La Junta de Castilla y León ha lanzado una llamada urgente a los agricultores para que extremen las precauciones en el uso de maquinaria agrícola, especialmente las cosechadoras, durante la actual campaña agrícola, ante el notable incremento de incendios forestales con origen en el medio agrícola durante la actual Época de Peligro Alto (EPA). Según los datos oficiales recogidos entre el 12 de junio y el 22 de julio de 2025, se han contabilizado 131 incendios provocados por maquinaria y motores, frente a los 95 de media registrados en el mismo periodo durante los últimos cinco años. Esto representa un incremento del 37,9 %.
De estos 131 incendios, la mayoría se iniciaron en terrenos agrícolas, aunque algunos también afectaron a zonas forestales, alcanzando una superficie quemada de 750,57 hectáreas agrícolas y 52,53 hectáreas forestales. Estas cifras han generado gran preocupación en la Consejería de Medio Ambiente, que ha instado a los agricultores a tomar medidas preventivas inmediatas para evitar nuevos siniestros.
La responsabilidad del agricultor en caso de incendio
En una carta firmada por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, se recuerda, según se señala desde ASAJA Castilla y León, que ya se ha podido identificar a 17 responsables directos de incendios originados por el uso de cosechadoras. “Estas personas deberán enfrentarse ahora a un proceso de responsabilidad, por negligencia o accidente, que puede tener consecuencias económicas o penales”, advierte el escrito.
La Junta insiste en que incluso en los casos donde se cumpla toda la normativa vigente, el causante del incendio será responsable civilmente y deberá asumir los gastos de extinción. En caso de incumplimiento de la normativa, las consecuencias pueden extenderse al ámbito administrativo o incluso penal, dependiendo de la gravedad del caso.
Factores de riesgo agravantes en la campaña actual
La Consejería admite que se trata de un momento clave en la actividad agraria, en el que los agricultores se enfrentan a fuertes presiones económicas y deben completar sus tareas en un corto periodo de tiempo. No obstante, insiste en que existen condiciones meteorológicas y estructurales excepcionales que están agravando el riesgo de ignición. Entre ellas, se destacan:
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La abundancia y continuidad de combustible fino muerto, como los rastrojos, que arden con facilidad.
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La alta densidad de cereal, que sobrecalienta la maquinaria y genera polvo y residuos inflamables.
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La presencia inusual de viento moderado o fuerte, que facilita la propagación rápida del fuego.
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Las temperaturas anormalmente altas, que aumentan la probabilidad de ignición por fricción o chispas.
Estas condiciones, combinadas con el uso intensivo de maquinaria pesada, están generando una situación de riesgo extremo en muchas zonas agrícolas.
Aplicación preventiva más allá del marco legal estricto
Un punto especialmente relevante señalado por la Junta es que, si bien la normativa sobre uso de maquinaria agrícola en temporada de alto riesgo se aplica únicamente en montes y en la franja de 400 metros a su alrededor, se recomienda extrapolar estas medidas al resto de superficies cuando existan condiciones de viento y temperatura especialmente adversas.
Esto implica que, aunque no sea una obligación legal cosechar fuera de estos márgenes, sí lo es desde una óptica preventiva y de responsabilidad social y ambiental, detener las labores si las condiciones climatológicas lo aconsejan.
Mantenimiento de maquinaria y medidas preventivas
Además de evitar cosechar en días de riesgo extremo, la Administración subraya la necesidad de mantener en óptimo estado las cosechadoras y demás maquinaria agrícola, evitando acumulaciones de residuos, escapes de combustible, cables pelados o frenos defectuosos que puedan originar chispas, sobrecalentamientos o deflagraciones.
También recomienda adoptar protocolos de emergencia, como tener equipos de extinción cerca (extintores, cubas de agua) y organizar turnos de vigilancia en caso de que se haya producido una ignición. La rápida intervención puede ser decisiva para evitar que un conato se convierta en incendio forestal.
ASAJA: “Los agricultores somos los primeros perjudicados”
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha apoyado este llamamiento institucional recordando que el agricultor es la primera víctima de un incendio. “Por responsabilidad, pedimos la máxima precaución. Nadie quiere provocar un incendio, pero la cosecha tiene que hacerse en muy poco tiempo y bajo unas condiciones climáticas que muchas veces son extremas”, ha señalado la organización.
Desde ASAJA subrayan que la mayoría de los agricultores cumplen rigurosamente la normativa y aplican las recomendaciones, pero insisten en que el margen de error se reduce al mínimo cuando confluyen temperaturas altas, viento seco y maquinaria funcionando a pleno rendimiento.
Consecuencias económicas, sociales y penales
Las consecuencias de un incendio provocado por actividades agrícolas son múltiples:
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Económicas, por la destrucción de cultivos, la pérdida de maquinaria y la indemnización de daños.
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Ambientales, por la degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y aumento del riesgo de erosión.
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Sociales, especialmente en áreas donde el incendio amenaza poblaciones cercanas o infraestructuras críticas.
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Penales, si se determina negligencia grave o reincidencia, lo que puede implicar sanciones o incluso penas de prisión.
Un llamado a la corresponsabilidad y la anticipación
Tanto la Junta como ASAJA coinciden en un mensaje: prevenir incendios es una obligación compartida. Aunque se comprende la urgencia de la campaña, se insiste en que deben priorizarse las medidas de prevención, mantenimiento de equipos y suspensión temporal de labores cuando se den condiciones peligrosas.
Más allá de las sanciones, lo que está en juego es la seguridad del medio rural, la integridad del paisaje agrícola y forestal, y la estabilidad económica de muchos productores.
