Agronews Castilla y León

La consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà, atendiendo a las demandas que le hicieron los representantes de UP, JARC y la Asociación de Viticultores del Penedès, de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña y de el Instituto del cava en la cumbre del cava que se hizo el pasado 22 de agosto, ha pedido un mayor compromiso del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luís Planas, en la actual situación del sector del cava.

La DO Cava es una denominación supra autonómica, se puede elaborar en diferentes Comunidades Autónomas, y, aunque el 90% de la superficie de viñedo para cava está localizada en Cataluña, la administración competente es el MAPA. Como explica la consejera Jordán en la carta que ha remitido al ministro Planas, "el Ministerio es el máximo responsable de lo que afecta al sector y debe velar por su presente y su futuro".

Uno de los factores de esta situación compleja del sector es el desequilibrio entre la oferta de uva y vino base y la demanda por parte de las empresas elaboradoras y comercializadoras de Cava. Un desequilibrio que se ha generado también por la entrada de nuevas superficies procedentes de las autorizaciones de nuevas plantaciones y replantaciones por parte del MAPA, que no ha valorado ni ha tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo Regulador del Cava, apoyado por el Departamento de Agricultura. "Un hecho que ha provocado que se pasen de 33.000 hectáreas a 39.000, ampliando así la oferta y favoreciendo la caída de precios", dice la consejera.

Tal y como se comprometió en la cumbre del día 22, en la carta la consejera Jordán traslada al ministro "la necesidad de limitar absolutamente la superficie de viñedo con destino cava, tal como se ha tenido en cuenta en otras DO". Asimismo, con el objetivo de ayudar a la reducción de la capacidad productiva de uva de cara a los próximos años, reclama "flexibilizar los plazos de las autorizaciones a nuevas plantaciones y replantaciones", que actualmente son de un máximo de 5 años (dos campañas de superficie arrancada y 3 años de autorización) y que se amplíe a 8 años, así como de otras medidas que faciliten la reducción de producción.   

La consejera termina la carta pidiendo más firmeza y compromiso por parte del Ministerio para trabajar conjuntamente para conseguir unos precios justos para los productores en beneficio de toda la cadena de producción.

Tags: 

Sección: