El director general de la Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, en relación al pago de la uva al viticultor por parte de la bodega, informó ayer que la reciente nota interpretativa del Ministerio sobre la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria dice que el pago se debe hacer 30 días después de la entrega del último remolque por parte del viticultor. Asimismo, añadió Burgaz que para la uva que sea susceptible de ser calificada por el Consejo Regulador de una DO, el pago de la diferencia –entre lo que vale una uva normal y una uva calificada-, se hará 30 días después de que haya sido calificada.
Este es el dato más importante de la nota interpretativa a la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria se firmó a principios de semana por parte del Ministerio de Agricultura y que ayer resumió Burgaz durante la clausura de las jornadas tituladas ‘Formas de Integración y Cooperación de las Cooperativas Agroalimentarias del Sector del Vino’, que se desarrollaron los dos últimos días en Valladolid.
Según el director general de la Industria Alimentaria, la interpretación se basa en dos principios generales y un caso particular. “El primero de los dos principios generales –dijo- es que la uva se considera un producto perecedero y por tanto el plazo de pago es a 30 días. El segundo principio es que normalmente el viticultor no entrega su uva de una sola vez, si no que suele haber entregas parciales en distintos momentos, por lo que el periodo de cómputo a partir del cual comienzan a contar esos 30 días es con la entrega del último remolque de la explotación de ese viticultor”.
“ El caso particular –prosiguió Fernando Burgaz- es que, para aquellas DO e IGP en las que el Consejo Regulador tenga establecido un sistema de validación de la colecta del viticultor, se establece que en esos casos en el contrato deben estar establecidos dos precios, uno para la uva no calificada por el Consejo y otro precio para la uva calificada por el Consejo”.
El Gobierno está adaptando la Ley de Integración Cooperativa a lo dictado por el Constitucional
Fernando Burgaz también aclaró ayer que, tras el recurso presentado por Cataluña a la Ley de Fomento de Integración Cooperativa de 2013 y tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno está haciendo “pequeños cambios” para adaptarla a la resolución. Según Burgaz son solo cambios de procedimiento de trabajo por los que “el Ministerio va a establecer un Registro, meramente de carácter informativo, donde se recojan aquellas integraciones (cooperativas) que se produzcan” y, añadió el director general, que “va a haber una mayor participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de aprobación del expediente”.
