El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 15 de octubre de 2025 el Real Decreto 916/2025, de 14 de octubre, que introduce importantes modificaciones en varios decretos relativos a la Política Agrícola Común (PAC). Entre las novedades más destacadas figura una medida que ha generado gran inquietud en el campo leonés: los beneficiarios de las ayudas directas y de las intervenciones en desarrollo rural deberán acreditar documentalmente el derecho al uso de las parcelas por las que soliciten subvención.
La norma establece que la autoridad competente podrá requerir esta documentación en cualquier momento y que, además, los controles administrativos serán reforzados, lo que incrementa las exigencias de justificación. Hasta ahora, la práctica habitual en buena parte del territorio rural, especialmente en zonas de minifundio, consistía en acuerdos verbales entre propietarios y arrendatarios, sustentados en la confianza personal y en relaciones de vecindad o familiares.
Un cambio que impacta en León: el 70% de la superficie está arrendada
El caso de la provincia de León resulta especialmente representativo. Según datos de ASAJA León, más del 70% de la superficie agraria útil está cultivada bajo régimen de arrendamiento, un porcentaje que alcanza el 100% entre los jóvenes agricultores. Esto significa que prácticamente todo el campo leonés depende de acuerdos de cesión de tierras que, en la mayoría de los casos, no están formalizados por escrito.
El motivo es doble. Por un lado, los propietarios de las parcelas —en muchos casos personas mayores o herederos de antiguos agricultores— se muestran reacios a firmar contratos escritos. Por otro, la Ley de Arrendamientos Rústicos no obliga a formalizar los acuerdos por escrito, lo que deja la relación entre las partes en un terreno ambiguo, pero funcional.
Además, buena parte de los arrendamientos se pagan en efectivo, sin transferencia bancaria ni documentos que dejen constancia del pago. Esta situación, aunque extendida, entra en conflicto con las nuevas exigencias del Real Decreto 916/2025, que impone un mayor control documental sobre la titularidad o el derecho de uso de las parcelas declaradas para percibir ayudas de la PAC.
ASAJA apoya la formalización, pero advierte de la falta de medios
La organización agraria ASAJA León se ha mostrado partidaria de avanzar hacia una formalización de los contratos rústicos por escrito, sujetos a la legislación vigente, pues ello proporcionaría seguridad jurídica a ambas partes y facilitaría la transparencia fiscal. Sin embargo, la asociación advierte que el sector carece de herramientas reales para imponer esa práctica, ya que depende de la voluntad del propietario.
En la mayoría de los casos, los arrendadores y arrendatarios mantienen vínculos familiares, de amistad o de vecindad, lo que hace que el contrato verbal siga siendo la fórmula preferida. Forzar la firma de un documento podría romper relaciones personales y dificultar acuerdos que, hasta ahora, garantizaban la continuidad de las explotaciones.
ASAJA sostiene que solo la Administración del Estado tiene capacidad legal e inspectora para generalizar los contratos por escrito, asegurando una transición ordenada hacia un sistema documental obligatorio. Mientras eso no ocurra, advierte la organización, cualquier intento de aplicar el nuevo decreto de forma inmediata puede derivar en conflictos en el campo y en la pérdida de ayudas legítimas para muchos profesionales agrarios.
Zonas más vulnerables: el minifundismo y los pastos
La falta de transparencia documental es especialmente evidente en las zonas no concentradas de la provincia de León, donde el minifundismo sigue siendo la norma. En estas áreas, caracterizadas por parcelas pequeñas, dispersas y de bajo valor productivo, los acuerdos de cesión se realizan con condiciones muy flexibles y personales.
En los pastos y tierras marginales, la situación es aún más precaria. Las fincas son de dimensiones ínfimas y los propietarios, en muchos casos, no viven en la zona o no tienen interés en regularizar los acuerdos. Los ganaderos, que dependen de esos pastos para completar su base territorial, se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por el dueño, pues de lo contrario pierden el acceso a la tierra y con ello su actividad.
Con el nuevo decreto, los agricultores y ganaderos que no puedan acreditar documentalmente el arrendamiento se enfrentarán a penalizaciones sobre las ayudas de la PAC, lo que podría representar pérdidas económicas significativas.
Riesgo de abandono de fincas y aumento de la conflictividad
Lejos de solucionar el problema, el cambio normativo podría agravar la situación estructural del campo leonés. Si los propietarios se niegan a firmar contratos o a facilitar documentación, muchos agricultores quedarán sin base legal para justificar el uso de las parcelas, lo que impedirá su inclusión en las solicitudes de ayuda.
Esta circunstancia podría derivar en un aumento del abandono de fincas, especialmente en las zonas más marginales y menos rentables, donde ya se acumulan problemas de despoblación, envejecimiento y baja rentabilidad agraria. Además, la medida puede generar tensiones y desconfianza entre arrendadores y arrendatarios, rompiendo el frágil equilibrio sobre el que se sostiene gran parte del sistema productivo rural.
Un problema estructural que requiere una respuesta institucional
ASAJA León considera que el problema de fondo es estructural y no se soluciona con controles administrativos o sanciones. Para la organización, resulta imprescindible que la Administración del Estado y las comunidades autónomas articulen un marco jurídico más claro y operativo, que incentive la formalización de contratos pero sin castigar a quienes han venido cumpliendo sus obligaciones agrarias de buena fe.
Entre las medidas que propone la entidad se incluyen campañas de información y asesoramiento, simplificación de los modelos de contrato, incentivos fiscales para los propietarios que regularicen su situación y la creación de una base de datos agraria accesible y protegida que facilite la comprobación de la titularidad y uso de las parcelas.
El Real Decreto 916/2025, aunque busca reforzar la transparencia y el control del uso de los fondos de la PAC, puede tener consecuencias contraproducentes si no se adapta a la realidad social y productiva del medio rural.
Conclusión: el reto de conjugar legalidad y campañas de información
La exigencia de documentar los arrendamientos rústicos para percibir ayudas de la PAC plantea un reto complejo para el campo leonés y para buena parte del territorio nacional. Si bien la transparencia y la legalidad son objetivos necesarios, la aplicación inmediata de la norma puede dejar fuera del sistema a cientos de agricultores que, pese a trabajar legítimamente la tierra, carecen de contratos formales por causas ajenas a su voluntad.
El desafío consiste en conjugar el cumplimiento normativo con la realidad del medio rural, en la que la tradición, la confianza y las relaciones personales siguen siendo pilares esenciales del sistema agrario. Sin medidas de acompañamiento y flexibilidad administrativa, el Real Decreto 916/2025 corre el riesgo de transformarse en una fuente de conflictos y abandono de tierras, precisamente lo contrario de lo que pretende garantizar: una PAC más justa, transparente y eficiente.
