
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) , organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico , ha realizado este 20 de diciembre de 2024 una nueva acción en defensa de los recursos hídricos. En esta ocasión, se ha procedido al recinto de ocho pozos ilegales en la finca Aljobar, ubicada en el municipio de Aznalcázar , Sevilla.
Esta medida llega tras una inspección efectuada el 11 de noviembre por técnicos de la CHG junto al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en la que se detectan graves irregularidades en el uso del agua . Las captaciones no solo cuidan de los controles volumétricos requeridos por la legislación, sino que presentaban fugas significativas que derivaban en desperdicio de recursos hídricos .
Antecedentes del caso y situación legal
El conflicto en la finca Aljobar comenzó en octubre de 2023 , cuando la CHG realizó el primer recinto de estos pozos ilegales, acción que se llevó a cabo tras una orden judicial. Sin embargo, en mayo de 2024 , el juez permitió levantar los precintos al considerar que la empresa Eurotécnica Agraria , responsable de la explotación de la finca, había iniciado el proceso para solicitar la legalización de los ocho pozos .
A pesar de este trámite administrativo, no se autorizó el uso de las captaciones durante el período de evaluación. Sin embargo, la inspección de noviembre reveló que los pozos se encontraban en pleno funcionamiento, agravando la situación con un uso irresponsable del recurso.
El impacto del riego ilegal en Aznalcázar
Los ocho pozos en cuestión, junto con dos captaciones que sí cuentan con autorización, se destinaban al riego de 153 hectáreas de naranjos en la finca. Este tipo de prácticas irregulares no solo infringe la normativa vigente, sino que también afecta al equilibrio hídrico de la cuenca , particularmente en un contexto de sequía prolongada en el sur de España.
El desperdicio detectado en las conducciones refuerza la necesidad de establecer medidas estrictas para evitar que estas prácticas pongan en peligro los recursos para otros usuarios y ecosistemas que dependen de la cuenca del Guadalquivir.
Decisión judicial y respuesta de la CHG
Tras remitir el informe técnico correspondiente al juez ya la fiscalía, el pasado 10 de diciembre de 2024 , el Juzgado emitió un auto autorizando la intervención cautelar . La resolución judicial, además de permitir el acceso a la finca, dejó claro que el procedimiento sancionador iniciado en 2023 debía continuar sin restricciones.
En respuesta, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir inició la intervención con rapidez, ejecutando este 20 de diciembre el cierre definitivo de los pozos. La acción forma parte de un esfuerzo mayor por parte de la CHG para combatir el uso ilegal del agua en toda la cuenca, una problemática que afecta tanto a los agricultores legales como a la sostenibilidad del medio ambiente.
Medidas adoptadas y futuras acciones
El recinto de los pozos ilegales no es el único paso en este proceso. La CHG también ha señalado que comenzará evaluando las solicitudes de legalización, garantizando que cumplan con los requisitos técnicos y ambientales. Asimismo, se mantienen multas y sanciones sobre Eurotécnica Agraria, que podrían alcanzar cantidades significativas debido a la gravedad de las infracciones.
Este tipo de medidas tienen como objetivo no solo restaurar la legalidad, sino también disuadir a otras explotaciones de recurrir al uso no autorizado del agua. La vigilancia y control por parte del SEPRONA y la CHG se intensificarán en toda la cuenca, especialmente en un momento crítico para los recursos hídricos en Andalucía.
La importancia de la gestión sostenible del agua
El caso de la finca Aljobar destaca la importancia de una gestión eficiente y sostenible del agua en la agricultura. En regiones como Andalucía, donde la sequía ha reducido los caudales de los principales ríos, el cumplimiento de las normativas no es solo una cuestión legal, sino una necesidad imperante para garantizar la supervivencia de las comunidades agrícolas.
La CHG, en coordinación con otras instituciones, ha reforzado en los últimos años sus acciones para combatir los pozos ilegales , una problemática que afecta gravemente a la cuenca del Guadalquivir. Según datos oficiales, en 2023 se identificaron más de 1.200 captaciones no autorizadas en esta cuenca, de las cuales cerca del 60 % se encontraban en explotaciones agrícolas .
Conclusión: Un paso más hacia la sostenibilidad
El cierre de los pozos ilegales en la finca Aljobar es un ejemplo emblemático de la lucha por preservar los recursos hídricos . Si bien las sanciones y precintos son pasos necesarios, el desafío a largo plazo radica en educar, regular y fomentar prácticas agrícolas sostenibles .
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir continuará liderando estas acciones, apoyada por herramientas legales y el respaldo de la sociedad, para garantizar que el agua siga siendo un recurso al alcance de todos.