Quien no siembra en julio, no cosecha a su gusto. En los últimos días Agronews se ha hecho eco de las denuncias de diferentes organizaciones agrarias con un denominador común: el sector semillista. A un lado, las denuncias con palabras como “acoso” o “amenazas” hacia los productores que usan semilla certificada en Castilla y León para que paguen por la reutilización de una variedad patentada. Al otro, la opinión desde las organizaciones del sector que defienden el pago con la ley bajo el brazo. En los reportajes que se podrán leer este fin de semana se ha contactado con todas las partes, unoss y otros, para conocer las diferentes versiones de este asunto.
Un asunto “de ley”
Un asunto complicado, con muchas aristas que tiene en la legalidad su explicación y su base. En concreto en una ley, la 3/2000 y un Real Decreto 1261/2005 donde se especifican los casos -y lo más importante, las excepciones– en las que el agricultor debe pagar por volver a usar su propia semilla en el caso de ser certificada.
Celia Miravalles:”El estudio previo de las variedades protegidas se pretende recuperar con los cánones o royalties”
¿Y cuáles son éstas? La abogada agraria de Agronews, Celia Miravalles lo deja claro: “Son aquellas que están en el Registro de Obtenciones vegetales, en las que se ha realizado un estudio previo y, después, se han patentado (lo que implica un gasto para los obtentores que pretenden recuperar con los cánones o royalties) Esto implica un beneficio para el agricultor que las utiliza al suponer que la planta va a ser más resistente a plagas y enfermedades, y/o más productiva” explica.
Es precisamente en ese concepto, el del canon por reutilización, en el que se encuentra el punto álgido del enfrentamiento. Hace unos días UCCL denunciaba que los productores estaban siendo “perseguidos” de manera imparable por agentes del Sepronacon el fin de controlar que todas las semillas obtenidas tuviesen, según su versión, el correspondiente abono del canon establecido. Es más, aducían que no entendían por qué año tras año se tenía que pagar por reutilizar la semilla: “Es como si nosotros compramos un CD de música y cada vez que quisiéramos escucharla, tuviéramos que volver a pagar” aseguraban.
Las “excepciones” que confirman la norma
Sin embargo, tirando de la legalidad que centra este reportaje, todos los agricultores que quieran usar semilla certificada deben abonar este cánon al obtentor, es decir a quien se ha hecho con esa patente. Salvo una excepción, la del pequeño agricultor: “Los pequeños productores podrán usar el material elaborado en sus propias fincas sin abonar cantidad económica alguna o tener la autorización del obtentor, siempre que su superficie sea inferior a la media y se use para producir unas 92 toneladas de cereales por cosecha, independientemente de que en esta superficie se cultiven otras plantas” apunta Miravalles.
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El resto de agricultores ¿Qué debe hacer?
Con la ley en la mesa, pagar al titular. Ésta puede ser acordada entre quien adquiere dicha variedad y el que tiene la patente o, en el caso de no existir pacto, se deberá abonar “el 50 por ciento del royalty de la semilla comercial de la generación más baja” al semillista. ¿Cuando? Cada vez que se vaya a hacer uso de ella. Aquí está el extremo de mayor discrepancia en el sector agrario. Sobre todo en organizaciones como ASAJA o UPA-COAG que denuncian ésta práctica de pagar no solo cuando se compra una variedad genética de semilla en primera instancia sino cada vez que se vuelve a usar en una explotación.
Dujo:”Una vez vendida la semilla es nuestra y no tenemos que volver a pagar por ella”
Desde ASAJA, Donaciano Dujo asegura oponerse frontalmente a esta medida: “Que nos cobren lo que estimen oportuno cuando nos la venden pero una vez vendida, la semilla es nuestra y no tenemos por qué volver a pagar o declararla”. Es más, avisa de que muchos agricultores están utilizando ya semillas descalificadas para evitar tener que pagar cada vez que la usen. Ahí es nada.
Pero hay más. Desde UPA-COAG hacía pública una denuncia en la que apuntaban directamente a la asociación semillista Geslive quien, según su testimonio, estaba amenazando a algunos productores “seriamente” para requerirles el pago por volver a usar grano para siembra. Incluso aseguraban que dichas amenazas les advertían de que si no reembolsaban estas cantidades, los agricultores “tendrían embargados todos sus bienes”.
Pero ¿Realmente se está sancionando al productor con el pago por reutilización? ¿Estas amenazas son tales? ¿Qué opinión le merece a los semillistas? Mañana Antonio Villarroel, secretario general de Anove, asociación que engloba entre otras a Geslive, responderá en Agronews a estas polémicas y a las declaraciones de las propias OPAs.
EN DOS DATOS
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En el mundo se siembran al año 270 millones de hectáreas de las cuales 160 son solo de maíz, el sector más rentable que genera más de 5.000 millones de euros de beneficios. -
El pago por semilla se renueva cada cinco años, es decir que el pago más importante en cantidad solo se hace en el año 1.
Aurelio González:”Las semillas R1 tienen unas tasas carísimas, volver a pagar es un abuso”
Organizaciones como éstas que aún querido dejar claro que reconocen la “labor de trabajo” que se realiza en el preservar diferentes variedades genéticas de semillas, en la tarea de investigación para luchar contra enfermedades como la roya, perotambién inciden en que ese pago ya se cubre suficientemente: “Que pretendan que una vez comprada la semilla R1 con tasas carísimas que el resto de años también se pague un royalty, es una abuso y barbaridad” puntualiza desde UPA-COAG Aurelio González.
Y como muestra, pone de ejemplo la cebada: “Si les pagan a 230 euros la tonelada, les está costando en R1 hasta 3 y 4 veces más. Cuando se paga la primera vez por la semilla ya se está vendiendo el porcentaje de investigación, no entendemos que cada vez que digamos una marca, nos vuelvan a pasar la factura”.
Si no se paga ¿Qué puede pasar?
En este sentido, Celia Miravalles especifica que los daños a reclamar pueden ir desde indemnizaciones por el beneficio que no se obtiene al usar su marca sin consentimiento hasta, en el caso de ir a tribunales y a la vía, penal, una condena que va de uno a tres años de cárcel.
Delito que no entienden desde organizaciones como UCCL quien, al hilo del resto de OPAs considera que la solución pasa por cambiar la Ley de Patentes que abarate el coste de las semillas certificadas y se pague en función del rendimiento. Un asunto peliagudo que mañana tendrá la respuesta de Anove, la otra parte del sector que responderá a una cuestión, la del canon de las semillas certificadas que, sin querer también ha sembrado vientos. Y tempestades.
