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Publicado por Celia Miravalles

 

 

 

 

Han publicado un nuevo artículo en la Revista Agricultura del mes de junio de Editorial Agrícola, aquí dejo la trasncripción completa del mismo:

 

 

 

 

¿EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RUSTICO TIENE QUE SER ESCRITO O PUEDE SER VERBAL?

 

Los contratos iniciados al amparo de la ley de Arrendamientos Rústicos de 1980 podían hacerse por escrito o de forma verbal, pero la Administración estableció un contrato tipo que es el que se suele utilizar.

 

Desde 2004, con la ley de Arrendamientos Rústicos de 2003, en su art. 11, se estableció la obligatoriedad de celebrar por escrito los contratos de arrendamiento rústico; es decir deben ser por escrito, basta un documento privado,  pero también puede ser ante notario en escrituras públicas, en este caso los gastos de las escrituras correrán de cuenta de la parte que quiera formalizarlo de esta forma.

Aunque realmente si se celebran de forma verbal son igualmente válidos (el art. 1278 del Código Civil señala que los contratos serán válidos cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado), y  puesto que la ley no establece una “sanción” o consecuencia de invalidez o ineficacia ante su forma verbal. Si bien hay que probar su existencia por otros medios complementarios como los recibos o transferencias bancarias de la renta, las declaraciones de la PAC, los pagos de riego u otros gastos realizados por el rentero donde conste  la identificacion de la finca arrendada

 

Y hay que tener en cuenta que la reforma de 2005 de  la ley de arrendamientos rústicos introdujo una importante novedad: la presunción de existencia de arrendamiento salvo otra prueba. Si no consta por escrito se considera que existe arrendamiento siempre que el arrendatario esté en posesión de las fincas y si no consta  el importe de la renta  esta será equivalente a las de mercado de la zona.

 

Pero en todo caso y por evidentes razones de seguridad jurídica se recomienda siempre plasmar por escrito los arrendamientos para evitar posibles conflictos entre las partes.

 

Celia Miravalles, abogado

 

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