La Alianza UPA-COAG ha denunciado públicamente la grave problemática que afecta a los agricultores debido al retraso en la renovación del carnet fitosanitario, un documento esencial para la compra y aplicación de productos fitosanitarios. Según la organización agraria, la lentitud en la tramitación por parte de la Administración regional está generando una situación insostenible para cientos de agricultores que, sin este documento, no pueden adquirir los insumos necesarios para proteger sus cultivos.
En el último Consejo Regional Agrario, la Alianza UPA-COAG ha solicitado a la Consejería de Agricultura que implemente medidas urgentes para permitir a los profesionales del campo acceder a estos productos mientras se resuelve la burocracia pendiente. De no aplicarse soluciones inmediatas, la falta de acceso a productos fitosanitarios podría poner en riesgo las cosechas de esta temporada.
Impacto directo en los agricultores: sin carnet y sin acceso al ROPO
Uno de los principales problemas radica en que los agricultores afectados no están inscritos en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO), requisito indispensable para la compra y uso de fitosanitarios. Este registro es obligatorio para todos los profesionales que manipulan estos productos, desde agricultores hasta técnicos agrarios.
En la actualidad, debido a la lentitud en la tramitación, muchos productores se encuentran en una situación de total indefensión, ya que las empresas de venta de fitosanitarios tienen la obligación de informar al Ministerio de Agricultura sobre los productos que venden y a quién los venden. Sin un carnet en vigor ni la inscripción en el ROPO, las empresas no pueden realizar la venta, lo que deja a los agricultores sin recursos para proteger sus cultivos.
Cifras que evidencian la magnitud del problema
Para entender mejor la dimensión de esta problemática, es importante considerar algunas cifras clave del sector:
- En España, más de 900.000 agricultores utilizan productos fitosanitarios de forma habitual en sus explotaciones.
- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) establece que hay aproximadamente 450.000 carnets fitosanitarios en circulación, los cuales deben renovarse periódicamente.
- La renovación del carnet fitosanitario tiene un plazo estimado de tramitación de 30 a 60 días, pero en muchas comunidades autónomas este proceso está tardando hasta seis meses debido a la acumulación de solicitudes y la falta de recursos administrativos.
- Solo en Castilla y León, más de 25.000 agricultores están afectados por estos retrasos, según datos de la Alianza UPA-COAG.
Exigencias del sector: medidas urgentes y simplificación de trámites
Ante esta situación, la Alianza UPA-COAG ha exigido a la Consejería de Agricultura que implemente soluciones de manera inmediata. Entre las propuestas planteadas, destacan:
- Permiso provisional para la compra de fitosanitarios: permitir que los agricultores que han solicitado la renovación puedan seguir comprando productos hasta que la Administración resuelva el trámite.
- Agilización del registro en el ROPO: garantizar que los agricultores sean inscritos de inmediato, evitando que la falta de registro les impida operar.
- Digitalización de trámites: modernizar el sistema de renovación de carnets para reducir la burocracia y agilizar la gestión documental.
- Mayor dotación de recursos humanos en la Administración: reforzar los equipos encargados de gestionar estas renovaciones para evitar retrasos futuros.
Consecuencias de la falta de acceso a fitosanitarios
Si este problema no se soluciona a corto plazo, las consecuencias pueden ser graves para la agricultura y la producción de alimentos en España:
- Pérdida de cosechas: sin los productos adecuados, los cultivos estarán expuestos a plagas y enfermedades.
- Aumento de costes para los agricultores: al no poder aplicar tratamientos preventivos a tiempo, muchos productores se verán obligados a gastar más dinero en tratamientos curativos más costosos.
- Disminución de la producción agrícola: afectando directamente a sectores estratégicos como los cereales, frutales y hortalizas.
- Impacto en la economía rural: el retraso en la aplicación de fitosanitarios puede reducir la rentabilidad de las explotaciones, afectando a miles de familias del medio rural.
Declaraciones de la Alianza UPA-COAG: «Es un problema que no puede esperar»
Desde la Alianza UPA-COAG, su portavoz, Aurelio González, ha manifestado su preocupación por la situación:
«No podemos permitir que la lentitud de la Administración deje a los agricultores sin recursos para cuidar sus cultivos. La renovación del carnet fitosanitario es un trámite esencial, y exigimos que se agilicen los procesos de inmediato.»
Por su parte, Lorenzo Rivera, otro de los representantes de la organización, ha señalado:
«Los agricultores no tienen culpa de estos retrasos administrativos, pero son los únicos que están pagando las consecuencias. Necesitamos soluciones urgentes para evitar pérdidas económicas irreparables.»
Conclusión: una solución necesaria e inmediata
El problema del retraso en la renovación del carnet fitosanitario no es menor. Se trata de una cuestión fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, la protección de los cultivos y la sostenibilidad económica del sector agrario. La falta de soluciones inmediatas puede derivar en una crisis innecesaria para miles de agricultores que dependen de estos productos para sacar adelante sus cosechas.
La Alianza UPA-COAG ha dejado claro que no cesará en su reclamación hasta que la Consejería de Agricultura tome cartas en el asunto y habilite mecanismos de emergencia para desbloquear esta situación.
Es necesario que la Administración actúe con rapidez y que se garantice un sistema ágil y eficiente para la renovación de carnets fitosanitarios. De lo contrario, los efectos en el campo español podrían ser devastadores.
