Si la cadena agroalimentaria es el sistema que articula equilibradamente las actividades de todos los actores que agregan valor a los productos desde el campo a la mesa, aquí, de eso, no tenemos. Aquí lo que tenemos [[{«fid»:»26584″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:854,»width»:1280,»style»:»width: 199px; height: 133px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 5px; float: right;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]son unas esposas, con muy pocos eslabones en medio y muy grandes, y grilletes en los extremos que nos tienen esclavos a los productores y los consumidores, que somos los que producimos y los que pagamos.
La cadena agroalimentaria cumple hoy un mero papel logístico: coge cosas de un lado, las prepara y las deja en otro. Coge cada año en las explotaciones agrarias una producción por valor de 40.000 millones y las deja en la cesta de la compra, la de aquí o la de fuera, cobrando 150.000 millones de euros. Pero ese valor añadido generado no lo reparte de forma equilibrada, ni proporcionada al esfuerzo que realiza cada eslabón.
Poco ha cambiado con la Ley de la Cadena
En España entró en vigor hace más de 3 años la Ley 12/2013, para “mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, en beneficio tanto de los consumidores como de los operadores que intervienen en la misma”. Salvo el épico esfuerzo de la AICA por cumplir su papel con escasas competencias y medios, el Ministerio de Agricultura ha gastado este tiempo en propaganda para dar una apariencia de eficacia. Pero, casi todo sigue igual. A los agricultores y ganaderos nos siguen imponiendo los precios a los que compramos los inputs y vendemos nuestras producciones y a los consumidores los precios de la alimentación nos los suben entre un 1 % y un 2 % cada año, habiendo arañado para la saca de la industria y distribución otros 1.500 millones de euros más cuando llega diciembre.
Sé que suena a rancio, pero para entendernos, los intermediarios siguen llenando sus alforjas acosta de unos consumidores a los que no les suben ni los sueldos, ni las pensiones, y de unos productores a los que no se nos paga, en muchos casos, ni los costes de producción.
O sea, lo de siempre, pero en 2018 y acicalado de mucho “estudio de diagnóstico del sector”, mucho “observatorio de mercado”, mucha adhesión al “Código de buenas prácticas mercantiles”, un Consejo Asesor Agrario caduco que ni aconseja ni asesora y unas Interprofesionales hechas a la medida de la industria que, a la vista de lo que está sucediendo en la mayoría de los sectores, no se sabe para qué valen los casi 15 millones de euros anuales que nos recaudan a los agricultores y ganaderos.
A mi juicio, un paripé para que no cambie nada y que nos mantiene a los que vivimos del campo con unas rentas muy inferiores a la del resto profesionales y engorda a la industria y distribución, cada día con un mayor grado de concentración y más poder.
Y mientras, al final de la cadena estamos unos sufridos consumidores que cada año pagamos más por llenar un poco menos el frigorífico. Según el último estudio de consumo alimentario publicado por el Ministerio, entre 2013 y 2016, mientras el IPC general bajaba un 0,9 %, el de la alimentación ha subido más de un 2,2 % y en 2016, en los hogares españoles pagamos 600 millones de euros habiendo comprado 200.000 toneladas menos de alimentos.
España es diferente
Fuera de nuestras fronteras estas cosas también pasan. Pero de otra manera. Aquí las autoridades de competencia parece como si fueran las encargadas de suministrar munición a quienes se oponen a cualquier intento de los productores de reforzar su posición, ya sea mediante acuerdos de precios o prácticas de ordenación de la oferta. Al tiempo es asumida por el Ministerio con bastante conformismo la sentencia del Tribunal superior de justicia de la UE que declara contrario a las normas comunitarias la prohibición general de la venta a pérdidas del ordenamiento español. Y mientras esto sucede en España, en otros países tan cercanos como Francia, no han sido raros los acuerdos interprofesionales de fijación de precios, ni las duras llamadas de atención de su Gobierno a las grandes industrias francesas contra de la insostenibilidad de precios injustos a los productores y la banalización de su producción alimentaria.
Ahora nuestros vecinos, nada sospechosos de ser unos antisistema o unos antieuropeístas, dan un paso más y, en el marco de una Hoja de Ruta que define su política de alimentación para los próximos 4 años (¡qué envidia!), presentan un proyecto de Ley para el equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agrícola y alimentario, que se marca como uno de sus objetivos principales “permitir a los agricultores el pago de precios justos y permitir a todos en la cadena alimentaria vivir dignamente”. En otras palabras: romper grilletes, liberar esclavos. Los argumentos que exhibe la Ley francesa en su preámbulo están tan cargados de razón y las medidas que impulsa son tan valientes, que dejan en evidencia a la Ley española, exageradamente timorata a la hora de definir la posición de dominio y las prácticas abusivas que desde la misma se ejercen por parte de los eslabones más fuertes de la cadena.
Sí puede mejorarse la cadena
Entre las actuaciones que se contemplan en Francia se apunta la obligatoriedad de que la determinación de precio en los contratos tenga en cuenta indicadores de los costes de producción y su evolución; y durante dos años los umbrales de lo que se considera reventa a pérdidas serán más exigentes y se pondrán límites a las prácticas promocionales. Algo impensable en nuestro suelo patrio, donde este tipo de apuestas escandalizan en nombre de la sacrosanta libre competencia. Libre competencia que acaba traduciéndose en que un par de compradores fijen el precio de la patata en el campo de Castilla y León o que unas pocas empresas sometan a los ganaderos de leche al chantaje de bajarle los precios con la amenaza constante de abandonar su recogida. En definitiva, que unos cuantos impongan el precio de la energía y la alimentación a millones de personas. En definitiva, que unos cuantos, invocando la libre competencia, impongan el precio de la energía y la alimentación a millones de personas.
Para cambiar esto hacen falta políticos resueltos a adaptar leyes en favor del ciudadano, no al revés y organizaciones agrarias independientes de verdad y no acunadas en los paternales brazos amorosos de partidos políticos o grandes grupos empresariales.
Una vez más Francia desautoriza a quienes dicen que nada puede hacerse, que el mercado es el mercado y que lo que no puede ser, no puede ser… una vez más Francia es realista y pide lo imposible. Veremos cuál es el recorrido de la Ley francesa. El de la Ley española ya lo hemos visto y desde UCCL y Unión de Uniones venimos pidiendo desde hace tiempo que hay que revisarla. Ya hay quien muestra el camino de cómo. ¿Será nuestro Gobierno capaz de hacerlo?
Jose Manuel de las Heras.
Coordinador Estatal de Unión de Uniones
