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Los aspectos más novedosos y preocupantes de la Comunicación de la Comisión Europea sobre la Reforma de la Política Agraria Común son, en opinión de CCOO de Industria, los relacionados con el principio de subsidiaridad. Camuflado sobre una pretendida simplificación de la PAC, lleva irremisiblemente a la renacionalización. Quizás no sea, en este momento, la pretensión de establecer con carácter inmediato la financiación de las ayudas desde la UE a los Estados, pero abre la espita para que se vaya produciendo.

La elaboración por los Estados de los planes estratégicos y el mayor peso a la hora de elaborar el marco de cumplimiento y control y el régimen de sanciones, supone un inconveniente en opinión de este sindicato. En España se niega sistemáticamente a CCOO la interlocución en materia agraria, tanto en el Estado como en todas las comunidades autónomas. Se genera así un gran déficit en su gobernanza y una escandalosa desatención por parte de las instancias políticas a las necesidades de las personas asalariadas del campo.

La Comisión Europea persevera en la invisibilidad de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Cuando se refiere a la creación de empleo, parece que se orienta al de los autónomos y autónomas.

CCOO nota una absoluta falta de implicación de la PAC con la cadena de valor del sector agrario. El sindicato cree que es connivente con la impunidad de las grandes comercializadores, que terminan siendo las auténticas beneficiadas de la ayudas porque usan su posición dominante para establecer precios por debajo de los costes reales de producción dentro de la cadena. Esta presión acaba aplastando al último eslabón, que es el trabajador y la trabajadora asalariada.

La PAC se financia con los impuestos. La ciudadanía europea no debe nada a los agricultores, aseguran desde el sindicato. El sistema de ayduas se hace así, porque la agricultura es un motor que impulsa beneficios a la sociedad tan importantes como el abastecimiento alimentario, la salubridad, la captura del carbono y la reducción de emisiones a la atmósfera. También combate la desertización, fomenta la cohesión territorial, fija a las personas al territorio y contribuye al desarrollo rural como neutralizador de las grandes concentraciones urbanas. Estos aspectos merecen ese esfuerzo financiero. La PAC tiene sentido si se dirige a esos objetivos.

El debate sobre los pagos directos no se debe centrar solo, aseveran en CCOO, en corregir el desequilibrio del reparto (el 80% de las ayudas van en la actualidad al 20% de los agricultores). También debe impulsar una agricultura más social, donde se precisa mayor cantidad de mano de obra. CCOO recuerda que el mejor impulso que podemos dar al desarrollo rural es la existencia de trabajo estable y de calidad en el sector agrario.

La PAC también contribuiría a la creación de empleo de calidad si refuerza las estructuras asociativas de pequeños y medianos agricultores, sea a través del movimiento cooperativo o de cualquier otra fórmula de asociación donde sea posible generar economías de escala, desarrollar procesos de transformación y de elevar el valor añadido de los productos. Y esto a su vez representa un notable y definitivo impulso al desarrollo rural.

Una PAC que apueste por la economía circular estaría apostando también, recuerda CCOO, por la creación de empleos verdes y por la sostenibilidad. En definitiva, el sindicato cree que situando al empleo en la centralidad del debate surgen consecuencias inmediatas que tienen que ver con las preferencias de quien la financia: la ciudadanía europea.

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