La Junta de Castilla y León ha dado un nuevo paso en su estrategia de apoyo al medio rural y al sector primario con la aprobación de una inversión cercana a los cinco millones de euros destinada a mejorar de forma directa las condiciones de seguridad y salud laboral en las explotaciones agrarias ubicadas en pequeños municipios. En concreto, el Consejo de Gobierno ha autorizado una partida de 4.470.000 euros que se destinará a financiar actuaciones en centros de trabajo del sector primario situados en localidades de menos de 2.000 habitantes, uno de los ámbitos más sensibles en términos de siniestralidad laboral y despoblación.
La medida, aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el 18 de diciembre de 2025, se articula a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y responde a un doble objetivo. Por un lado, reforzar la seguridad y la salud laboral de los trabajadores del sector agrario; por otro, contribuir al mantenimiento de la actividad económica y el empleo en el medio rural, donde las explotaciones agrarias siguen siendo un pilar fundamental del tejido productivo.
Un sistema de gestión adaptado al territorio
La nota de prensa explica que las ayudas no se gestionarán de forma centralizada, sino que se canalizarán a través de las diputaciones provinciales y del Consejo Comarcal del Bierzo. Estos organismos serán los encargados de convocar y gestionar los fondos, adaptando las bases reguladoras y los procedimientos a las peculiaridades de cada territorio. Este enfoque descentralizado busca una mayor eficacia en la aplicación de las ayudas, teniendo en cuenta las diferencias estructurales, productivas y demográficas que existen entre las distintas provincias de Castilla y León.
Las convocatorias públicas permitirán subvencionar actuaciones relacionadas con la seguridad y la salud laboral que lleven a cabo las empresas del sector agrario, siempre que sus centros de trabajo se encuentren en municipios con una población inferior a los 2.000 habitantes. El ámbito de aplicación es amplio e incluye actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, explotación forestal, pesca, acuicultura y otras actividades vinculadas al sector primario.
Una respuesta a la elevada siniestralidad del sector agrario
La inversión aprobada se justifica, en gran medida, por los datos de siniestralidad laboral registrados en el sector agrario. Según recoge el comunicado, entre enero y septiembre del año en curso se contabilizaron 1.471 accidentes laborales en este sector en Castilla y León. Especialmente preocupante resulta el índice de accidentes graves o mortales, que se sitúa en 0,38 por cada 1.000 trabajadores, una cifra significativamente superior a la media del conjunto de sectores productivos, que alcanza los 0,23 por cada 1.000.
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de actuar de forma específica en el ámbito agrario, donde confluyen factores de riesgo como el uso de maquinaria pesada, el trabajo en solitario, la dispersión geográfica de las explotaciones o el envejecimiento de la población activa. La Junta considera prioritario reducir tanto el número de accidentes como su gravedad, especialmente en entornos rurales donde el acceso a servicios sanitarios puede ser más limitado.
Actuaciones subvencionables con impacto directo en la seguridad
Las ayudas permitirán financiar un conjunto amplio de actuaciones que tienen un impacto directo en la mejora de la seguridad de los trabajadores rurales. Entre ellas se incluye la adquisición o adaptación de maquinaria propia de la actividad agraria, un aspecto clave para reducir accidentes derivados del uso de equipos obsoletos o inadecuados.
También se contempla el acondicionamiento de naves de producción agropecuaria, la mejora de los lugares de almacenamiento y la adecuación de los accesos a las instalaciones, actuaciones que contribuyen a minimizar riesgos asociados a caídas, golpes o atrapamientos. De especial relevancia es la posibilidad de financiar la adquisición e instalación de desfibriladores portátiles semiautomáticos, así como la formación necesaria para su uso, lo que supone un avance significativo en la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias en el medio rural.
Condiciones económicas de las ayudas
Las subvenciones podrán cubrir hasta el 85 % de los gastos subvencionables, con un límite máximo de 30.000 euros por empresa beneficiaria. Este nivel de intensidad de ayuda busca facilitar el acceso a las subvenciones por parte de pequeñas y medianas explotaciones, que a menudo cuentan con recursos limitados para acometer inversiones en materia de seguridad laboral.
En cuanto al calendario, los proyectos subvencionados deberán ejecutarse en un periodo amplio, comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de septiembre de 2028. Este margen temporal permitirá a las empresas planificar adecuadamente las inversiones y adaptarlas a sus ciclos productivos, evitando tensiones financieras y organizativas.
Alineación con la estrategia regional de prevención de riesgos
La medida se enmarca en el VII Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León 2025-2028, concretamente en su objetivo número ocho, centrado en impulsar y desarrollar la seguridad y salud laboral en el ámbito rural. La Junta subraya que el sector agrario tiene un peso especialmente relevante en la economía regional, ya que aporta alrededor del 5,6 % del Producto Interior Bruto de Castilla y León y da empleo a más de 60.000 personas.
Este contexto económico refuerza la importancia de prestar una atención específica a la seguridad y salud laboral en el sector, no solo desde una perspectiva social, sino también económica y territorial. Mejorar las condiciones de trabajo en el medio rural es, además, un elemento clave para fijar población y garantizar el relevo generacional en las explotaciones agrarias.
Distribución territorial de los fondos
La nota de prensa señala que la distribución de la partida económica asignada al programa se ha realizado de forma proporcional al número de explotaciones agrarias existentes en cada ámbito territorial. Esta metodología busca garantizar un reparto equitativo de los fondos, ajustado a la realidad productiva de cada provincia y del Consejo Comarcal del Bierzo. El resultado de este reparto se recoge en un cuadro que se adjunta al acuerdo aprobado y que servirá de base para las convocatorias que lancen las distintas administraciones gestoras.
DISTRIBUCIÓN SUBVENCIONES SEGURIDAD RURAL
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BENEFICIARIO |
IMPORTE (€)
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Diputación de Ávila |
487.000 |
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Diputación de Burgos |
615.000 |
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Diputación de León |
545.000 |
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Diputación de Palencia |
314.000 |
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Diputación de Salamanca |
554.000 |
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Diputación de Segovia |
380.000 |
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Diputación de Soria |
237.000 |
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Diputación de Valladolid |
493.000 |
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Diputación de Zamora |
662.000 |
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Consejo Comarcal del Bierzo |
183.000 |
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TOTAL |
4.470.000 |
En conjunto, la inversión aprobada por la Junta de Castilla y León supone un refuerzo significativo de las políticas públicas orientadas a mejorar la seguridad laboral en el sector agrario, especialmente en los pequeños municipios. Con estas ayudas, el Ejecutivo autonómico pretende avanzar hacia un medio rural más seguro, competitivo y sostenible, donde el desarrollo económico vaya acompañado de mejores condiciones de trabajo para quienes sostienen el sector primario.
