Miles de agricultores andaluces continúan sin poder cerrar sus solicitudes de la Política Agraria Común (PAC) 2026 en un contexto marcado por retrasos, incertidumbre y dificultades técnicas derivadas de las condiciones climáticas de los últimos meses. La organización COAG Andalucía ha mostrado su rechazo frontal a la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de no ampliar el plazo de presentación de la Solicitud Única, una medida que consideran imprescindible para garantizar que todos los profesionales del campo puedan acceder a estas ayudas en igualdad de condiciones.
La polémica surge después de que la organización agraria solicitara formalmente, a través de su estructura estatal, una prórroga del plazo ordinario hasta el 31 de mayo, junto con la posibilidad de presentar solicitudes sin penalización hasta el 15 de junio. Esta petición se fundamentaba en las circunstancias excepcionales que han afectado al campo andaluz, especialmente las intensas lluvias registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, que han alterado de forma significativa los calendarios agrícolas.
Sin embargo, el Ministerio ha rechazado esta solicitud alegando que el ritmo actual de tramitación no justifica una ampliación. Según los datos oficiales, en Andalucía ya se ha registrado el 66% de las solicitudes en comparación con la campaña anterior, y si se analiza por periodos semanales, se alcanza el 93% respecto al mismo momento del año pasado. Para la Administración, estas cifras indican que el proceso avanza con normalidad.
Desde COAG Andalucía, no obstante, consideran que esta lectura de los datos es incompleta y no refleja la realidad del campo. El secretario general de la organización, Juan Luis Ávila, ha explicado que los expedientes ya presentados corresponden, en su mayoría, a explotaciones más simples o con menor nivel de incertidumbre productiva. “La gente que tiene cultivos permanentes o explotaciones con menos complejidad ha podido presentar la PAC con mayor normalidad, pero los agricultores que aún no han podido cerrar sus solicitudes son precisamente quienes tienen más dificultades”, señala.
Según Ávila, los mayores problemas se concentran en las explotaciones de regadío y en los cultivos herbáceos, donde la planificación agronómica depende en gran medida de factores que aún no están claros. “Todavía existen muchas dudas sobre el plan de siembra, sobre qué se va a poder sembrar finalmente y sobre cómo encajar toda esa planificación en la solicitud”, añade. Esta incertidumbre, insiste, impide que muchos agricultores puedan completar correctamente los trámites dentro de los plazos actuales.
Las lluvias persistentes han tenido un impacto directo en el desarrollo de la campaña agrícola. En numerosas zonas, el acceso a las parcelas se ha visto dificultado durante semanas, lo que ha retrasado labores esenciales como la preparación del terreno o la siembra. Además, se han registrado pérdidas de cultivos ya implantados, lo que obliga a replantear decisiones productivas sobre la marcha.
PAC
A esta situación se suma la sobrecarga administrativa que están soportando tanto los agricultores como las entidades colaboradoras encargadas de tramitar las solicitudes. En paralelo a la PAC, los servicios técnicos han tenido que gestionar ayudas extraordinarias aprobadas tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno central para paliar los efectos de las borrascas. Este volumen adicional de trabajo ha reducido considerablemente la capacidad de gestión en un momento clave de la campaña.
Desde COAG Andalucía advierten de que, pese a los datos ofrecidos por el Ministerio, la campaña está lejos de cerrarse. De hecho, estiman que aún queda por registrar al menos el 50% de las solicitudes en la comunidad autónoma, lo que evidencia que una parte muy significativa del sector sigue necesitando más tiempo para completar los trámites con garantías.
La organización también recuerda que la Junta de Andalucía ya ha agotado su margen de maniobra en este ámbito, fijando el plazo actual en el 15 de mayo. A partir de esa fecha, cualquier ampliación depende exclusivamente del Ministerio, que es el único organismo con capacidad para modificar el calendario a nivel nacional.
Uno de los argumentos clave de COAG Andalucía es la existencia de precedentes recientes que avalan su petición. En 2023, el propio Ministerio aprobó una ampliación extraordinaria del plazo de la PAC en el marco de un paquete de medidas destinado a hacer frente a la sequía. En aquel momento, el periodo de presentación se extendió hasta el 30 de junio sin penalización, pese a que inicialmente no estaba prevista ninguna prórroga.
Una situación similar se produjo en 2024, cuando también se introdujeron medidas de flexibilización que permitieron ampliar el plazo hasta el 31 de mayo y aceptar solicitudes sin penalización hasta el 15 de junio. Para la organización agraria, estos precedentes demuestran que la Administración dispone de herramientas suficientes para adaptarse a contextos excepcionales.
“Lo que pedimos no es un privilegio, sino una medida de sentido común”, insiste Juan Luis Ávila. En su opinión, basar la decisión únicamente en el porcentaje de solicitudes registradas es un enfoque erróneo, ya que deja fuera a quienes más dificultades tienen. “Precisamente los expedientes que faltan son los más complejos y los que más problemas están teniendo para cerrarse”, recalca.
El temor del sector es que, si no se amplían los plazos, muchos agricultores y ganaderos queden fuera del sistema de ayudas por causas ajenas a su voluntad. La PAC representa una parte fundamental de los ingresos de numerosas explotaciones, por lo que cualquier incidencia en su tramitación puede tener consecuencias económicas significativas.
En este contexto, COAG Andalucía hace un llamamiento al Ministerio para que reconsidere su postura y adopte una decisión que tenga en cuenta la realidad del campo. La organización insiste en que la flexibilidad es clave en un año marcado por la inestabilidad climática y la acumulación de dificultades.
Mientras tanto, el calendario sigue avanzando y la presión sobre agricultores, técnicos y entidades colaboradoras aumenta a medida que se acerca la fecha límite. El sector agrario andaluz se enfrenta así a una carrera contrarreloj en la que no solo está en juego la correcta tramitación de las ayudas, sino también la viabilidad de muchas explotaciones que dependen de ellas.
La resolución de este conflicto marcará, en buena medida, el desarrollo de la campaña agrícola en Andalucía y la capacidad del sistema para adaptarse a situaciones excepcionales. Por ahora, la incertidumbre sigue siendo la principal constante en un campo que reclama respuestas urgentes y medidas ajustadas a su realidad.
