Un total de 955 titulares de explotaciones profesionales de ganadería extensiva que contribuyen a la conservación de la biodiversidad en zonas con presencia permanente del lobo se beneficiarán de los pagos por servicios ambientales que, con un importe total de 1.035.705 euros en este año 2022, otorga el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dentro de su Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, con el fin de garantizar la compatibilidad entre la ganadería extensiva y el lobo en el marco establecido por la normativa europea.
Los pagos son de concesión directa y la cuantía del pago es una prima anual por cabeza de ganado en régimen de ganadería extensiva en alguno de los municipios incluidos en la Zona 1 que contempla la zonificación del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria en vigor desde 2019, y conforme a lo establecido en el Decreto 70/2021, de 19 de agosto, siendo nuestra Comunidad la única en toda España que tiene aprobado un mecanismo de compensación a los profesionales de la ganadería extensiva que conviven con el lobo, de este alcance y con estos objetivos, y que se seguirá aplicando en los años siguientes. Todos los solicitantes que cumplen los requisitos establecidos en dicho Decreto recibirán el pago, sumando los 955 sobre un total de 1.017 solicitantes.
De esta manera, se abonarán 20 euros por cabeza de ganado ovino o caprino, 15 euros por cabeza de equino y 10 euros por cabeza de ganado bovino, y los ganaderos que se han acogido a este pago deben contar con explotaciones activas en alguno de los 36 municipios de la zona 1 del Plan de Gestión, que suman el 56,84% de la superficie regional: Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Cieza, Cillorigo de Liébana, Hermandad de Campoo de Suso, Lamasón, Luena, Molledo, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones, Potes, Reinosa, Rionansa, Las Rozas de Valdearroyo, Ruente, San Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Soba, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Vega de Liébana y Vega de Pas.
La Consejería recuerda que la zonificación del Plan de Gestión se realizó aplicando criterios de área distribución del lobo y grupos con cría confirmada; disponibilidad de presas silvestres; grado de humanización del territorio; presencia de ganadería extensiva y daños producidos, y la propia coherencia territorial de las unidades de gestión, determinándose que las zonas con mayor probabilidad de daños son las que tienen una densidad más alta de lobo, menor densidad de presas silvestres y mayor cantidad de ganado extensivo, especialmente menor y equino.
La zonificación ha de servir, como indica el Plan de Gestión, para alcanzar los objetivos del Plan y ser la referencia para el apoyo a las medidas preventivas y del pago por servicios ambientales, y será objeto de actualización periódica para adecuarla a la evolución del área de distribución de la especie.
Estos pagos son independientes de las indemnizaciones por daños, que se abonan en toda la región y a todos los afectados, sean o no ganaderos profesionales, y de las ayudas para la adopción de medidas preventivas, a las que pueden concurrir todos los titulares de explotaciones y para cuya concesión en régimen de concurrencia competitiva se aplican criterios de incidencia de daños, entre otros.
De esta manera, se conforma, aseguran desde el Gobierno autonómico, un conjunto de herramientas de apoyo al sector ganadero que, junto con el necesario control de ejemplares y el seguimiento de la especie, constituyen el núcleo del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria que ha validado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria rechazando todas las demandas de grupos ecologistas que pedían su anulación.
Asimismo, han asegurado que la Consejería de Desarrollo Rural va a desarrollar el Plan de Gestión en lo que se refiere a los controles de ejemplares “porque consideramos que son una herramienta más, pero imprescindible, para lograr los objetivos del Plan”, por supuesto “siempre ajustándonos a la legalidad vigente”, aunque como en el caso de la inclusión de todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial que ha aprobado el Gobierno de España, “mantengamos nuestro recurso solicitando su anulación que se está tramitando en la Audiencia Nacional y no renunciemos a ninguna otra iniciativa que logre la derogación de una norma que no tiene justificación técnica y que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado a solicitud de una organización ecologista y contra el criterio de las comunidades autónomas que albergamos la práctica totalidad de los lobos de España y que hemos sido las que, con nuestra gestión, hemos asegurado la conservación de la especie”.
