable que se determinará en función de factores objetivos y verificables, abonándose a partir de su determinación.

Además, desde COAG se apostilla quela propia la Ley diceque la uva de vinificación es un producto de alimentación fresco y perecedero por lo los aplazamientos de pago de la misma no podrán exceder de 30 días a partir de la fecha de la entrega de la mercancía, situación que también se está incumpliendo de forma generalizada y no sólo en el sector vitivinícola.

Las sanciones por no formalizar ningún tipo de contrato escrito o no incluir los requisitos que como mínimo debe contener se elevan hasta los 3.000 euros. En el supuesto caso del incumplimiento de los plazos de pago la cuantía se podría elevar hasta los 100.000 euros. La reincidencia por la comisión de dos o más infracciones graves en el plazo dos años contados desde la sanción por resolución firme podría disparar la sanción hasta el millón de euros.



Share This