El campo de Extremadura se enfrenta a una nueva amenaza que podría traducirse en un sobrecoste de 12,60 millones de euros para la campaña 2025-2026. Este encarecimiento vendría derivado de la aprobación de aranceles a los fertilizantes importados de Rusia y Bielorrusia, propuesta que ya ha sido avalada por la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo y que ahora debe ser refrendada por el Pleno del Parlamento el próximo 22 de mayo.
Un golpe económico directo al campo extremeño
El impacto potencial de la medida no es menor. Con un consumo medio de 280.000 toneladas de fertilizantes nitrogenados por campaña, el coste extra derivado de los aranceles —que oscilarían entre 40 y 45 euros por tonelada— supondría para Extremadura una carga directa sobre sus explotaciones agrarias.
La propuesta legislativa obtuvo 29 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones en la Comisión de Comercio del Parlamento, lo que augura una votación reñida y decisiva en el Pleno. Mientras tanto, las organizaciones agrarias extremeñas ya han alzado la voz ante lo que consideran una medida injusta y desequilibrada.
Aranceles a fertilizantes vs. apertura a importaciones agrícolas
Los agricultores extremeños denuncian un doble rasero en la política comercial europea: mientras se eliminan aranceles a productos agrícolas que compiten directamente con las producciones locales —como el aceite, el vino, los cereales, los tomates, las frutas o los frutos secos—, se gravan los insumos básicos para la producción, como los fertilizantes o los combustibles.
Esta asimetría, señalan, erosiona progresivamente la rentabilidad de las explotaciones, provocando el abandono de muchas de ellas. «No se puede hablar de sostenibilidad y, al mismo tiempo, aplicar medidas que castigan al agricultor que produce en el marco europeo», critican desde el sector.
Una postura firme: carta a los eurodiputados y transparencia en el voto
Ante la gravedad de la situación, los representantes agrarios han anunciado que remitirán una carta a los partidos políticos con representación en el Parlamento Europeo para exigirles que voten en contra de esta propuesta arancelaria.
Además, se comprometen a hacer público el sentido del voto de cada eurodiputado, de cara a las próximas elecciones europeas. «No se puede venir cada cinco años pidiéndonos el voto, y una vez conseguido, votar en contra de los intereses de quienes representas», denuncian.
¿Quién paga el coste de las sanciones?
Desde las organizaciones del sector agrario se subraya que las sanciones internacionales no deben recaer sobre el agricultor, sino que deben tener un objetivo estratégico y dirigido. “Estamos de acuerdo en que la Unión Europea debe responder con firmeza ante la invasión de Ucrania, pero no a costa de la viabilidad de nuestras explotaciones agrícolas”, sostienen.
En este sentido, denuncian que la medida no responde a un criterio de justicia, sino a la protección de las industrias de fertilizantes de la propia Unión Europea, que serían las grandes beneficiadas de la medida.
El campo, entre la presión económica y la indiferencia política
El panorama para los agricultores extremeños es complejo. A la inflación de los insumos se suma la caída de los precios en origen, una sequía que no da tregua y un mercado cada vez más abierto a productos extracomunitarios. La combinación de estos factores configura un cóctel explosivo para la rentabilidad del campo.
“Cada campaña es más difícil. Si ahora nos imponen este arancel, no sabremos cómo aguantar. No pedimos privilegios, sino reglas justas”, explican desde el sector.
Impacto comparado: un ejemplo del sobrecoste
A continuación, se presenta una tabla con el coste adicional estimado para la campaña 2025-2026 si se aprueban los aranceles:
| Concepto | Datos estimados |
|---|---|
| Consumo anual de fertilizantes nitrogenados en Extremadura | 280.000 toneladas |
| Arancel propuesto | 40-45 €/tonelada |
| Coste adicional estimado para el campo extremeño | 12,60 millones de euros |
Conclusión: la hora de decidir
La votación del próximo 22 de mayo en el Parlamento Europeo será decisiva. El sector agrario extremeño exige coherencia, responsabilidad y defensa activa de sus intereses. Reclama a los partidos que los representan que frenen una medida que puede significar un nuevo golpe a su viabilidad.
La decisión está ahora en manos de los eurodiputados. El campo extremeño, atento, tomará nota.
