En este 2025, desde COAG Burgos ven con preocupación la crítica situación que afecta al sector agrario. Pese a los reiterados esfuerzos para trasladar los manifiestos y demandas del sector a la Subdelegación del Gobierno en Burgos y a la Junta de Castilla y León, el silencio administrativo sigue siendo la norma. La falta de respuesta a documentos debidamente registrados refleja una desconexión alarmante entre las administraciones y el sector primario, aseguran desde la OPA en un reciente comunicado de prensa.
Medidas insuficientes y problemas estructurales
Las 43 medidas anunciadas: más prórrogas que soluciones
De las 43 medidas prometidas por el Gobierno para el sector agrario, la gran mayoría se han limitado a prórrogas de iniciativas previas. Muchas de estas permanecen sin resolución efectiva. Por ejemplo, el polémico cuaderno digital, cuya obligatoriedad está prevista para septiembre de 2026, sigue generando rechazo unánime. Esta herramienta, lejos de aportar soluciones, añade una carga burocrática innecesaria para agricultores y ganaderos ya sobrecargados.
El incumplimiento de las cláusulas espejo y el impacto del acuerdo Mercosur
El compromiso del ministro con las cláusulas espejo —una medida clave para garantizar la competitividad frente a productos importados que no cumplen con las estrictas normativas europeas— sigue sin materializarse. En lugar de ello, el reciente acuerdo de Mercosur ha generado, aseveran desde COAG Burgos, un rechazo masivo en todo el sector primario europeo. Este pacto permitirá la entrada de carne y cereales provenientes de Sudamérica sin garantías de calidad ni seguridad alimentaria, imponiendo una competencia desleal a los agricultores y ganaderos europeos.
Ley de la Cadena Alimentaria: una promesa incumplida
La Ley de la Cadena Alimentaria, diseñada para evitar que los productores operen a pérdidas, sigue siendo inoperante. Años después de su promulgación, su aplicación sigue sin ser una realidad palpable para quienes dependen de ella.
El Pacto Verde y su impacto en la agricultura
El Pacto Verde Europeo, particularmente la estrategia “De la granja a la mesa”, añade una capa más de dificultad. La propuesta de reducir en un 50 % el uso de fitosanitarios y fertilizantes amenaza con disminuir drásticamente la productividad agrícola, avisan desde COAG. En un contexto ya de por sí complicado por los crecientes costos de producción y las dificultades climáticas, esta estrategia supone un golpe directo a la rentabilidad de las explotaciones.
Amenaza de los fondos de inversión en energías renovables
Otro frente abierto es la presión de los fondos de inversión en energías renovables. La instalación de parques fotovoltaicos y aerogeneradores, consideradas de interés público, permite la expropiación forzosa de terrenos agrícolas y ganaderos. La permisividad del Gobierno con estas inversiones pone en riesgo no solo la viabilidad económica de las explotaciones, sino también el equilibrio de los paisajes rurales.
Movilizaciones y nuevas alianzas estratégicas
Frente a este panorama desolador, COAG Burgos anuncia nuevas movilizaciones. Los detalles serán comunicados próximamente, afirman, pero el objetivo es claro: exigir rentabilidad y respeto para las explotaciones agrarias. Además, se ha iniciado un proceso de negociación con la Unidad de Acción surgida del Pacto de Mazuelo y las plataformas de consumidores, reconociendo que esta problemática afecta tanto a los productores como a los consumidores finales de los alimentos que estos producen en los campos y granajs.
Conclusión: un llamado a la acción urgente
Desde COAG Burgos, reiteran, en este nuevo comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación, la exigencia de soluciones reales y efectivas para un sector que constituye la base de la economía rural y la seguridad alimentaria. “Es imprescindible que las administraciones se alineen con las necesidades del sector, implementando políticas que garanticen la sostenibilidad y la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas” concluyen en la nota.
