Agronews Castilla y León

 

  • Estas ayudas se otorgan de manera específica a agricultores y ganaderos profesionales, los que perciben más de la mitad de sus ingresos de la actividad agraria y que cotizan en la Seguridad Social Agraria
  • También es muy positiva la ampliación de la excepcionalidad que permite utilizar sistemas de plato o abanico para distribuir purines, aunque se exigirá a quienes no hayan adaptado los equipos un compromiso de que los adaptarán en este año
  • Adaptar el presupuesto PAC al nuevo marco financiero 2021/2027, supondrá una rebaja de aproximadamente el 2 por ciento del importe global de las ayudas

COAG CASTILLA Y LEÓN, que a lo largo de todo el periodo 2014/2020 ha venido solicitando reiteradamente esta medida, valora muy positivamente que por fin la Junta haya convocado la ayuda a zonas con dificultades naturales distintas de las de montaña en Castilla y León, para las que se prevé destinar del orden de 16 millones de euros. Recordemos que estas ayudas son de las pocas que se dirigen de manera exclusiva a los agricultores y ganaderos profesionales, es decir, los que perciben más de la mitad de sus ingresos totales de la actividad agraria, y que en consecuencia cotizan en alguno de los regímenes de la Seguridad Social Agraria. Es por tanto ésta una ayuda enteramente dirigida hacia el modelo social y profesional que COAG defiende y representa.

Esta es sin duda una de las novedades más destacadas de la próxima campaña PAC, cuyo periodo de solicitud comenzará el próximo lunes 1 de febrero y se extenderá hasta el 30 de abril.

También es muy positiva la ampliación por un año más de la excepcionalidad que permite la utilización de sistemas de plato o abanico para la distribución de purines. No obstante, como criterio adicional para cumplir con la excepción en 2021, se exigirá a los agricultores que aún no hayan adaptado los equipos un justificante o compromiso de adaptación en este año.

Finalizado el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014/2020, en el que se establecía la financiación de la PAC hasta la pasada campaña y al no tener aún acuerdo para la nueva PAC (que comenzará a aplicarse en 2023), la UE estableció el mes pasado un Reglamento transitorio que posibilita la percepción de las ayudas PAC durante las campañas 2021 y 2022. Esta transitoriedad ha exigido que el ministerio de agricultura aprobase esta misma semana un Real Decreto para adaptar el presupuesto de las ayudas PAC al nuevo MFP 2021/2027, y que supondrá una rebaja de aproximadamente el 2 por ciento del importe global de las ayudas.

Además, el ministerio ha aprobado la aplicación de una convergencia de los importes unitarios del pago básico de cada perceptor para acercarlos a los de la media de cada región productiva, lo que va a suponer reducción para aquellos perceptores que tengan valores de los derechos más altos e incrementos a los que los tengan más bajos. A este respecto, COAG reitera su posición contraria a la aplicación de una convergencia obligatoria de los derechos de pago básico en las campañas 2021 y 2022.  Esta organización es partidaria de esperar a poner en marcha esta convergencia al año 2023, coincidiendo con la aplicación de la Reforma de la PAC a través del Plan Estratégico Nacional. Nuestra organización siempre ha apostado por una convergencia progresiva en el marco del nuevo Plan Estratégico Nacional de la reforma PAC en España, manteniendo los derechos individuales de una forma equilibrada dentro de cada región agronómica y a lo largo de todo el período PAC con el objetivo de evitar desajustes y distorsiones entre agricultores, sectores y regiones.

COAG ha trasladado este posicionamiento al Ministerio de Agricultura de forma reiterada, aunque lamentablemente no se ha tenido en cuenta. El Gobierno no ha considerado el impacto que estas decisiones tienen sobre la renta de explotaciones profesionales con pequeña base territorial.  Pérdida de renta que es muy significativa en ciertas explotaciones ganaderas y de regadío. En ningún caso, el citado Real Decreto responde a criterios redistributivos de carácter social. Ajusta el valor de los derechos pero no el montante de ayudas.

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