El Gobierno regional publicará mañana viernes, 2 de noviembre, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha las bases reguladoras de una nueva medida que favorecerá que los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha puedan acercar sus productos a los consumidores, desde el medio rural al urbano, de forma más directa, gracias a los canales cortos de distribución; una apuesta del Ejecutivo regional, que se hace efectiva a través la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
De lo que se trata es hacer ver al consumidor que es mejor consumir productos de alguien que está cerca, a irse lejos a buscarlo y para ello, se potenciarán las agrupaciones de productores en las ciudades, lo que conllevará una mayor interacción entre dos de los eslabones de la cadena agroalimentaria, productores y consumidores, que permitirá, además, crear relaciones de confianza y una posibilidad de trazabilidad inmediata de los productos por parte de los destinatarios finales.
En cualquier caso, este modelo, afirman desde el Gobierno de Castilla La Mancha, es compatible con el de la distribución de la industria agroalimentaria que posibilita llegar también a todos los mercados nacionales e internacionales.
Esta medida, que se incluye en el Programa de Desarrollo Rural, estará dotada de un millón de euros y tiene como finalidad coordinar a los agentes de la cadena agroalimentaria en la creación de estas cadenas cortas de comercialización, mercados locales o actividades de promoción local de las cuales se pueden beneficiar desde empresarios del sector agrario o agroalimentario, pasando por asociaciones y organizaciones relacionadas con la producción primaria, hasta las asociaciones de consumidores o asociaciones de comercializadores.
De esta forma serán los propios agricultores y ganaderos los que puedan llevar directamente, o a través de un solo intermediario, sus productos allí donde está el consumidor.
La ayuda que recibirán los beneficiarios de esta medida será en forma de subvención, por medio del reembolso de los costes que se hayan realmente efectuado y estén debidamente justificados, con un máximo de 100.000 euros de ayuda por proyecto.
