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Más de 250 académicos, personalidades y organizaciones de toda Europa, incluida Amigos de la Tierra, han lanzado una carta abierta para reclamar que la Política Agrícola Común sea negociada en el marco de los derechos de las personas trabajadoras en el sector.

Al menos diez millones de personas están empleadas en el sector de la agricultura en Europa. La mayoría de ellas tienen trabajos estacionales, son jornaleras o, incluso, estados informales e inseguros. Durante la emergencia de la COVID-19, la agricultura fue definida como esencial tanto por instituciones como por gobiernos de la Unión Europea. Sin embargo, para las personas trabajadoras de este sector, aseguran en la citada carta, las privaciones, las violaciones de derechos, las condiciones laborales infrahumanas, los salarios ridículos, la infravivienda y las largas jornadas laborales siguieron representando su día a día.

La situación de las personas trabajadoras del sector agrícola europeo sigue siendo en gran medida invisible, ya sean personas nacionales de UE o de países de fuera de ella. Su lucha pro exigir derechos, justicia social y dignidad en el trabajo no tiene la visibilidad que debería, afirman los firmantes de esta carta entre los que se encuentra Amigos de la Tierra.

Sorprendentemente, advierten, la situación de las personas trabajadoras del sector agrícola nunca ha figurado en la Política Agrícola Común (PAC)- una política emblemática de la UE, que ahora representa alrededor de un tercio del presupuesto de la UE. Sin embargo, por primera vez, el Parlamento Europeo ha adoptado una posición clara: los pagos directos de la PAC deben estar condicionados al respeto de las condiciones laborales y de empleo aplicables en virtud de los convenios colectivos pertinentes, legislación nacional y de la UE, así como convenios de la OIT.

Esta condicionalidad cubriría varias áreas como la imposición de que el empleo se regule por contrataciones legales, la igualdad de trato, la remuneración, el tiempo de trabajo, la salud y seguridad, la vivienda, la igualdad de género, la seguridad social y condiciones justas para todas las personas trabajadoras empleados en la agricultura, incluidas las trabajadoras migrantes.

Sin embargo, éste es sólo un primer paso en la dirección correcta, aseveran las instituciones y personas individuales que han suscrito este documento. Las negociaciones entre las instituciones de la UE sobre la nueva PAC aún están en curso y todavía es necesario asegurar que la condicionalidad social se convierta en parte del acuerdo final entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.

El planteamiento del cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras no puede quedarse sólo como un planteamiento ético. Si la condicionalidad se cumple, nos podríamos asegurar de que la financiación aportada por la PAC contribuya a mejorar el trabajo y la vida de millones de las personas que nos alimentan.

Por eso, organizaciones, sindicatos, académicos y académicas y personas representativas hacen este llamamiento al sentido de la responsabilidad de las instituciones y la ciudadanía.

La justicia social y la equidad deben prevalecer: la nueva PAC necesita condicionalidad social, concluyen

Enlace a la carta y organizaciones firmantes.

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