El Gobierno de Cataluña intensificará las labores de prevención y control con el objetivo de minimizar los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas. Así lo han anunciado de forma coordinada el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el Departamento de Interior y Seguridad Pública, que han iniciado una línea de trabajo conjunta con las principales organizaciones agrarias del país.
Este nuevo enfoque pretende dar respuesta a una problemática creciente que afecta directamente a la economía del sector primario, compromete la seguridad alimentaria y genera un elevado coste social y económico para los productores.
Reunión estratégica entre Agricultura, Interior y organizaciones agrarias
La reunión celebrada en los Servicios Centrales del Departamento de Agricultura ha contado con la presencia de:
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Cristina Massot, secretaria del Departamento de Agricultura
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Tomás Carrión, secretario del Departamento de Interior
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Representantes de los Mossos d’Esquadra y de los Agentes Rurales
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Portavoces de organizaciones como Unió de Pagesos (UP), JARC, ASAJA, FCAC, el Gremio de la Pagesia, la FCOC y las cofradías agrarias
Este primer encuentro ha sido valorado como “muy positivo” por las partes implicadas y se ha establecido un compromiso común: reforzar la seguridad en el campo y evitar que los productos robados lleguen al mercado.
Medidas concretas para prevenir los delitos en el medio rural
Entre las medidas que se pondrán en marcha de forma inmediata, destacan:
Controles reforzados de transporte de ganado
Se intensificarán los controles de movimientos de ganado no autorizados en las carreteras, especialmente en zonas rurales donde la ganadería extensiva es una actividad económica clave.
? Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se denunciaron más de 1.800 sustracciones de ganado en el conjunto del Estado, lo que representa un incremento del 8,6 % respecto a 2022.
? Solo en Cataluña, se registraron 240 denuncias relacionadas con el hurto de animales, siendo las provincias de Lleida y Girona las más afectadas.
Acompañamiento y simplificación del proceso de denuncia
El Gobierno también ha anunciado la puesta en marcha de un modelo de acompañamiento de proximidad. Este modelo facilitará a los responsables de explotaciones agrícolas y ganaderas el proceso para interponer denuncias en caso de robo.
El objetivo es que los productores no solo denuncien, sino que lo hagan con la mayor cantidad de información posible. Para ello, se prevé:
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Simplificar el trámite de denuncia
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Asesorar sobre qué elementos del robo pueden ser incluidos
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Crear una red de técnicos especializados en la detección de patrones de hurto en explotaciones
Un problema estructural que exige soluciones coordinadas
Impacto económico de los robos en el campo
El coste de los robos para el sector primario no es menor. Según estimaciones de ASAJA, las pérdidas por hurtos de maquinaria, animales y productos agrícolas ascendieron a más de 30 millones de euros en 2023 en todo el país.
En algunos cultivos, como el olivar, la vid o los frutales, los robos coinciden con las épocas de recolección, provocando no solo la pérdida del producto, sino también daños estructurales en las explotaciones.
Además, los hurtos de maquinaria agrícola como tractores, equipos de riego o GPS de guiado automático son cada vez más frecuentes, lo que ha obligado a muchos agricultores a invertir en sistemas de videovigilancia o alarmas rurales, con costes que oscilan entre los 2.000 y 7.000 euros por finca.
La importancia del trabajo conjunto para la seguridad rural
Durante la jornada de trabajo, tanto Cristina Massot como Tomás Carrión subrayaron la necesidad de una cooperación efectiva entre todos los actores implicados: fuerzas de seguridad, administraciones públicas y el propio sector agrícola.
Carrión destacó que “la seguridad en el medio rural no puede abordarse de forma aislada. Necesitamos un modelo de prevención integral, basado en la proximidad, la anticipación y la colaboración continua con los agricultores y ganaderos”.
Massot, por su parte, aseguró que “el compromiso del Departamento de Agricultura es firme para que ni un solo agricultor o ganadero se sienta desprotegido”.
Las organizaciones agrarias valoran positivamente el encuentro
Un primer paso hacia una estrategia estructural
Las organizaciones agrarias presentes en la reunión valoraron de forma positiva esta primera jornada de trabajo interdepartamental, aunque han reclamado que las medidas no se queden en papel y se traduzcan en acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
Desde UP se ha reclamado una mayor presencia policial en zonas rurales y la creación de una unidad especializada en delitos agrarios, similar a las que ya existen en algunas comunidades autónomas.
JARC ha insistido en la necesidad de mejorar la coordinación entre Mossos d’Esquadra, policías locales y Guardia Civil, especialmente en zonas limítrofes entre comarcas, donde los delincuentes aprovechan los vacíos de vigilancia.
ASAJA ha reclamado la creación de un sistema de alerta temprana de robos que permita a los agricultores comunicarse entre sí en tiempo real a través de una app o canal específico.
Perspectivas futuras y compromiso de la Generalitat
Este plan de acción representa un cambio de enfoque en la lucha contra los delitos en el entorno rural. No solo se busca aumentar los controles y la vigilancia, sino también acompañar al sector en los momentos posteriores al delito, ofreciendo apoyo institucional, asesoramiento legal y simplificación administrativa.
En las próximas semanas, se prevé la celebración de nuevas reuniones sectoriales para definir protocolos específicos según cada comarca y tipo de cultivo o explotación ganadera.
Además, el Gobierno ha anunciado que dotará con recursos adicionales a los cuerpos de seguridad rural, incluyendo nuevos vehículos, drones de vigilancia y formación específica para los agentes.
