La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)de Andalucía ha reclamado hoy, 7 de abril, en rueda de prensa en Sevilla un paquete de medidas de apoyo para los productores de frutas y hortalizas ante las graves dificultades que están atravesando.
Andrés Góngora, responsable nacional de este sector en la citada organización agraria, ha explicado que ese apoyo podría articularse a través de las ayudas de Estado o mediante ayudas de minimis, con fondos estales y autonómicos, consistiendo en:
- Refinanciación de la deuda que, a día de hoy, tienen contraída los productores tanto de carácter hipotecario, por la adquisición y mejora de sus explotaciones, como por sus necesidades de circulante de las últimas campañas. Se trataría de una moratoria de dos años para los vencimientos de capital e intereses de dichos créditos, así como para los nuevos intereses generados con cargo integro a las ayudas de estado o minimis.
- Puesta en marcha de nuevos créditos (ICO) destinados a proporcionar liquidez a las explotaciones para poder hacer frente a la nueva campaña agrícola. Dichos créditos podrían alcanzar un principal máximo de 75.000€ por beneficiario con un periodo de amortización de cinco años, incluyendo un año inicial de carencia. La bonificación de los intereses recaería en las ayudas de estado o minimis.
La difícil situación que atraviesan las frutas y hortalizas tiene su origen en causas diversas, que abarcan tanto variables meteorológicas como otras de carácter político o económico como, por ejemplo, el embargo ruso sobre la exportación de productos agrícolas de la UE, la competencia planteada por las importaciones incontroladas procedentes de terceros países o por el aumento de la producción y mayor coincidencia de calendarios de producción con otros países competidores de la UE, o las consecuencias del veto de Rusia a determinados productos hortofrutícolas de Turquía.
El pasado 14 de marzo la Comisión Europea, en el marco del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, reconoció la situación de crisis de rentabilidad que padece el sector de las frutas y hortalizas europeas y anunció que dará su plena consideración a una aceptación temporal en el incremento del límite máximo de las ayudas estatales de los Estados miembro hasta un valor de 15.000 € por agricultor y año, eliminando además el límite máximo nacional para este tipo de ayudas.
