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CCOO de Industria ha trasladado al Comité Económico y Social Europeo (CESE) sus valoraciones del impacto de la PAC en el periodo 2014-2020, y sus propuestas y exigencia para el futuro en el marco de la nueva reforma de la PAC.

Aun siendo positiva la incidencia en el sector agrario español de los recursos recibidos de la PAC, no es menos cierto, en opinión de CCOO de Industria, que el impacto en materia de empleo estable y de calidad deja mucho que desear, sobre todo teniendo en cuenta los altos índices de temporalidad, rotación en el mercado de trabajo agrario y pérdida de población asalariada en el sector agrario, que abandona el sector buscando en otros sectores empleos más estables y mejor remunerados.

Otro aspecto muy criticable de la aplicación de la PAC en España es la injusta distribución de sus ayudas necesarias. CCOO de Industria considera que se debe acabar con los derechos históricos, primando al agricultor genuino, al que trabaja y vive en el campo. Para cualquier tipo de ayuda debe ser condición indispensable el cumplimiento de la normativa laboral, contribuyendo así a la fijación de las personas en el medio rural.

Es necesario un equilibrio del sistema agroalimentario, donde se establezcan precios justos para los agricultores, y salarios y condiciones laborales decentes para las personas trabajadoras asalariadas por cuenta ajena.

Para esta organización, la PAC adolece de una cara más social que contemple el aspecto sociolaboral de las personas asalariadas que trabajan en el sector primario y en la industria alimentaria.  La PAC en España ha invisibilizado la realidad de cerca de 1,5 millones de personas que trabajan en la agricultura y la industria alimentaria.

Por ello, CCOO ha trasladado al CESE de la UE sus propuestas y orientaciones de la futura PAC:

Aunque se ha progresado en el conocimiento de la PAC entre los ciudadanos europeos, sin duda alguna, todavía se necesita una gobernanza más participada e interactiva de todos los grupos sociales que tienen intereses en el desarrollo de esta política estratégica comunitaria. Debemos superar los desajustes que se perciben aún en el marco de la Gobernanza de la PAC, desde el ámbito de la Comisión Europea y de los diferentes Estados miembros.

En España se niega, advierten desde CCOO, a los sindicatos sistemáticamente la interlocución en materia agraria. No solamente en el ámbito del Estado sino también en todas y cada una de las Comunidades Autónomas, lo cual se traduce en la escandalosa desatención de las instancias políticas a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras asalariadas del campo, porque las organizaciones sindicales son las únicos que:

  • Defienden una PAC comprometida con la sostenibilidad, entendida esta como la conjunción en equilibrio de los tres factores que la integran: el económico, el social y el medioambiental. Porque es garantía de empleo y de calidad.
  •  Demandan una PAC comprometida con el desarrollo rural, entendiéndolo como un concepto horizontal que, no siendo específicamente agrario, utiliza la agricultura para generar las riquezas que impulsen un desarrollo rural diverso y sostenible.
  • Reclaman una PAC ligada al empleo y al mantenimiento de activos en el medio rural, para lo cual debe promover de manera definitiva la multifuncionalidad y favorecer los sectores que generan mayores tasas de empleo.
  • Apoyan la revitalización de las zonas rurales, porque constituye, hoy en día, una cuestión de prioridad nacional, que se apoya en el necesario equilibrio territorial para construir un modelo de desarrollo inclusivo, justo y sostenible. Para ello, es esencial el impulso de estrategias de diversificación económica y el desarrollo de todo el potencial económico y de empleo que la transición de un modelo productivo sostenible puede traer.
  • Una dimensión social de la agricultura y la ganadería, prestando mayor atención a las condiciones laborales del cada vez mayor número de empleos agrarios por cuenta ajena, vinculando las ayudas otorgadas al empleo generado, luchando así contra la economía sumergida. El incumplimiento de la normativa laboral debe llevar consigo per se, la pérdida de los derechos de percepción de las ayudas.
  • Una PAC comprometida con la igualdad, que reconozca el papel de la mujer en clara y absoluta igualdad con los hombres, tanto en lo que respecta a la propiedad de las tierras como al derecho al trabajo en igualdad de condiciones y salario. Se ha de fomentar una ambiciosa política de integración de las mujeres y de la igualdad de género en el medio rural.
  •  La actividad agraria debe contribuir a maximizar la generación de bienes públicos, producidos por la agricultura y la ganadería de forma conjunta con los alimentos de naturaleza ambiental y social, que no son reconocidos ni retribuidos por el mercado y que, por resultar de interés general, deben ser objeto de atención por parte de las políticas públicas, en especial de la política agraria.
  • La lucha contra la despoblación, en la que juega un papel determinante el modelo familiar de explotación agraria por su estrecha vinculación al territorio, así como la generación y mantenimiento de empleo agrario, al que también pueden y deben contribuir otros modelos productivos. La oportunidad que representan los flujos migratorios para equilibrar la despoblación de las zonas rurales, ofreciendo una oportunidad de trabajo y de vida para quienes migran por razones de pobreza extrema o riesgo inherentes a los conflictos armados.
  • Se hace necesario incentivar la transparencia ante el consumidor de las condiciones ambientales y sociales a lo largo de la cadena alimentaria. Para ello, es preciso emplear el concepto de trazabilidad, no sólo como garantía de seguridad alimentaria sino como un factor de mayor transparencia ante el consumidor final del modo de producción.

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