Azucarera, propiedad del grupo británico Associated British Foods (ABF), ha anunciado el cierre definitivo de la fábrica de La Bañeza (León) y el cese de la molturación de remolacha en su planta de Miranda de Ebro (Burgos). La decisión viene acompañada de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 251 trabajadores, marcando un nuevo capítulo de crisis en la industria agroalimentaria nacional.
La medida ha sido justificada por la empresa debido a varios factores: el aumento de costes de producción, la bajada de los precios del azúcar —derivada de los acuerdos preferenciales con Ucrania en el marco de la Unión Europea—, y la pérdida de superficie sembrada de remolacha. Sin embargo, desde el campo, y en particular desde la COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), se denuncia que estas causas esconden una estrategia deliberada de desmantelamiento del sector remolachero.
“Crónica de una muerte anunciada”: la visión de COAG
Desde COAG Castilla y León, se califica esta situación como la consecuencia directa de la “suicida política empresarial” de ABF, que desde su llegada a la dirección de Azucarera, dinamitó los acuerdos interprofesionales (AMI) que durante años habían servido como base de entendimiento entre agricultores e industria.
“Azucarera fulminó los acuerdos para hacer y deshacer a su antojo, sin la molesta participación de las organizaciones agrarias”, denuncia COAG.
La empresa habría impuesto un modelo de “cultivo compartido” que, lejos de traer estabilidad, provocó resultados agronómicos desastrosos y un sistema de pago basado en el precio internacional del azúcar solo cuando bajaba, perjudicando sistemáticamente a los productores remolacheros.
Pérdida de un cultivo estratégico para la agricultura de regadío
La desaparición de estas fábricas no solo afecta al empleo directo, sino también al futuro del campo. La remolacha azucarera, considerada un cultivo estratégico para las rotaciones de regadío, se ve desplazada sin alternativas claras para los agricultores. Esto limita las opciones de siembra y golpea la viabilidad económica de muchas explotaciones.
Además, existen numerosos agricultores que se acogieron a ayudas agroambientales con compromisos a cinco años para mantener el cultivo. Ahora se encuentran en una encrucijada, especialmente aquellos que no puedan ser absorbidos por ACOR o que tengan que entregar en la planta de Toro, con mayores costes logísticos que podrían hacer inviable su actividad.
Apoyos públicos sin garantías: un problema estructural
El cierre de las plantas deja en evidencia la falta de contraprestaciones reales por parte de la industria cuando recibe apoyos institucionales. A pesar de las gestiones de las organizaciones agrarias para movilizar recursos públicos destinados a mantener la remolacha, estos esfuerzos resultan inútiles si no se exigen compromisos firmes a las empresas beneficiarias.
“No se puede permitir que los desembolsos económicos a costa del bolsillo de todos acaben yéndose a saco roto”, advierte COAG.
Petición de reindustrialización con arraigo rural
Ante este panorama, COAG Castilla y León exige a Azucarera y a las administraciones públicas la elaboración urgente de un plan de reindustrialización vinculado a la agroindustria, especialmente en las comarcas afectadas de La Bañeza y Miranda de Ebro.
Este plan no solo debe recuperar empleo industrial, sino también asegurar una actividad agraria viable que mantenga la población en el medio rural. Es indispensable que la transición industrial se conecte con el territorio, potenciando proyectos que garanticen valor añadido en origen y sostenibilidad socioeconómica.
Conclusión: cuando las decisiones empresariales rebasan el interés colectivo
La decisión de cerrar Azucarera en La Bañeza y detener su actividad en Miranda de Ebro pone en jaque no solo a más de 250 familias, sino al tejido rural e industrial de Castilla y León. Lo que algunos ven como una decisión empresarial, otros lo viven como una traición a décadas de cooperación interprofesional.
COAG lo resume con claridad: sin industria, sin cultivo y sin compromiso, el medio rural pierde un motor clave de actividad y fijación de población. Es urgente que las administraciones tomen cartas en el asunto y obliguen a las industrias a corresponder los apoyos públicos con responsabilidades concretas, especialmente en territorios tan vulnerables como los que hoy ven cerrarse las puertas de su Azucarera.
