La Unión Extremadura ha lanzado una dura crítica contra el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, a raíz de unas polémicas declaraciones en las que afirmaba que era «razonable» que los agricultores extremeños que se benefician del agua del Pantano de Alqueva, en Portugal, pagaran un canon al gobierno portugués. Además, Moraleda aseguró que no se modificarían los caudales ecológicos que pasan por la zona extremeña del río Guadiana, a pesar de la sequía que afecta gravemente a los embalses de la región.
Estas declaraciones han provocado un fuerte rechazo en el sector agrario extremeño, que acusa a Moraleda de anteponer los intereses de Portugal a los de los agricultores españoles, especialmente en un momento en el que la sequía ha puesto en jaque la supervivencia de muchas explotaciones. “Es incomprensible que se defienda el pago de un canon por un agua que los extremeños ya hemos cedido previamente, y que se mantengan unos caudales ecológicos que están vaciando nuestros pantanos mientras los portugueses disfrutan de embalses llenos”, denunció Luis Cortés, responsable de prensa de la Unión Extremadura.
Cese del presidente
En las últimas décadas, la relación entre España y Portugal en materia de gestión del agua ha sido fuente de tensiones, especialmente en lo que respecta a la cuenca del Guadiana, un río que atraviesa ambos países. El Pantano de Alqueva, el mayor embalse de Europa occidental, se encuentra en territorio portugués, pero gran parte del agua que lo alimenta proviene de España. Los agricultores extremeños, que dependen de los embalses situados en la cuenca del Guadiana para el riego, se ven ahora en la encrucijada de tener que pagar por un recurso que, según afirman, ya han cedido a Portugal.
En palabras de Antonio Vázquez, agricultor de la comarca de La Serena: “Nos encontramos en una situación absurda. Tenemos los pantanos casi vacíos, algunos por debajo del 20% de su capacidad, y aún así, se nos pide que desembalsemos más agua para que llegue a Alqueva, que está a más del 75%. Y ahora encima nos dicen que tendremos que pagar por esa misma agua. Es una injusticia total”.
El problema no es solo económico. Según Vázquez y otros agricultores de la región, la decisión de no revisar los caudales ecológicos –la cantidad mínima de agua que debe mantenerse en los ríos para preservar los ecosistemas– está agravando la crisis hídrica en Extremadura. «Con el cambio climático, cada vez llueve menos, pero se sigue exigiendo que desembalsemos grandes cantidades de agua que no tenemos. Esto no solo pone en peligro nuestros cultivos, sino que amenaza el propio equilibrio ecológico de la región», explica.
La situación se vuelve aún más crítica si se tiene en cuenta que Extremadura ha sufrido dos graves sequías en los últimos tres años. Durante este periodo, los embalses extremeños han experimentado descensos alarmantes, mientras que el Pantano de Alqueva ha mantenido niveles de almacenamiento relativamente altos, con más de 3.500 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Esta situación ha generado un profundo malestar entre los agricultores y ganaderos extremeños, quienes ven cómo sus tierras se secan mientras que, al otro lado de la frontera, el agua sigue almacenada sin restricciones.
La Unión Extremadura ha sido clara en su denuncia: “Lo que está ocurriendo es un despropósito. No solo hemos tenido que soportar dos años de sequía extrema, con restricciones en el riego y enormes pérdidas económicas para el sector agrario, sino que ahora nos enfrentamos a la posibilidad de que tengamos que pagar por un agua que ya hemos cedido y que, en muchos casos, ni siquiera tenemos”, afirmó Cortés.
Para la organización agraria, la responsabilidad de esta situación recae directamente en la Confederación Hidrográfica del Guadiana y en su presidente, Samuel Moraleda, a quien acusan de ser un “defensor de los intereses portugueses en detrimento de los españoles”. En este sentido, la Unión Extremadura ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el cese inmediato de Moraleda, a quien consideran incapaz de defender los intereses de los agricultores extremeños.
Uno de los puntos más criticados por la Unión Extremadura es la pasividad del gobierno español ante lo que consideran un “saqueo” de los recursos hídricos de la región. Según afirman, mientras que las autoridades portuguesas han sabido proteger los intereses de sus agricultores y garantizar el llenado de sus embalses, las españolas han optado por una política de cesión que está dejando a Extremadura sin agua.
“Es incomprensible que mientras Portugal llena sus pantanos y defiende a sus agricultores, aquí estemos permitiendo que nuestros embalses se vacíen y que nuestros agricultores tengan que pagar por un agua que les pertenece. Es un claro ejemplo de la falta de visión y de liderazgo por parte de nuestras autoridades”, señala Vázquez.
En este sentido, la Unión Extremadura ha solicitado una revisión urgente de los acuerdos bilaterales entre España y Portugal en materia de gestión del agua, especialmente en lo que respecta al caudal ecológico y al uso de los embalses compartidos. Para la organización agraria, es fundamental que se establezcan nuevas reglas que permitan un reparto más justo del agua y que se tenga en cuenta la grave situación de sequía que afecta a Extremadura.
Ante esta situación, la Unión Extremadura ha puesto sobre la mesa una serie de exigencias claras y directas. En primer lugar, reclaman el cese inmediato de Samuel Moraleda como presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, al considerar que sus declaraciones y acciones van en contra de los intereses de los extremeños. En segundo lugar, exigen una revisión de los caudales ecológicos, de manera que se ajusten a la nueva realidad climática y se garantice el agua para los agricultores extremeños antes de permitir que siga fluyendo hacia Portugal.
Asimismo, la organización agraria insta al gobierno español a renegociar los acuerdos con Portugal para asegurar que el uso del agua sea equitativo y que no se obligue a los agricultores extremeños a pagar por un recurso que ya han cedido previamente. Finalmente, piden que se adopten medidas urgentes para mitigar los efectos de la sequía y garantizar el acceso al agua para el riego, incluyendo la inversión en infraestructuras hídricas y tecnologías de ahorro de agua.
La Unión Extremadura ha dejado claro que no cejará en su lucha hasta que se tomen medidas para proteger a los agricultores extremeños y garantizar un uso justo y sostenible del agua en la cuenca del Guadiana. «No podemos seguir permitiendo que se nos trate como ciudadanos de segunda. El agua es un recurso vital, y tenemos derecho a usarla para mantener nuestras tierras y nuestras vidas», concluyó Vázquez.
