• La Alianza UPA-COAG indica que la explotación ganadera de Añover de Tormes contaba con ocho mastines
  • Afectado otro ganadero de Palacios del Arzobispo

La Alianza UPA-COAG denuncia dos nuevos ataques de lobos en las últimas horas en la provincia de Salamanca, concretamente en las localidades de Añover de Tormes y Palacios del Arzobispo.

De momento, indica un comunicado de la Alianza, son 14 ovejas muertas y numerosos abortos los que han sufrido ambas explotaciones, lo que refleja la enorme presión que los ganaderos sufren y que  llevamos denunciando en las últimas semanas, coincidiendo con el fin del verano, en la que los ataques de lobos por todo el territorio regional están multiplicándose y son especialmente virulentos.

La explotación de Añover de Tormes es la segunda vez que sufre una lobada de esta magnitud en los últimos años. A pesar de tener suscrito un seguro privado no va a ver sufragados todos los daños que ha sufrido, puesto que tras la lobada están abortando las ovejas, motivo por el que el ganadero no va a percibir indemnización alguna.   

Se da la circunstancia de que este productor tiene ocho mastines en su explotación ganadera, que solo en alimentarlos le supone 50 euros semanales y por lo tanto 2.500 euros al año. Sin embargo los perros no han servido absolutamente para nada a la hora de evitar el ataque de la manada de lobos.

En este sentido, desde la Alianza exigimos máxima responsabilidad a asociaciones ecologistas, organizaciones agrarias y administraciones que ven en los mastines la solución a un problema que es demasiado grave, y que como ya hemos expuesto en infinidad de ocasiones no se soluciona con propuestas ridículas.   

Por otro lado, recuerda a la Junta de Castilla y León que, a día de hoy, sigue incumpliendo la sentencia firme del Tribunal Supremo del pasado mes de marzo y ganada por nuestra organización agraria, en la que se obliga a la Junta de Castilla y León a indemnizar los daños vía patrimonial al sur del Duero, y por lo tanto también en la provincia de Salamanca.

Tras más de seis meses publicada la mencionada sentencia, la Consejería de Medio Ambiente sigue sin abonar ni un solo expediente de denuncia, por lo que La Alianza   no descarta recurrir a la vía judicial exigiendo que el pago se haga con carácter de urgencia, y no se retrase tanto en el tiempo hasta el punto de dejar absolutamente indefensos a los ganaderos afectados.

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