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El sindicato CGT a través de su Coordinadora en la Junta de Castilla y León denuncia que el proyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León supondría una gran merma en la protección medioambiental pública.

El sindicato ha denunciado, a través de un comunicado enviado a todos los procuradores de Castilla y Léon, así como, a todos los grupos políticos, que en este proyecto se produce una modificación sustancial en la redacción y aplicación práctica del anteproyecto en lo que compete a los Agentes de vigilancia e inspección y, aunque la redacción del anteproyecto no presenta variaciones respecto a la actual redacción de la vigente Ley de Caza de Castilla y León referida, en este caso, a “Autoridades competentes”, sí que se modifica sustancialmente la redacción del proyecto posterior pasando este colectivo de empleados públicos a ser considerado únicamente como “auxiliares de la autoridad”.

La citada Coordinadora recalca que, los Celadores de Medio Ambiente, son personal laboral de la Junta de Castilla y León, destacando entre sus funciones, la de denunciar las infracciones cometidas sobre la flora y fauna en terrenos cinegéticos en régimen especial, espacios naturales y aguas continentales de nuestra Comunidad Autónoma.

Por ello, su definición como Agentes de la Autoridad, expresamente recogida además de en la Ley de caza vigente es, por tanto, ESENCIAL a la hora de poder desarrollar su cometido con garantías y seguridad jurídica.

También aclaran que el hecho de ser personal laboral y no funcionario, no es impedimento legal para ostentar dicha consideración, puesto que, tal y como el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente, los principios inspiradores del orden penal son de aplicación al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado.

Por este motivo explican que el Código Penal recoge que se considerará funcionario público a todo el que, por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas, con lo cual, hace extensivo a efectos penales y, por ende, al procedimiento sancionador administrativo la consideración de “funcionario público” a todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas.

CGT insiste en que la labor de los Celadores de Medio Ambientees fundamental en el control del furtivismo dentro de las Reservas Regionales de Caza, para ayudar a proteger la flora y fauna en terrenos cinegéticos, espacios naturales y aguas continentales de nuestra comunidad, lo que hace imprescindible que se mantenga su estatus como Agentes de la Autoridad.

Escrito presentado a Procuradores y Grupos Políticos

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