El planteamiento del Gobierno de Aragón tiene como objetivo principal terminar con la falta de equidad de la PAC actual, tal y como ha trasladado el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, a la directora general adjunta de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, María Ángeles Benítez Salas.
Para Olona “las ayudas de la PAC tienen que ir encaminada a mejorar la renta de los agricultores en función del ejercicio real de la actividad agraria que realicen y de su renta personal agraria declarada en el IRPF”. Para fijar esta nueva forma de compensación se plantea establecer una renta agraria de referencia, de tal manera que los agricultores y ganaderos que no la alcancen vean incrementados sus ingresos mediante ayudas públicas hasta completarla.
La proposición incluye a todos los agricultores y ganaderos independientemente de su orientación productiva y dimensión, y se modula mediante algunos factores correctores: grado de profesionalidad agraria, dimensión económica de la explotación y eficiencia productiva de la misma. “El pago estará condicionado al cumplimiento de buenas prácticas agronómicas que deben definirse y a las que se pueden sumar determinadas exigencias de carácter ambiental o social”, ha añadido el consejero.
La profesionalidad se mide por el porcentaje de ingresos agrarios sobre ingresos totales del beneficiario, de forma que su acceso a las ayudas es proporcional a este (cuanto mayor sea el porcentaje, mayor el derecho a subvención). Se prima de esta manera a quienes más dedicados están a la actividad agraria. Mientras que la eficiencia productiva de la explotación se determina por la relación entre la producción obtenida y el potencial productivo asignado previamente.
Todo esto supone una modificación sustancial del enfoque del primer pilar de la PAC (ayudas directas a los agricultores y ganaderos), mientras que se mantiene la orientación actual del segundo pilar (Desarrollo Rural), del que se reforzaría su papel como impulsor de la mejora de las estructuras agrarias.
De esta forma, la aportación del Gobierno de Aragón va encaminada a eliminar los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva (estratos). Ya que como se ha demostrado en Aragón, el pago por superficie, que también se aplica ahora a las producciones ganaderas, se ha convertido en una amenaza para las zonas de montaña, donde los ganaderos están teniendo serias dificultades para justificar la existencia de una actividad que han mantenido a lo largo del tiempo. O en el caso de la provincia de Teruel que se ve perjudicada por la política de estratos.
