Con una cosecha de cereal a punto de comenzar y previsiones históricas de producción en la provincia de Valladolid, ASAJA Valladolid ha alzado la voz para denunciar una situación que consideran injusta e insostenible: los precios del cereal que se están ofreciendo en el mercado no cubren ni siquiera los costes de producción de esta campaña. Ante esta situación, la organización agraria exige el estricto cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Junta de Castilla y León que tomen medidas inmediatas para proteger a los agricultores cerealistas.
ASAJA Valladolid ha advertido de que, pese a las expectativas positivas en cuanto a volumen de cosecha, los precios que se están manejando en el mercado están muy por debajo de los 200 euros por tonelada, una cifra que, según los datos de la organización, no cubre los costes mínimos de producción. En esta campaña, los costes rondan los 800 euros por tonelada, considerando rendimientos medios de 2,8 a 3,2 toneladas por hectárea.
Según ASAJA, vender por debajo de ese umbral es una violación flagrante de la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe expresamente que los productores agrarios reciban un precio inferior al coste efectivo de producción. “Las leyes están para cumplirse”, ha sentenciado la organización, que reclama una vigilancia efectiva y sanciones contundentes a quienes incumplan la normativa.
Uno de los aspectos más dramáticos que ha puesto de relieve ASAJA es que muchos agricultores de cereal de secano se ven obligados a vender parte de su producción «desde la cosechadora», es decir, de manera inmediata, sin capacidad de almacenar o esperar a un mejor precio, para poder afrontar pagos inminentes, como préstamos, suministros o gastos de explotación.
Esta presión económica convierte al agricultor en un eslabón extremadamente débil dentro de la cadena agroalimentaria, sin capacidad real de negociación. Desde la organización se denuncia que, en la práctica, el productor queda totalmente a merced de las condiciones del mercado y de los compradores, lo que resulta inadmisible en un sistema que debería proteger a todos sus integrantes por igual.
La situación crítica del sector cerealista se traduce también en una preocupante reducción de la superficie cultivada. Según datos aportados por ASAJA Valladolid, en la pasada sementera se perdieron más de 300.000 hectáreas dedicadas al cereal en Castilla y León. Una cifra que refleja la pérdida de rentabilidad del cultivo, cada vez más sometido a presiones externas como los bajos precios, los elevados costes de insumos y una climatología impredecible.
“La rentabilidad del cereal de secano está en entredicho, y los datos lo confirman. Muchos agricultores están abandonando este cultivo porque no les salen las cuentas”, denuncian desde ASAJA. Esta reducción de superficie no sólo pone en riesgo la soberanía alimentaria, sino que tiene un efecto negativo sobre la economía rural, ya que el cereal es uno de los motores tradicionales de la actividad agraria en muchas comarcas.
Las importaciones de cereal ucraniano, en el punto de mira
Otro de los factores que, según ASAJA, está afectando gravemente a la estabilidad del mercado es la entrada masiva de cereal ucraniano en territorio español y europeo, en condiciones que consideran desleales. Estas importaciones, calificadas como «tiradas de precio», estarían contribuyendo a una devaluación inmediata de la producción nacional, al inundar el mercado con un producto más barato y sin las mismas exigencias normativas que se aplican a los productores españoles.
“Nos parece bien que Europa apoye al pueblo ucraniano, pero la factura no la pueden pagar los agricultores españoles”, subraya ASAJA. La organización considera que, si bien la solidaridad internacional es importante, debe garantizarse un equilibrio que no penalice injustamente a los productores nacionales, que ya operan en un contexto extremadamente exigente y regulado.
Frente a esta situación, ASAJA Valladolid exige al Ministerio de Agricultura y a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León que refuercen los mecanismos de control e inspección para asegurar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Además, instan a que se establezcan medidas compensatorias, si es necesario, para garantizar un precio mínimo que cubra los costes reales de producción.
La organización también pide que se estudien limitaciones a las importaciones de cereal de terceros países, en especial aquellas que no cumplan con los estándares sanitarios, medioambientales y sociales exigidos en España. “No se puede competir en desigualdad de condiciones”, advierten.
El valor estratégico del cereal y el papel del agricultor
ASAJA recuerda que España es estructuralmente deficitaria en cereal, es decir, no produce suficiente para cubrir su demanda interna. En este contexto, resulta incomprensible que se devalúe la producción nacional en favor de importaciones, cuando el cereal debería considerarse un producto estratégico para la seguridad alimentaria del país.
Además, el cultivo del cereal tiene una importante función social y medioambiental, especialmente en las zonas de secano y en la España vaciada, donde constituye muchas veces la única alternativa viable para el mantenimiento de la actividad agrícola y la fijación de población.
ASAJA Valladolid lanza un mensaje contundente: sin precios justos, no hay futuro para el cereal ni para los agricultores que lo producen. La organización pide un compromiso firme por parte de las administraciones para defender a los productores frente a las presiones del mercado y las desigualdades derivadas de las importaciones.
El cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria no es opcional, insisten, y el respeto a esta norma debe ser la garantía mínima para evitar que los agricultores trabajen a pérdidas. En un momento en que la sociedad exige alimentos de calidad, proximidad y sostenibles, el agricultor necesita que su trabajo sea reconocido, respetado y, sobre todo, remunerado de forma justa.
La cosecha se acerca, y con ella, una nueva prueba de fuego para el sector cerealista. ASAJA Valladolid no bajará la guardia y seguirá exigiendo lo que considera una cuestión de justicia básica: que se pague un precio digno por cada tonelada de cereal que salga del campo.
