La campaña del tomate para industria en Extremadura, una de las más importantes del país tanto por volumen como por empleo generado, arranca este año con serias dificultades, según ha denunciado este miércoles la organización agraria UPA-UCE Extremadura. El retraso en la plantación debido a las lluvias, la reducción del 20% de la superficie cultivada y los precios ruinosos impuestos por las industrias transformadoras conforman un cóctel que augura una campaña complicada, incierta y potencialmente desastrosa para miles de agricultores extremeños.
El secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha sido tajante en su valoración de la situación: “Estamos ante una campaña tardía, reducida y con precios que arruinan al agricultor. Las industrias no ofrecieron precios que cubrieran los costes, y ahora que ven que el mercado mundial es favorable, quieren más tomate. Pero ya es tarde. Que esto les sirva de lección para próximas campañas”.
Las lluvias registradas en primavera han impedido realizar las labores de preparación de terreno y plantación en los plazos habituales. Como consecuencia, la mayoría de las parcelas han sido plantadas con semanas de retraso, lo que afectará inevitablemente al calendario de cosecha. Tradicionalmente, la recolección comenzaba a partir del 20 de julio, pero este año se espera que la campaña generalizada no arranque hasta bien entrado el mes de agosto.
Esto, además de suponer una alteración en la planificación de los cultivos, incrementa notablemente los riesgos productivos. Las altas temperaturas que se registran durante los meses de julio y agosto podrían afectar negativamente a la floración y cuajado de los frutos, comprometiendo el rendimiento. “Las plantas están en floración justo ahora, y no sabemos cómo afectarán las temperaturas extremas. Es una gran preocupación”, ha subrayado Huertas.
Uno de los datos más alarmantes que ofrece UPA-UCE Extremadura es la reducción del 20% de la superficie dedicada al cultivo de tomate respecto al año anterior. La causa principal, según la organización, está en los precios impuestos por la industria transformadora en la negociación previa a la campaña, que se situaron por debajo del umbral de rentabilidad para los agricultores.
“Muchos productores han optado por no sembrar tomate este año, simplemente porque no les salía rentable. No vamos a trabajar a pérdidas, y menos con un cultivo tan exigente y costoso como este”, denuncia Huertas.
A pesar de este escenario, las industrias han presionado en las últimas semanas para que se incrementase la superficie plantada, ante la mejora de las condiciones del mercado internacional del concentrado de tomate. “El problema es que ya era tarde. Los agricultores planifican con tiempo, no se puede jugar con el trabajo del campo como si fuera una partida de bolsa. La industria tiene que ofrecer precios dignos desde el principio, no cuando ya no se puede reaccionar”, lamenta el dirigente agrario.
El retraso en la siembra tiene otro efecto colateral: el desplazamiento del calendario de cosecha hacia septiembre e incluso octubre, lo que añade nuevos problemas logísticos y económicos. Las condiciones climáticas más inestables del otoño, con posibilidad de lluvias y menor radiación solar, pueden afectar negativamente tanto a la calidad como al volumen de producción.
Además, cosechar más allá del 30 de septiembre tiene consecuencias directas sobre el coste del seguro agrario. Según explica UPA-UCE, cuando se prevé una cosecha más tardía, debe comunicarse expresamente a la entidad aseguradora, lo que implica un sobrecoste de unos 50 euros por hectárea. “Es otro golpe más al bolsillo del agricultor, que ya va asfixiado por los costes y por unos precios injustos”, señala Huertas.
Ante lo que considera una práctica abusiva y contraria a la legalidad vigente, UPA-UCE ha presentado una denuncia formal ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). La organización entiende que las condiciones impuestas por la industria para esta campaña vulneran la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece la obligatoriedad de que todos los precios en la cadena cubran, al menos, los costes de producción del eslabón anterior.
“No se puede permitir que las industrias impongan precios que arruinan al agricultor. Si no se cumple la ley, que se tomen medidas. Es hora de actuar con seriedad”, exige Huertas, quien también critica la inacción de la administración regional extremeña, a la que acusa de mirar hacia otro lado mientras el sector atraviesa una de sus peores campañas.
UPA-UCE ha puesto el foco también en la desventaja competitiva que sufren los agricultores españoles frente a otros países productores, especialmente Italia. Mientras que las industrias italianas logran colocar su concentrado de tomate en los mercados internacionales a precios más altos, las españolas optan por reducir costes —principalmente recortando el precio que pagan al agricultor— para competir en precio. “Así no se puede construir un sector sostenible. Hay que apostar por la calidad y por una estrategia comercial más ambiciosa, no por presionar siempre al más débil”, denuncia Huertas.
Campaña de tomate
UPA-UCE ha reclamado a las administraciones públicas —tanto al Gobierno central como a la Junta de Extremadura— que se impliquen de forma urgente en la defensa del sector del tomate, que representa uno de los pilares económicos del campo extremeño, genera miles de empleos y sostiene numerosas cooperativas y explotaciones familiares.
Entre sus peticiones, destacan:
-
Un control riguroso del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, sancionando a aquellas industrias que compren por debajo de los costes.
-
Revisión de los seguros agrarios, adaptándolos a las nuevas condiciones climáticas y de calendario.
-
Apoyo a la comercialización internacional del concentrado de tomate, similar al que reciben las industrias italianas.
-
Un plan específico de reestructuración y modernización del sector, que permita mejorar la competitividad sin sacrificar al agricultor.
Desde UPA-UCE advierten que la campaña de 2025 podría marcar un punto de inflexión para muchos productores. “Si no cambia la dinámica de precios injustos y condiciones inasumibles, muchos se plantearán dejar el cultivo. Y eso no sólo perjudica al agricultor: perjudica a toda la economía extremeña y a la soberanía alimentaria del país”, concluye Ignacio Huertas.
La organización anuncia que mantendrá la presión en todos los frentes —administrativo, legal y mediático— para defender el futuro del tomate extremeño, y no descarta movilizaciones si la situación no mejora. “No vamos a permitir que la industria y la administración condenen a nuestros agricultores al abandono. Vamos a pelear hasta el final”.
