La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) han registrado este 10 de julio de 2025, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una solicitud formal para que agricultores y ganaderos autónomos puedan acogerse a la jubilación anticipada. Esta petición se ampara en el Real Decreto 402/2025, aprobado el 27 de mayo, que establece un marco normativo claro para que colectivos que desarrollan actividades especialmente penosas o peligrosas puedan jubilarse de forma anticipada sin perder derechos.
Según este nuevo decreto, se permite aplicar coeficientes reductores para la edad de jubilación, de manera que quienes ejerzan profesiones de riesgo o con elevada siniestralidad puedan retirarse antes de los 67 años con el 100% de sus derechos y prestaciones.
Una actividad profesional de alto riesgo: los datos hablan
El sector agrario ha sido, históricamente, una de las profesiones más duras. En 2023, según datos del Informe Anual de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el campo registró el mayor índice de accidentes laborales mortales en España, con una tasa de 8,23 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, más del doble que la media nacional.
La situación se vuelve aún más alarmante a partir de los 55 años, cuando el índice de mortalidad se triplica, superando los 20 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores. Esta cifra revela una realidad insostenible: exigir a personas de edad avanzada que sigan desarrollando una actividad físicamente extrema, aislada y peligrosa, es una condena silenciosa.
La dureza del trabajo agrario: más allá de los números
COAG ha documentado en su informe entregado al Ministerio un conjunto de condiciones de riesgo estructural que afectan al colectivo:
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Exposición continua a productos químicos
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Manejo habitual de maquinaria pesada
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Sobreesfuerzos físicos prolongados
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Trabajo al aire libre en condiciones climáticas extremas
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Interacción con animales de gran porte
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Aislamiento geográfico y baja accesibilidad a servicios sanitarios
Además, la alta incidencia de enfermedades profesionales, como dolencias musculoesqueléticas, problemas respiratorios o cardiovasculares, convierten al trabajo en el campo en una actividad de altísima exigencia y riesgo. Todo ello configura una justificación sólida para aplicar los mecanismos de jubilación anticipada previstos por la normativa.
Declaraciones que reflejan una realidad urgente
Miguel Padilla, Secretario General de COAG, ha sido tajante al respecto:
“No es una cuestión de privilegios, sino de justicia social. El campo envejece jugándose la vida.”
Ha subrayado la necesidad de permitir que un agricultor o ganadero pueda retirarse antes sin perder prestaciones, tal y como recoge la ley. “Pedimos que se reconozca su derecho, que puedan dejar la actividad con el 100% de sus derechos, sin que eso suponga un castigo económico por haber trabajado en condiciones durísimas toda su vida”, explicó tras registrar el informe en el Ministerio.
Por su parte, María José Landaburu, Secretaria General de UATAE, recordó el compromiso recogido en el Estatuto del Trabajo Autónomo, que estipula la convergencia de los derechos sociales entre trabajadores autónomos y del régimen general. Según Landaburu,
“Con este nuevo Real Decreto, pedimos que se reconozca el carácter penoso e insalubre de actividades como la agricultura, ganadería y apicultura. Este es solo el comienzo”.
Las mujeres del campo: una doble carga física y mental
Otro punto clave de la solicitud presentada ha sido la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres en el medio rural. COAG y UATAE señalan que muchas de ellas enfrentan una doble carga física y mental, desarrollando tareas agrícolas en paralelo al cuidado del hogar y la familia.
Además, muchas trabajadoras del campo se enfrentan al tramo final de su vida laboral con un nivel alto de medicación, dolores crónicos y enfermedades asociadas al esfuerzo físico continuado, lo que agrava su situación frente a la jubilación.
No más excusas: el campo exige equidad
Desde COAG insisten en que la aplicación de coeficientes reductores para profesiones penosas no es una novedad ni una petición desproporcionada. Sectores como la minería, los bomberos o los cuerpos de seguridad ya disfrutan de esta posibilidad. “La agricultura y la ganadería profesional merecen el mismo trato”, recalcó Javier Fatás, responsable de Seguridad Social Agraria de COAG.
Un llamamiento a la acción inmediata
Ambas organizaciones han dejado claro que no se trata de una exigencia corporativista, sino de un reconocimiento basado en datos, riesgos y justicia social. Piden al Gobierno que no demore el procedimiento y que, con base en criterios técnicos y jurídicos, permita que agricultores y ganaderos autónomos puedan acogerse cuanto antes a la jubilación anticipada.
Conclusión
El campo español vive una situación límite. Mientras garantiza el suministro de alimentos, lo hace a costa de la salud y vida de miles de autónomos que, día tras día, trabajan bajo condiciones extremas. El Real Decreto 402/2025 ofrece una vía para dignificar su salida laboral. Ahora, el Gobierno debe responder.
