La reciente suspensión de carnets de manipuladores de productos fitosanitarios en Galicia, derivada de la ejecución de la sentencia de la conocida Operación Fito, ha encendido todas las alarmas del sector agrícola. Unións Agrarias (UUAA) ha advertido con firmeza de las graves consecuencias que esta medida acarrea para 6.800 productores, en un momento crítico como es la campaña de tratamientos fitosanitarios, especialmente en cultivos de alta exigencia como la viticultura, los forrajes o la patata.
Origen del problema: una red fraudulenta y una sentencia con efectos colaterales
La Operación Fito desmanteló una red de concesión fraudulenta de carnets de manipulador de fitosanitarios, con consecuencias penales para sus responsables. Sin embargo, más allá del ámbito judicial, la ejecución de la sentencia ha implicado la anulación automática de miles de licencias que ahora deja sin posibilidad de aplicar tratamientos a quienes, en muchos casos, actuaban de buena fe.
Esta medida, aunque legalmente justificada, no ha sido acompañada de un plan de contingencia, como ya advirtió Unións Agrarias hace dos años, cuando se dictó la sentencia. La organización denunció entonces la inacción de la Dirección General de AGACAL, y ahora exige una solución transitoria inmediata.
Los sectores más golpeados: viticultura, forrajes y patata
Los efectos de esta suspensión se sienten con especial fuerza en zonas como:
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Comarcas vitivinícolas como O Ribeiro, Valdeorras o Rías Baixas, donde los tratamientos contra mildiu, oídio y botritis son clave durante esta época del año.
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Productores de forrajes, que dependen de una correcta gestión fitosanitaria para asegurar pastos de calidad.
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Cultivos de patata, muy sensibles a plagas como el escarabajo de Colorado o enfermedades fúngicas, que requieren intervenciones periódicas.
Estos sectores, vitales para el tejido agroalimentario gallego, no solo están limitados técnicamente, sino que también se enfrentan a posibles sanciones por no cumplir con las obligaciones del cuaderno digital de explotación, que exige trazabilidad de los tratamientos.
Cursos exprés y registro de urgencia: las medidas paliativas de Unións Agrarias
Ante esta situación límite, Unións Agrarias ha anunciado la apertura inmediata de cursos de formación homologados en toda su red de oficinas en Galicia, con especial atención a las zonas más afectadas. El objetivo es recualificar a los productores afectados en el menor tiempo posible y evitar mayores daños económicos.
La organización hace un llamamiento urgente a los productores para que se registren en estos cursos, en un intento de mitigar una crisis que, de prolongarse, podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector.
📌 Medidas en marcha:
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Cursos presenciales y semipresenciales con contenido homologado por AGACAL.
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Refuerzo de equipos técnicos para la tramitación rápida de carnés válidos.
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Asistencia personalizada para el cumplimiento del cuaderno digital.
Un conflicto entre legalidad y realidad agraria
Para UUAA, el problema de fondo es la desconexión entre la aplicación legal de una sentencia y la realidad del campo gallego. “La mayoría de los productores afectados eran víctimas colaterales, que simplemente confiaron en una formación legal que ahora se demuestra fraudulenta”, afirman desde la organización.
Desde el punto de vista administrativo, se exige una concesión transitoria por parte de la Xunta de Galicia, que permita a estos agricultores seguir trabajando hasta obtener un nuevo carnét. Esta moratoria temporal es vista como la única vía realista para evitar consecuencias mayores en términos de producción, exportación y empleo rural.
Consecuencias económicas y administrativas
La suspensión simultánea de 6.800 carnés implica:
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Pérdidas por tratamientos no aplicados, que pueden reducir rendimiento hasta un 40 % en algunos cultivos.
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Retrasos en campañas de exportación, especialmente en viticultura.
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Multas por incumplimiento de registros obligatorios del cuaderno digital.
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Saturación de cursos homologados, que ya no dan abasto ante la avalancha de solicitudes.
Petición directa a AGACAL y la Xunta
UUAA ha reclamado de forma directa a la Dirección General de AGACAL una intervención inmediata:
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Moratoria administrativa de carácter excepcional.
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Reconocimiento de buena fe para los afectados.
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Incremento del número de formadores homologados para ampliar la capacidad formativa.
Además, se reclama que el Ministerio de Agricultura coordine con las Comunidades Autónomas un plan nacional para evitar que situaciones similares afecten a otras regiones.
“No se puede paralizar el campo gallego por un fallo judicial sin medidas compensatorias. Los agricultores no son delincuentes, sino víctimas de una estafa que el sistema no previó”
— Unións Agrarias
Conclusión: una respuesta institucional que no puede esperar
El caso de la suspensión de los carnets fitosanitarios en Galicia es un ejemplo paradigmático de cómo una resolución judicial, por muy legítima que sea, puede tener consecuencias devastadoras si no va acompañada de una respuesta institucional rápida, coordinada y empática.
La petición de Unións Agrarias no busca saltarse la legalidad, sino adaptarla a una realidad productiva compleja y crítica. Mientras tanto, la organización trata de amortiguar el golpe con cursos y apoyo técnico, pero advierte que la verdadera solución debe llegar desde la administración. De lo contrario, las consecuencias sobre el campo gallego serán profundas y difíciles de revertir.
